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Nigeria: La victoria de la gente de un barrio marginal sobre el gobierno, triunfo frente a la impunidad

El 12 de octubre de 2009, las fuerzas de seguridad armadas abrieron fuego contra los manifestantes desarmados en Bundu Ama, un asentamiento informal de Port Harcourt. © George Osodi/AI

La decisión judicial dictada hoy contra las fuerzas de seguridad nigerianas que abrieron fuego indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos en Bundu Ama hace casi cinco años es una victoria frente a la impunidad y un triunfo para la justicia, han declarado Amnistía Internacional y Collaborative Media Advocacy Platform (CMAP).

“Esta extraordinaria victoria pone fin a una larga batalla por la justicia de los miembros de la comunidad de Bundu Ama que fueron víctimas de homicidios ilegítimos y heridos a manos de las fuerzas de seguridad nigerianas”, afirmó Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Dice a los gobiernos con claridad que no pueden violar impunemente los derechos de las personas. También demuestra que con valentía y compromiso, las comunidades —no importa lo marginadas que estén— pueden defender con éxito sus derechos. Esta sentencia es un testimonio del coraje de una comunidad que se negó a permitir que se violaran sus derechos con impunidad”.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) resolvió que los disparos no estaban justificados. También sostuvo que el gobierno nigeriano había incumplido su obligación de proteger y respetar el derecho a la asociación y reunión pacíficas.

El Tribunal concedió un total de 11 millones de nairas nigerianos (casi 70.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por daños.

El 12 de octubre de 2009, las fuerzas de seguridad armadas abrieron fuego contra los manifestantes desarmados en Bundu Ama, un asentamiento informal de Port Harcourt, y causaron la muerte de al menos una persona e hirieron de gravedad a 12. El número total de muertos sigue sin conocerse porque el gobierno no sólo se negó a realizar una investigación sobre el incidente, sino que negó que se hubiera producido.

Diez residentes de los muelles de Bundu y de las comunidades de alrededor y el Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP) demandaron al gobierno federal y al del estado de Rivers.

“Hemos recorrido un largo camino y logrado mucho”
, dijo Joy Williams, una de los demandantes, que tenía 17 años cuando le dispararon en la pierna durante el incidente.

“Nuestra comunidad se negó a rendirse y convertirse en víctimas: actuó y ahora hemos vencido al gobierno en los tribunales”, dijo.

“Esta es una victoria importante en nuestra campaña por la justicia, pero no es el final de nuestra lucha. Ahora debe aplicarse en su totalidad la sentencia judicial”, afirmó por su parte Fubara Samuel, de CMAP.

Amnistía Internacional y CMAP piden al gobierno nigeriano que aplique total y efectivamente la sentencia de un modo exhaustivo y puntual, y no ignore la resolución, como ha hecho una y otra vez en otros casos. En diciembre de 2012, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO declaró que el gobierno nigeriano era responsable de la contaminación causada por las compañías petroleras y resolvió que debía exigir cuentas a las compañías y a otros perpetradores. No se ha adoptado aún ninguna medida al respecto.