Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Naciones Unidas, una vez más, recuerda a España que tiene que cumplir con las recomendaciones internacionales

Naciones Unidas estima que el 70 por ciento de las mujeres ha tenido alguna experiencia violenta en su vida. (AP Photo/Andres Kudacki)

La CEDAW pide a España que repare a Ángela González y tome medidas eficaces en la lucha contra la violencia de género

Dos días después del Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (a partir de ahora, CEDAW por sus siglas en inglés), pide a España que tome en serio y cumpla las recomendaciones internacionales de los Comités, en especial aquellas relacionadas con víctimas individuales.

La CEDAW lamenta la falta de medidas por parte del Estado español para implementar las recomendaciones sobre la condena a España el pasado mes de julio de 2014 sobre el caso de Ángela González Carreño. La CEDAW expresa su preocupación por la falta de entendimiento por parte de España de su obligación de hacer seguimiento a las recomendaciones de este Comité integrándolas dentro del marco legal del Estado español. El pronunciamiento de la CEDAW coincide con la negación por parte del Estado español a reconocer ningún valor vinculante a las recomendaciones de este organismo en el caso de Ángela González Carreño.

Esta negativa pone de relieve la falta de reparación por parte del Estado español a muchas víctimas de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ya había expresado su preocupación ante la negativa del Estado español a emprender medidas de reparación por las violaciones de derechos humanos sufridas por Ángela González, que acabaron con el asesinato de su hija. La CEDAW, en sus obsevaciones, ha lamentado la falta de voluntad del Estado español de cumplir con la debida diligencia en este caso.

Tal y como ha señalado el Comité, la justicia española desoyó las peticiones de protección de Ángela, víctima de violencia de género, pero también de su hija, autorizando visitas no vigiladas de la menor con su progenitor hasta que acabó asesinándola.

“Las autoridades podrán escudarse en todo tipo de subterfugios procedimentales de derecho interno para negar reparación a Ángela, pero existe un consenso internacional de que con independencia de cómo se haya producido la violación de los derechos, hay una obligación de reparar por los daños producidos por actos u omisiones atribuibles al Estado. Y aquí no cabe duda de que nos hallamos ante uno de estos supuestos, tal y como ha considerado el Comité”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional en su informe presentado ante la CEDAW señaló que el derecho a la reparación  a las mujeres víctimas de violencia cometida por particulares o agentes estatales no está garantizado ni en la Ley Integral, ni en ninguna otra norma posterior.

Otros temas de preocupación
Amnistía Internacional quiere hacerse eco de otros temas de preocupación destacados por la CEDAW en las observaciones finales sobre España publicadas el 27 de julio de 2015, entre otros.

Violencia contra las mujeres
Aunque Amnistía Internacional reconoció que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un avance, lamenta que la ley se limite a la violencia cometida en el ámbito de la pareja o ex pareja, desatendiendo otros tipos de violencia como puede ser la violencia sexual.

Sin negar la importancia de la creación de los Juzgados Especializados de Violencia contra la Mujer, la organización lleva años denunciando la persistencia de obstáculos a la protección y a la justicia de las mujeres víctimas de violencia habitual, psicológica o sexual; lo que provoca tasas muy elevadas de sobreseimiento y archivo de casos de violencia, y el aumento de sentencias absolutorias. Además del hecho de que persistan prejuicios discriminatorios contra las mujeres en el sistema judicial. El Comité ha pedido a España que proporcione formación obligatoria tanto a jueces, fiscales, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto sobre las obligaciones que emanan de la Convención sobre  la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y de su Protocolo Opcional; así como formación con perspectiva de género para aplicar en todo el proceso en el que se trabaje con mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Algo que para la CEDAW y para Amnistía Internacional reforzaría a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y de violencia sexual para denunciar sin sufrir discriminación y estigmatización.

Amnistía Internacional llevó ante el Comité el caso de Olga, (nombre ficticio), denunciado previamente por la organización Aspacia. Olga fue asaltada en marzo de 2013 por dos hombres a punta de pistola que la agredieron sexualmente e introdujeron numerosos objetos en su vagina. Desde el primer momento, Olga se sintió maltratada por los agentes de la Guardia Civil que permanecieron sin solicitar permiso en la sala de curas del hospital donde fue trasladada durante la exploración médica. Aunque legalmente las personas extranjeras en situación irregular tienen acceso a la atención en Urgencias, las tres atenciones médicas realizadas por el Servicio de Urgencias al que acudió fueron facturadas y el 4 de abril de 2013 Olga recibió una carta del Hospital cifrando el gasto en 893,83 euros. A pesar de ser víctima de violencia sexual, Olga nunca fue citada para declarar por el tribunal que abrió la investigación y las diligencias fueron archivadas. Pocos días después la Guardia Civil la detuvo acusándola de haber "simulado" la agresión sexual como medio para conseguir la regularización. Su expulsión del país fue finalmente suspendida gracias a la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo. La imputación penal por simulación de delito siguió vigente hasta el 11 de abril de 2014, fecha en que fue archivada.

Amnistía Internacional ha insistido en recordar la discriminación contra las mujeres inmigrantes, que siguen corriendo riesgo de expulsión, al denunciar la violencia sexual ante la policía, ya que la Ley de Extranjería no protege a estas víctimas. A lo que hay que unir, el colectivo de mujeres inmigrantes en situación irregular que están sufriendo los efectos del Real Decreto Ley 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que está sirviendo como barrera para la identificación de posibles víctimas de violencia de género y de trata.

Por último, la CEDAW lamenta el anuncio sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento parental o de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o mujeres con discapacidad. Un requisito que tanto para Amnistía Internacional como para otros organismos internaciones podría tener un impacto desproporcionado en mujeres en situación de vulnerabilidad que podrían verse obligadas a un embarazo no deseado o a practicar un aborto inseguro.  

Amnistía Internacional pide a España que aplique las recomendaciones de reparación de la CEDAW sobre el caso de Ángela González Carreño y también tome medidas eficaces para abordar la violencia de género y la violencia sexual, mediante la formación de los profesionales, la no estigmatización de las víctimas y la no discriminación de las mujeres inmigrantes con independencia de su situación administrativa.

Cómo puedes ayudar