Amnistía Internacional ha reunido nuevas pruebas de que la junta militar de Myanmar sigue cometiendo atrocidades contra minorías étnicas en el norte del país, donde la población civil sufre las peores consecuencias de las ofensivas contra múltiples grupos armados. Los conflictos no dan señales de remitir, lo que aumenta las perspectivas de que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos.
En su nuevo informe, “Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State, Amnistía Internacional describe con detalle las terribles condiciones de civiles detenidos arbitrariamente y sometidos a reclusión y tortura por los militares. Asimismo pone de relieve las tácticas abusivas empleadas por los grupos armados de minorías étnicas en sus enfrentamientos con el ejército, y entre ellos mismos para ejercer el control en la región.
“El ejército de Myanmar se está mostrando más implacable y despiadado que nunca, cometiendo crímenes de guerra contra civiles en Shan del Norte con absoluta impunidad”, ha dicho Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sudeste Asiático. “Al no existir rendición de cuentas de ninguna clase, los soldados y, sobre todo, los jefes militares, están sometiendo a civiles a la brutalidad característica del ejército.
Los civiles que hablaron con Amnistía Internacional implicaron reiteradamente a la 99ª División de Infantería Ligera del ejército en muchas de las violaciones de derechos humanos. Unidades de esta División han participado en algunas de las peores atrocidades contra los rohingyas cometidas en el estado de Rajine desde agosto de 2017, así como en crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas en el norte de Myanmar en 2016 y principios de 2017.
“En los lugares donde ha sido desplegada la 99ª División de Infantería Ligera vemos los mismos patrones de abuso y la comisión de crímenes atroces. Esto resalta la urgencia de medidas internacionales para obligar a rendir cuentas al ejército de Myanmar, y en particular a sus generales de alto rango.”
Después del alto el fuego unilateral anunciado en diciembre de 2018 por la junta militar, que ya no está en vigor, se siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos. La reciente escalada de los combates en la región, que el gobierno ha asociado con el tráfico ilegal de drogas pero los grupos étnicos atribuyen a las ofensivas militares en curso, ha dado lugar a nuevos informes de violaciones de derechos humanos. Mientras, el proceso de paz en el país continúa estancado y parece improbable que avance mientras todas las partes se preparan para las elecciones generales en 2020.
Patrones conocidos de violaciones cometidas por el ejército
Soldados myanmaros cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos el año pasado, sobre todo en los municipios más al norte del estado de Shan, y siguieron haciéndolo incluso después del alto el fuego unilateral en la zona declarado por la junta militar el 21 de diciembre de 2018.
Soldados han detenido a civiles —varones en su inmensa mayoría—, y a menudo los han torturado o sometido a otros malos tratos. A la mayoría los acusaron de tener vínculos con grupos armados concretos sólo por su origen étnico, un reflejo del clima de sospecha, discriminación y castigo arbitrario que sufren las comunidades de las minorías étnicas kachin, shan y ta’ang, entre otras, a manos del ejército myanmaro. Además, los militares han disparado indiscriminadamente en zonas civiles, matando e hiriendo a civiles y causando destrozos en viviendas y otras propiedades.
El 11 de marzo de 2019, soldados de la 99ª División de Infantería Ligera detuvieron y torturaron a dos residentes de etnia kachin del municipio de Kutkai. Mientras los hombres estaban afuera pescando, estalló un enfrentamiento armado entre los militares y el Ejército Independentista Kachin (KIA). Uno de los hombres, de 35 años, recordaba así lo sucedido cuando se encontraron con el grupo de soldados:
“[Un soldado preguntó:] '¿Sois del KIA?' Yo dije que no, y empezaron a darme puñetazos y patadas. Me obligaron a quitarme la ropa [y] me pusieron un cuchillo en el cuello [...] Después me obligaron a ponerme en cuclillas con los dedos sobre las rodillas [...] Me dijeron que si me movía me cortarían los dedos [...] Me metieron una granada en la boca [...] temí que explotara si me movía.”
En algunos casos llevaron a las personas detenidas a bases militares, donde permanecieron recluidas en régimen de incomunicación, algunas hasta tres meses, y fueron privadas de acceso a familiares y abogados. En un caso documentado por Amnistía Internacional, un hombre de 18 años y un muchacho de 14 recluidos en una base militar de la localidad de Kutkai fueron obligados a realizar trabajos forzosos, como cavar trincheras.
Al joven de 18 ya lo habían golpeado antes de llevarlo a la base, donde lo sometieron a más torturas. Así lo contaba: “Preguntaron si era soldado [del KIA] [...] Yo dije que no y que no, y entonces me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza [y] la ataron con fuerza sujetándola a la espalda. Mientras, me preguntaban si conocía a algún soldado del pueblo. Lo hicieron seis o siete veces, y cada vez duraba entre dos y tres minutos. No podía respirar”.
Los grupos armados de las minorías étnicas también cometen abusos
La población civil está cada vez más atrapada entre los grupos armados étnicos que secuestran, capturan y, en ocasiones, torturan a varones adultos y menores de edad, normalmente acusándolos de apoyar a un grupo armado rival. Amnistía Internacional documentó tales abusos a manos del Ejército Independentista Kachin (KIA), el Ejército del Estado de Shan-Norte (SSA-N), el Ejército del Estado de Shan-Sur (SSA-S) y el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA).
Además, estos grupos armados han sometido a civiles a trabajos forzosos. Amnistía Internacional documentó varios casos en los que se obligó a civiles a trabajar de porteadores, a transportar enseres de los combatientes y a servirles de guía hasta otros pueblos durante acciones de combate, poniendo en peligro su vida. Por otra parte, civiles contaron a Amnistía Internacional que los grupos armados suelen extorsionarlos para quedarse con su comida y su dinero, amenazando con violencia física a quien se niegue.
“Los grupos armados son responsables de abusos atroces contra civiles, incluidos secuestros, trabajos forzados y palizas. Pedimos a todas las partes del conflicto que dejen de actuar contra la población civil y que adopten todas las medidas posibles para proseguir las hostilidades fuera de zonas pobladas”, ha dicho Nicholas Bequelin.
La población civil paga el precio
Miles de civiles tuvieron que huir de sus hogares el año pasado al ver que los combates se acercaban a sus pueblos. Muchas personas han sufrido múltiples desplazamientos. Una mujer contó a Amnistía Internacional que, sólo en marzo de 2019, había huido cuatro veces de su casa.
Los habitantes de los pueblos suelen huir a lugares provisionales de desplazamiento, como iglesias y monasterios, y quedarse allí hasta que las hostilidades se desplazan a otra zona. Estos breves desplazamientos pueden dificultar el acceso del personal de ayuda humanitaria a las personas necesitadas, ya agravado por las restricciones del gobierno y el ejército sobre el reparto de ayuda humanitaria.
Ni siquiera quienes huyen están a salvo: desde 2018 se ha observado un alarmante incremento del número de civiles muertos o heridos por minas terrestres o artefactos explosivos improvisados
Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, protejan a la población civil y garanticen el acceso a la ayuda humanitaria. Los grupos armados deben poner fin a todo acto de violencia e intimidación contra civiles y adoptar todas las medidas posibles para evitar las zonas de población civil.
“Todos los responsables de crímenes de guerra deben comparecer ante la justicia, incluido el propio general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar —ha afirmado Nicholas Bequelin—. Tanto los combatientes como los jefes de los grupos armados étnicos deben ser igualmente investigados y obligados a rendir cuentas por crímenes de guerra.”
“El Consejo de Seguridad de la ONU lleva demasiado tiempo impasible ante el abandono de la población civil a un ciclo de violencia incesante. Ya es hora de que el Consejo ponga fin a su actitud remisa y remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.”
