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No deben reanudarse las ejecuciones mediante pelotón de fusilamiento

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Según informan hoy los medios de comunicación nacionales de Vietnam, el gobierno ha pedido a la Asamblea Nacional que autorice el uso de la ejecución por pelotón de fusilamiento hasta 2015.

Debido a la prohibición que ha impuesto la Unión Europea a las exportaciones de productos químicos necesarios para aplicar la ejecución por inyección letal, Vietnam tiene dificultades para encontrar sustancias que le permitan llevar a cabo ejecuciones.

Isabelle Arradon, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha dicho lo siguiente:

“Resulta de lo más decepcionante que Vietnam siga buscando maneras de matar, ya sea empleando sustancias producidas en el país o volviendo a usar un método de ejecución que el propio gobierno ha rechazado por inhumano.

“Las autoridades vietnamitas deberían considerar la actual escasez de sustancias letales como una oportunidad de demostrar al mundo su compromiso con el trato humano a los presos y su rechazo de la pena de muerte.

La pena de muerte no tiene efecto disuasorio frente a la delincuencia. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y constituye claramente una violación de un derecho fundamental: el derecho a la vida.

“Vietnam debería promover el debate sobre la pena capital con vistas a su abolición absoluta, en consonancia con las medidas adoptadas por algunos Estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en los últimos años.”

La tendencia mundial es alejarse progresivamente del uso de la pena de muerte, y la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo reconocen que no tiene efecto disuasorio. Ya son 97 países los que han abolido completamente la pena de muerte de la legislación, mientras que un total de 140 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Sólo 21 países llevaron a cabo ejecuciones en 2012, frente a los 28 de hace un decenio.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, con independencia del delito por el que se impone y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

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