Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

No más flagelación de mujeres

Londres.- Amnistía Internacional ha denunciado hoy que denuncia la práctica constante de la flagelación, que afecta especialmente a las mujeres, en Sudán.

 

Las mujeres sudanesas corren diariamente peligro de ser detenidas arbitrariamente en lugares tanto públicos como privados por “conducta o vestimenta indecentes o inmorales”. Los agentes de la Policía de Orden Público tienen poder para decidir qué es decente y qué no lo es. En la mayoría de los casos, las mujeres son detenidas por llevar pantalones o faldas hasta la rodilla.

 

Esa conducta puede castigarse con hasta 40 azotes, según el Código Penal sudanés de 1991. Los jueces han llegado a exceder ese límite legal en algunos casos y han castigado a mujeres y niñas con hasta 50 azotes. Estos castigos constituyen trato cruel, inhumano y degradante y afectan a mujeres y a niñas menores de 18 años.

 

En julio de 2009, Lubna Hussein rompió el silencio en torno a estas leyes. Lubna, periodista sudanesa que trabaja para la ONU, fue detenida junto con otras 12 mujeres por llevar pantalones. Ella optó por impugnar su detención ante los tribunales y lanzar una campaña pública para pedir la derogación del artículo 152 del Código Penal de 1991.

 

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que derogue el artículo 152, ya que su formulación es vaga y discriminatoria y constituye una violación de la libertad de expresión. Amnistía Internacional pide asimismo al gobierno sudanés que ponga fin al uso de la flagelación como castigo y que otorgue reparación a las víctimas de este trato cruel, inhumano y degradante.

 

Información complementaria
El artículo 152 no es la única legislación que discrimina a las mujeres en Sudán. Este artículo forma parte de un régimen de orden público que limita activamente los derechos humanos de mujeres y niñas. El régimen de orden público incluye la Ley de Orden Público, secciones del Código Penal de 1991, y la policía y los tribunales de orden público.