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Nueva oleada de ataques a periodistas mientras se intensifica la represión

El periodismo es un negocio peligroso en Irán © APGraphicsBank

El acusado aumento del número de detenciones, enjuiciamientos y encarcelamientos de periodistas independientes en Irán pone de manifesto la determinación absoluta de las autoridades de ahogar las esperanzas de mayor libertad que permitió abrigar la elección del presidente Hasán Ruhaní, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

“El modo en que se trata a los periodistas en Irán amenaza todo lo que el periodismo debe defender –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional–. Desde hace unos meses, toda persona considerada detractor de las autoridades corre mayor riesgo de detención y procesamiento, con lo que se está creando un clima de temor donde expresar alguna crítica supone ya acabar en prisión.”

“La intolerancia absoluta de las autoridades para con toda idea y voz que se alejen de las aprobadas por el Estado hace que se corra el riesgo de ir a la cárcel por el mero hecho de informar de una noticia.”

La oleada de represión surgida tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009 ha alcanzado nuevas cotas en los últimos meses. Las autoridades parecen haber ampliado el círculo de represión a fin de sofocar toda aspiración de cambio generada por las promesas de mayor libertad que permitió abrigar la elección del presidente Hasán Ruhaní en 2013.

Se ha hostigado, intimidado, detenido y encarcelado por sus actividades profesionales legítimas a periodistas iraníes y a corresponsales extranjeros. Otros profesionales de los medios de comunicación, como cineastas, se han enfrentado también a prohibiciones judiciales que les impiden hacer su trabajo.

Muchas de las personas detenidas están acusadas en virtud de disposiciones del Código Penal Islámico que tipifican de manera muy general “delitos” como “difundir mentiras”, “hacer propaganda contra el sistema” y “generar inquietud en la opinión pública”, con lo que, en la práctica, se criminalizan una amplia variedad de actividades pacíficas. Las autoridades se valen también de amenazas, como un prolongado enjuiciamiento, la cárcel por una condena sin cumplir o la negación de un permiso carcelario por motivos médicos, para disuadir a los periodistas de criticarlas.

“Estas disposiciones jurídicas tan generales se utilizan de hecho como herramienta con que impedir a los profesionales de los medios de comunicación ofrecer al mundo noticias independientes sobre la situación sociopolítica en Irán”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.

“El poder judicial de Irán está jugando con la ley y valiéndose de juicios interminables y condenas de prisión sin cumplir para coaccionar a los periodistas independientes a fin de que se autocensuren.”

Jason Rezaian, corresponsal del Washington Post en Irán, de doble nacionalidad iraní y estadounidense y su esposa, Yeganeh Salehi, trabajadora del periódico National de Emiratos Árabes Unidos, fueron detenidos el 22 de julio de 2014 en Teherán. Tres días más tarde, Gholamhossein Esma’ili, presidente de la magistratura de Teherán, confirmó la detenciones, señalando que no se iba a proporcionar más información hasta que terminarán las “investigaciones técnicas e interrogatorios”.

Se ignora todavía el paradero de la pareja de periodistas.

Otro caso es el Saba Azarpeik, periodista que trabaja para varias publicaciones reformistas de Teherán, detenida el 28 de mayo de 2014 y recluida aún en algún lugar desconocido. Compareció ante la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán el 21 y el 22 de julio por cargos de “hacer propaganda contra el sistema” y “difundir mentiras”, relacionados con una detención anterior, de enero de 2013.

El periodista y miembro del partido político Frente de Participación Hossein Nourani Nejada se enfrenta a seis años de prisión por haber sido declarado culpable por un tribunal revolucionario de Teherán de los cargos de “propaganda contra el sistema” y “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” en junio de 2014. Había sido detenido el 21 de abril de 2014 y recluido en régimen de aislamiento en la prisión de  Evin de Teherán.

Cuando fue detenido llevaba dos meses en Irán. Había regresado de Australia, donde preparaba su doctorado universitario, para ver a su hijo recién nacido por primera vez. Ya había sido detenido anteriormente, en 2009.
Otro periodista, Serajeddin Mirdamadi, fue condenado también a seis años de prisión el 27 de julio por los cargos de “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”.

Mahnaz Mohammadi, cineasta documental y activista de los derechos de las mujeres; Reyhaneh Tabatabaei, periodista y ex colaboradora de los periódicos Shargh y Bahar; Marzieh Rasouli, redactora de varios periódicos reformistas, y Sajedeh Arabsorkhi, periodista, figuran también entre los profesionales de los medios de comunicación a los que se ha citado en los últimos meses para que comiencen a cumplir condenas de prisión que les han sido impuestas por imprecisos cargos contra la seguridad nacional.

El periodismo independiente no es delito. Las autoridades iraníes deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas y encarceladas en los últimos meses únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho legítimo a la libertad de expresión, de asociación y de reunión”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.