Amnistía Internacional encuentra inaceptable que el grupo parlamentario popular, a través de una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pretenda modificar la Ley de Extranjería e introducir un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. La organización lleva años denunciando la persistencia de expulsiones sumarias por parte de las autoridades españolas. Este tipo de expulsiones están prohibidas por el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son contrarias a la Convención de Ginera del Estatuto de Refugiados y a la actual ley de Extranjería, al privar a las personas migrantes y refugiadas de un proceso con garantías y de la posibilidad de pedir protección internacional. Por ello, Amnistía Internacional pone en marcha en redes sociales, la campaña #PortazoAlGobierno, donde la organización pide que se graben y difundan portazos simbólicos contra las devoluciones sin garantías de personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla. Las expulsiones sumarias, además de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países. Con estas devoluciones, el Gobierno español puede exponerlas a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso puede poner en peligro su vida tanto en los países de origen como en los de tránsito, como es el caso de Marruecos. Material audiovisual reciente de algunas organizaciones que trabajan en la zona ha mostrado agresiones y malos tratos a personas migrantes y refugiadas en el país magrebí. Amnistia Internacional reitera que no se pueden crear limbos jurídicos en los que no se aplique la legislación internacional. "El hecho de que en la enmienda presentada se intente que Ceuta y Melilla, por ser las únicas fronteras terrestres que España tiene con el continente africano, cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico español, sin garantías, es inaceptable", señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España. "Queremos recordar a las autoridades españolas que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria, y también tendrá que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria", manifestó Virginia Álvarez. La Comisión Europea se dirigió al Gobierno español hace escasos días, recordándole que "las medidas de vigilancia de fronteras deben ser proporcionadas y sin recurrir a la fuerza. Además, la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo". También el Consejo de Europa se pronunciaba recientemente sobre expulsiones masivas y malos tratos por parte de miembros de la Guardia Civil a inmigrantes en Melilla. Este organismo recordaba a España su obligación de respetar el derecho de asilo de cualquier persona que intente entrar en territorio español, así como la necesidad de investigar los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y de llevar a los responsables ante la justicia. España, con esta nueva enmienda, vuelve a hacer oídos sordos a las recomendaciones de los organismos europeos.
