Los trabajadores migrantes, que fueron decapitados en público, habían sido condenados a muerte por el presunto asesinato de un hombre egipcio en abril de 2007. Desde el final del mes santo de Ramadán, las ejecuciones se han reanudado a un ritmo alarmante en Arabia Saudí. “Las actuaciones judiciales en Arabia Saudí distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos, y la noticia de estas últimas ejecuciones resulta verdaderamente inquietante”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Las autoridades saudíes parecen haber incrementado el número de ejecuciones en los últimos meses, lo que hace que el país sea una excepción a la tendencia mundial contra la pena de muerte.” “El gobierno debe declarar la suspensión inmediata de las ejecuciones en todo el reino y conmutar todas las penas de muerte impuestas, con miras a la abolición absoluta de la pena capital”, añadió. Estas decapitaciones han elevado a 58 como mínimo el número de ejecuciones llevadas a cabo este año en Arabia Saudí, que es más del doble de la cifra documentada en 2010. De las personas ejecutadas en 2011, 20 eran extranjeras. Los bangladeshíes ejecutados eran: Mamun Abdul Mannan, Faruq Jamal, Sumon Miah, Mohammed Sumon, Shafiq al Islam, Masud Shamsul Haque, Abu al Hussain Ahmed y Mutir al Rahman. Según los informes recibidos, el hombre egipcio murió durante un enfrentamiento entre unos trabajadores bangladeshíes y un grupo de hombres que al parecer estaban robando cable eléctrico de un complejo residencial en el que trabajaban los primeros. Otros tres ciudadanos de Bangladesh fueron condenados a penas de cárcel y flagelación. El número total de ejecuciones realizadas el viernes se elevó a 10 con las de dos ciudadanos saudíes en la ciudad de Tabuk, en el norte del país. Muchas de las personas ejecutadas en Arabia Saudí en los últimos años eran extranjeras, en su mayoría trabajadores migrantes de países pobres o en desarrollo. Estos acusados no suelen tener abogado defensor ni pueden seguir los procedimientos judiciales en árabe. Además, rara vez se les permite tener representación letrada, y en muchos casos no reciben información sobre el desarrollo de los procedimientos judiciales que se siguen contra ellos. Como muchos de los ciudadanos saudíes a los que ejecutan, tampoco ellos tienen dinero ni acceso a personas influyentes, como una autoridad o el jefe de la tribu, ambas cosas imprescindibles para poder pagar la diyat (dinero de sangre) o conseguir el indulto en un caso de asesinato. En Arabia Saudí se castiga con la muerte una amplia diversidad de delitos. La sentencia condenatoria puede basarse únicamente en confesiones conseguidas bajo presión o engaño. En 2007, las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 158 personas, 76 de ellas extranjeras. En 2008 fueron ejecutadas unas 102 personas, 40 de ellas extranjeras. En 2009 se sabe que fueron ejecutadas al menos 69 personas, 19 de ellas extranjeras, y en 2010, al menos 27, de las cuales 6 eran extranjeras.
