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Pakistán: La suspensión de condenas de muerte por el Tribunal Supremo revela deficiencias del sistema judicial

Activistas paquistaníes muestran pancartas durante una protesta con motivo del Día contra la pena de muerte, el pasado octubre en Islamabad. © AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images.

La decisión del Tribunal Supremo de Pakistán de suspender condenas a muerte impuestas por tribunales militares representa un importante reconocimiento de las serias dudas que se plantean acerca de la legalidad del nuevo sistema de tribunales militares del país, ha manifestado Amnistía Internacional.

El Tribunal Supremo ha suspendido hoy varias condenas de muerte impuestas por tribunales militares, tras haber impugnado el Colegio de Abogados del Tribunal Supremo una reforma constitucional aprobada en enero, que aceleraba la vista de las causas por delitos de terrorismo y las trasladaba de los tribunales civiles a los militares.

Hay más de 8.000 personas condenadas a muerte en Pakistán. Desde que se suprimió la suspensión de las ejecuciones de civiles en diciembre, han sido ejecutadas al menos 76 personas.

“Este fallo del Tribunal Supremo es un paso en la buena dirección, que indica que había algo muy equivocado en el apresuramiento implacable del gobierno por ejecutar a los condenados a muerte, observable desde diciembre del año pasado”, ha explicado David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Hay graves deficiencias en el sistema judicial paquistaní en todos los niveles. Se recurre a menudo a la tortura para obtener ‘confesiones’, y los acusados suelen carecer de acceso a un abogado. El uso de tribunales militares para ver causas de pena de muerte es especialmente preocupante, pues, con el apresuramiento por dictar sentencias condenatorias rápidas en los casos de terrorismo, pueden violarse derechos.”

“No deben utilizarse tribunales militares para juzgar a civiles en ninguna circunstancia. No hay excusa para sacrificar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad nacional.”

No se permitirá a los tribunales militares ver causas por terrorismo, en las que puede imponerse la pena de muerte, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en firme sobre la legalidad de estos tribunales, si bien no se sabe cuándo lo hará. 

“La decision de hoy brinda a las autoridades de Pakistán la oportunidad de cambiar el curso de la pena de muerte –ha añadido David Griffiths–. La suspensión de las condenas de muerte impuestas por tribunales militares no es suficiente. Millares de vidas corren peligro mientras el gobierno no imponga una suspensión de todas las ejecuciones con miras a abolir por completo la pena de muerte.

A fecha de hoy hay 140 países abolicionistas en su legislación o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad o inocencia de la persona y el método de ejecución.