El juicio ante el Tribunal Supremo Federal de cinco activistas de los Emiratos Árabes Unidos acusados de “insultar públicamente” a altos cargos de los Emiratos en un foro de Internet es escandalosamente injusto, y las acusaciones formuladas contra ellos carecen de base en virtud del derecho internacional, pues violan su libertad de expresión, ha declarado hoy la observadora del juicio nombrada por una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos. La coalición, integrada por Alkarama (Dignidad), Amnistía Internacional, la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos , Front Line Defenders, el Centro del Golfo para los Derechos Humanos, Human Rights Watch e Index on Censorship, ha afirmado que la valoración provisional de la abogada defensora de las libertades civiles Jennie Pasquarella suscita inquietantes interrogantes sobre la politización del caso contra los cinco hombres y ha pedido que todos ellos sean puestos en libertad inmediata e incondicionalmente, y que se retiren los cargos. Las organizaciones también han pedido a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos que abran una investigación judicial independiente sobre la decisión de enjuiciar a estos cinco hombres. “Este caso ha estado lleno de defectos legales y procesales desde el mismo principio, lo que ha hecho que sea escandalosamente injusto a favor de la acusación”, declaró Pasquarella, que observó las actuaciones en septiembre y octubre de 2011 y asistió a la vista del 2 de octubre. “Las autoridades de los EAU deben demostrar su compromiso fundamental con las normas jurídicas internacionales poniendo en libertad a estos hombres sin demora e iniciando una revisión independiente de por qué y cómo han sido juzgados por estos cargos tan claramente politizados.” En su valoración, Pasquarella señala que las “violaciones flagrantes del debido proceso” negaron esencialmente a los cinco enjuiciados el derecho a un juicio justo. Los procesados no han podido ver todos los documentos en los que se exponen los cargos que se formulan contra ellos y —pese a las reiteradas peticiones al tribunal— no han tenido pleno acceso a todas las pruebas que hay en su contra. Tampoco se les ha permitido mantener reuniones confidenciales con sus abogados. Las primeras cuatro sesiones del juicio se celebraron en secreto, y sólo pudieron asistir a ellas y tomar notas sobre las actuaciones los agentes de los servicios de Seguridad del Estado. El Tribunal Supremo, dice la valoración de Pasquarella, no ha dado el mismo trato a la acusación y a la defensa, perjudicando a ésta al cortar sus intervenciones e ignorar sus informes, mientras permitía que la acusación hablase sin interrupciones. El 2 de octubre el tribunal oyó los alegatos finales de la acusación a pesar de que la defensa no había expuesto aún sus argumentos y los procesados no habían tenido acceso a todas las pruebas de la acusación que ésta estaba utilizando para sustentar sus argumentos. El tribunal dijo a la defensa que no se le iba a permitir llamar a ninguno de los testigos de la acusación para volver a interrogarlo. El tribunal también permitió que tomaran parte en las actuaciones cuatro abogados particulares que representaban a personas que alegaban ser víctimas de las acciones de los procesados, y dejó que los letrados —que afirmaron tener derecho a presentar demandas civiles por daños contra los enjuiciados por “daños emocionales”— intervinieran en el caso dándoles acceso a documentos judiciales restringidos y permitiéndoles participar en las vistas, incluso haciendo comentarios de apoyo al gobierno y haciendo preguntas al tribunal. Pasquarella dijo que la intervención “estaba claramente concebida para influir indebidamente en el tribunal, distraerle y dificultar la capacidad de la defensa para exponer sus argumentos, así como para favorecer los esfuerzos del gobierno para presentar públicamente a los procesados como enemigos del Estado.” Pasquarella también concluyó que no había base jurídica para la acusación, afirmando que las imprecisas leyes en cuya virtud fueron encausados los cinco hombres incumplían los requisitos internacionales y los de la Constitución de los EAU, que contemplan la libertad de opinión y de expresión. A principios de junio, el Estado acusó formalmente a los cinco hombres en aplicación de los artículos 176 y 178 del Código Penal de los EAU, que tipifica como delito insultar públicamente a los máximos cargos del país, después de que publicasen ciertas afirmaciones en el foro de Internet UAEHewar. Los mensajes supuestamente publicados por los acusados en el sitio prohibido sólo criticaban la política del gobierno o a ciertos dirigentes políticos, afirmaron las siete organizaciones de derechos humanos que han leído los textos. En virtud de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos no pueden prohibir contenidos en medios de comunicación o sitios web “por el mero hecho de que ese material pueda contener críticas al gobierno o al sistema político al que este se adhiere”, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Aunque los EAU no son parte en el Pacto, éste constituye una fuente y una guía autorizadas que reflejan la buena práctica internacional. El artículo 30 de la Constitución de los EAU, por su parte, también garantiza la libertad de opinión, aunque sólo “dentro de los límites de la ley”. Además, la valoración de la observadora critica la decisión de enjuiciar el caso en aplicación de los procedimientos de Seguridad del Estado, que priva a los encausados de ciertos derechos básicos al debido proceso, como el derecho de apelación. Pasquarella afirmó que el gobierno había juzgado a los hombres en aplicación de procedimientos de Seguridad del Estado sólo como una operación de relaciones públicas, “para distorsionar aún más la comprensión de la opinión pública de este caso y crear confusión pública acerca de la conducta real que se juzga en este caso, que no son unas amenazas para la seguridad del Estado, sino unas declaraciones supuestamente insultantes.”
