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A Coruña acoge la XXXIX Asamblea General Federal de la organización

No son sólo recortes, también pueden ser violaciones de derechos humanos

Activistas de Amnistía Internacional se manifiestan por los derechos de las mujeres en Egipto. Copy: AI

Marcha contra la violencia que sufren las mujeres en Egipto el sábado 27 de abril a las 20:30h desde el Obelisco a la Plaza María Pita

A Coruña.- Cerca de 300 activistas, de entre los más de 67.000 socios y socias que pertenecen a la Sección española de Amnistía Internacional (AI), se reúnen en A Coruña los días 27 y 28 de abril para celebrar la XXXIX Asamblea General Federal de la organización. Durante dos jornadas, abordarán la situación de los derechos humanos en España y en el mundo y fijarán las prioridades de la actuación para el próximo año, además de revisar las cuentas y analizar el trabajo realizado en 2012.

Además, el sábado 27 de abril a las 20:30h se realizará un acto reivindicativo con una performance a cargo del grupo Manicómicos y un posterior pasacalles desde el Obelisco a la Plaza María Pita, para denunciar los ataques y la violencia sexual a la que hacen frente miles de mujeres en El Cairo, bajo el lema '¡Stop violencia sexual contra las manifestantes en Egipto!'. Al término del acto, se leerá un manifiesto.

La crisis económica y la manera en que los gobiernos la abordan constituye un peligro para los derechos humanos de las personas en muchos países. “Debemos salir de la crisis con dignidad. Con la excusa de las medidas de austeridad, no se pueden violar derechos humanos como el derecho de acceso a la salud, a una vivienda adecuada o a protestar pacíficamente. No estamos hablando sólo de recortes, sino que en algunos casos puede tratarse de violaciones de derechos humanos. Parte de nuestro trabajo es en hacer seguimiento de esta situación”, asegura Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional en España.

Contexto hostil para los derechos humanos
El contexto de crisis económica es la excusa que muchos gobiernos están esgrimiendo para violar de facto derechos humanos. En el plano internacional, la organización dará prioridad al seguimiento de la crisis y transición en el Norte de África y Oriente Próximo, con especial atención al trabajo que realizan activistas, defensores de derechos humanos y otras personas que han protagonizado la denominada “primavera árabe”. A un lado, están miles de manifestantes que a pesar de la represión, siguen clamando por sus derechos y reformas. A otro, están las autoridades que deben elegir entre liderar procesos de transición o seguir gobernando con mano de hierro y nulo respeto a los derechos humanos.

En Grecia, la escalada de racismo y xenofobia es preocupante, con una población inmigrante sufriendo discriminación y abusos en el acceso a educación, salud y servicios básicos; y con un discurso político que les criminaliza. Una situación de violación de derechos humanos que se extiende por Europa y también afecta a las comunidades gitanas de Rumanía, Italia y Francia, en forma de desalojos forzosos de sus viviendas incumpliendo la normativa internacional.

Las autoridades deben adoptar medidas urgentes que pongan freno a la indefensión que sufren cientos de miles de personas. Deben paralizarse los desalojos forzosos hasta que las personas afectadas no cuenten con recursos judiciales efectivos que les permitan defender sus derechos. Según los estándares internacionales, ninguna persona puede quedar sin hogar como consecuencia de un desalojo. Además, es fundamental que se reconozca el derecho a una vivienda adecuada, como lo que es, un derecho humano.

Frente a las medidas de austeridad impulsadas por los gobiernos europeos, miles de manifestantes han salido a la calle en España, Grecia y Rumanía, por ejemplo, y algunos de ellos han sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza. Estos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad permanecen ocultos, en muchos casos, bajo un manto de impunidad.

En el caso concreto de España, además, es preocupante que activistas del derecho a la vivienda, como son los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH-, estén siendo estigmatizados por declaraciones genéricas de autoridades que buscan deslegitimar sus reivindicaciones.

En el caso de la inmigración, se cumple un año de la adopción Real Decreto Ley que limita el acceso a personas inmigrantes en situación administrativa irregular a su derecho de acceso a la salud.

En relación a otros asuntos de política interior, el presidente de Amnistía Internacional ha recordado que el Gobierno no puede dejar de lado otras asignaturas pendientes, como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad, o la eliminación o limitación del régimen de incomunicación, en línea con las peticiones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

La organización también trabaja en colaboración con la Coalición Pro Acceso para conseguir una verdadera ley de transparencia en España que ponga fin al clima de opacidad existente sobre mucha información que debería ser de acceso público.

Por último, la organización también dedicará esfuerzos a seguir combatiendo la violencia de género en España, con especial dedicación a las mujeres que denuncian y que se encuentran con numerosos obstáculos en su acceso a protección y justicia. En cuanto a las víctimas de crímenes internacionales cometidos durante el franquismo y la guerra civil se ha producido la paradoja de que deben buscar fuera de España, en los tribunales argentinos algunas, la justicia que no encuentran dentro.

Logros en el plano internacional
La Asamblea General Federal, además de evaluar los retos de la organización, también celebra los avances en el campo de los derechos humanos a los que ha contribuido de diferentes maneras el trabajo de las personas que forman parte de Sección española, tanto en el plano nacional como internacional.

Entre ellos, los más relevantes son:
La reciente aprobación en Naciones Unidas de un Tratado Internacional que regulará el comercio de armas. La organización venía haciendo campaña por este asunto durante más de 20 años y el 2 de abril una mayoría de 155 países decidió aprobarlo. Una vez que se ratifique y entre en vigor supondrá un importante paso para prohibir a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.  El Tratado sobre el Comercio de Armas ha contado con un gran apoyo de la sociedad española.

A tenor de los últimos avances, con 140 países abolicionistas en la ley o en la práctica de la pena capital habrá un nuevo impulso para lograr un mundo libre de la pena de muerte.

También se han producido logros en casos individuales. Activistas de la sección española han contribuido con su trabajo a la liberación o mejoras en la seguridad de personas injustamente encarceladas o perseguidas en Libia, Bahréin, Turquía, Cuba, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Myanmar, Egipto o China.

Además, cada vez son más los perpetradores de violaciones de derechos humanos que rinden cuentas ante la justicia. Ocurrió en el caso de algunos de los militares responsables por los asesinatos de jóvenes inocentes en Soacha, Colombia, en lo que se conoce como “falsos positivos”. Por otra parte, en Guatemala, un tribunal espera enjuiciar al expresidente Ríos Montt por genocidio y en África subsahariana se han dictado diversas sentencias que acusan a multinacionales como Trafigura o Shell por abusos cometidos contra comunidades locales en Costa de Marfil y Nigeria, respectivamente.

Logros en España
Activistas de Amnistía Internacional también han conseguido avances en derechos humanos en España.

En 2013, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó suspender el desalojo en Cañada Real -barrio marginal de Madrid- de una familia hasta que las autoridades no garantizasen un alojamiento adecuado, lo que significa una pequeña victoria en la lucha por la protección del derecho a la vivienda adecuada.

En abril de 2012 el Gobierno anunció que dejarían de realizarse controles de identidad con sesgo racial y redadas masivas, aunque esta orden no se ha cumplido en su totalidad.

Amnistía Internacional cuenta en España con más de 2.000 activistas repartidos en casi 100 grupos locales y universitarios. También hay más de 300 escuelas por los derechos humanos que colaboran con las campañas de la organización. La Red de Acciones Urgentes, con más de 90.000 miembros se activa cuando alguien, en cualquier lugar del mundo, se encuentra en una situación de riesgo extremo de ser torturada, ejecutada, etc.

Asimismo hay una gran relevancia en la movilización a través de redes sociales e Internet, con más de 173.000 seguidores y más de un millón y medio de firmas recogidas en el último año a través del centro de activismo online www.actuaconamnistia.org