Madrid.- Durante los días 29 y 30 de noviembre 1.800 ciudades en todo el mundo, desde Montreal a Berlín, pasando por Ginebra, Lisboa, Riga, París, Roma o Manila iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la pena de muerte. En España, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Málaga o Santa Cruz de La Palma se suman a esta iniciativa, además de Madrid.
En Madrid, mañana sábado 29 de noviembre a las 18:30h se iluminará la fachada del Teatro Español en la Plaza de Santa Ana, con lectura de un Manifiesto a cargo de la actriz Asunción Balaguer. Además, participará en el acto Bill Babbitt, reconocido activista contra la pena de muerte y hermano de Manny Babbitt, ejecutado en Estados Unidos en 1999. Portavoces de Amnistía Internacional y la Comunidad Sant'Egidio atenderán a los medios de comunicación que cubran el acto.
La Jornada Mundial Ciudades por la vida es una iniciativa internacional emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional, junto con alrededor de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo. El 30 de noviembre se conmemora el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que llevó a cabo el Gran Ducado de Toscana en 1786. La Jornada Mundial se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo. Cerca de 80 ciudades participaron en la primera edición del año 2002. Un número que ha ido creciendo en la última década hasta las 1.800 que participan este año en este evento, por medio de actividades culturales, espectáculos y proyecciones, así como otras acciones de sensibilización.
La pena de muerte en el mundo Actualmente son 95 los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 137 la han abolido en la ley o en la práctica. En este sentido, un total de 114 de los 193 Estados miembros de naciones Unidas votaron el pasado 21 de noviembre en favor de una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer una moratoria de las ejecuciones, tres más que desde la última vez que se votó una votación similar, en 2012.
A pesar de esta tendencia abolicionista, siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año, al menos 778 en el año 2013, en 22 países. Todo ello sin contar con China que ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, ya que se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado.
Las ejecuciones en 2013 aumentaron en casi 100 personas, un 15% con respecto a 2012, por culpa de un reducido grupo de países, entre los que destacan Irán e Irak. Asimismo, países como Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam reanudaron el uso de la pena de muerte. En términos generales, a finales de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a muerte en todo el mundo.
Durante 2014, Irak e Irán han registrado datos poco optimistas. En Irak, en 4 días del mes de enero, se llevaron a cabo 38 ahorcamientos, ejecuciones que se produjeron menos de una semana después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiera a las autoridades iraquíes durante una visita al país, una suspensión de las ejecuciones.
Mientras, en Irán, en el mismo periodo, se llevaron a cabo 40 ejecuciones, 33 de ellas en una sola semana. La mayoría de las personas ejecutadas en Irán habían sido condenadas por presuntos delitos de drogas, motivos idénticos a los esgrimidos por Arabia Saudí, que también ha incrementado su número de ejecuciones en lo que va de 2014.
Por otra parte, en marzo, en Egipto fueron condenadas a muerte más de 500 personas en una sola sentencia, por su presunto papel en los actos violentos que siguieron al derrocamiento del expresidente Mohamed Morsi. Este es el mayor número de condenas a muerte simultáneas que se ha visto en los últimos años, no sólo en Egipto sino en cualquier país del mundo.
En Estados Unidos, otro de los países que anualmente figura en las estadísticas de pena de muerte, han sido ejecutadas 32 personas en lo que va de año 2014. Entre los estados que más ejecuciones han llevado a cabo, destacan Texas (10), Florida (8) o Missouri (9). En este último, el pasado 19 de noviembre fue ejecutado Leon Vincent Taylor, colocando a este estado en la cifra más alta de ejecuciones llevadas a cabo desde 1999. Por su parte, Texas, el gran verdugo norteamericano -Texas ha sido responsable 518 de las 1.391 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en virtud de los estatutos revisados de pena capital en 1977-, pretende ejecutar el próximo 3 de diciembre a Scott Panetti, de 56 años. Panetti sufre una grave enfermedad mental que no sólo precedió y contribuyó al doble asesinato de 1992 por el que fue condenado a muerte, sino que además afectó a la celebración de su juicio y persiste hasta el día de hoy. Las leyes estadounidenses prohíben la ejecución de personas declaradas “incapaces mentalmente”.
Bielorrusia, único país europeo que mantiene la pena de muerte, ha reanudado las ejecuciones en 2014. Hasta la fecha, son tres las personas ejecutadas, la última de ellas, Alyaksandr Haryunou. Esta ejecución ha tenido lugar durante el mes de noviembre, pese a que la familia no ha sido informada. En Bielorrusia las ejecuciones se llevan a cabo en secreto, por lo que no hay confirmación oficial de las autoridades.
Por otra parte, Pablo Ibar es el único español condenado a muerte en el mundo. De doble nacionalidad, estadounidense y española, Pablo Ibar fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos y desde entonces está en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en el estado de Florida. El pasado mes de abril, la defensa de Pablo Ibar solicitó formalmente la repetición del juicio ante el Tribunal Supremo de Florida. La decisión podría tardar un año. Mientras tanto, él sigue defendiendo su inocencia.
La lucha contra la pena de muerte y Ciudades por la Vida La Comunidad de Sant'Egidio y Amnistía Internacional y se oponen a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción y con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito. Ambas organizaciones consideran que la verdadera solución pasa por abordar de una manera efectiva los problemas del sistema de justicia penal, una actuación policial efectiva, la celebración de juicios justos, mejoras en educación y el pleno respeto a los derechos humanos, son la clave para reducir los índices de delincuencia.
