La muerte de una niña guatemalteca detenida por las autoridades de migración mexicanas, la primera conocida bajo la actual administración presidencial es una tragedia atroz que obliga a exigir respuestas de un gobierno que prometió una política humana hacia personas migrantes y quienes buscan refugio, dijo hoy Amnistía Internacional.
"En un momento en que los niños y niñas mueren bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos, al otro lado de la frontera, el gobierno del presidente López Obrador está permitiendo una oleada de medidas represivas contra las personas migrantes y refugiadas que se traducen en un trato negligente hacia las vidas humanas. Esto sugiere un alarmante paralelismo con la política de la administración Trump", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El gobierno de López Obrador está permitiendo una oleada de medidas represivas contra las personas migrantes y refugiadas es un trato negligente hacia las vidas humanas”
Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional
El 16 de mayo, el Instituto Nacional de Migración de México (INM) anunció que una niña guatemalteca de 10 años murió en el hospital, donde fue trasladada después de haber llegado dos días antes a la Estación Migratoria de Iztapalapa, Ciudad de México en compañía de su madre, quejándose de dolor de garganta. El INM la había trasladado del estado fronterizo del norte, Chihuahua, en autobús, en un viaje de casi 20 horas.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los graves riesgos a los que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México debido a las políticas de Estados Unidos y a la aquiescencia de México. Por su parte, el 29 de enero, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha la política de "Quedarse en México", también conocida como "protocolo de protección de migrantes", en virtud de la cual las autoridades estadounidenses han expulsado forzosamente a México a miles de solicitantes de asilo mientras esperan la resolución final de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Esta política viola el derecho internacional de los refugiados. El gobierno mexicano no se negó a cooperar con esta política.
Cientos de personas que todavía están esperando en México para sus audiencias sobre sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos están atrapadas en un limbo legal y en situaciones potencialmente peligrosas. Chihuahua es uno de los estados donde cientos de solicitantes de asilo se ven obligados a esperar bajo esta política.
En abril de 2019, Amnistía Internacional se reunió con organismos municipales, estatales y federales mexicanos en Tijuana y Ciudad Juárez, quienes confirmaron que el gobierno mexicano no había proporcionado fondos significativos ni esfuerzos coordinados para atender a los miles de solicitantes de asilo que permanecen del lado mexicano de la frontera. Las zonas fronterizas en el estado de Chihuahua, como Ciudad Juárez, están experimentando actualmente un alto número de migrantes y solicitantes de asilo sin recursos adicionales significativos de las autoridades mexicanas para proporcionarles alojamiento y atención adecuados. El INM tiene la responsabilidad de informar si esta niña de 10 años fue detenida por agentes de migración mexicanos en esta zona fronteriza, así como otras circunstancias que rodearon su detención y que finalmente terminaron con su muerte.
Según datos del gobierno mexicano, entre enero y marzo de 2019, 31,675 extranjeros fueron detenidos en estaciones migratorias, incluyendo 8,569 niños menores de 18 años. Las autoridades mexicanas han deportado a 22.614 personas a sus países de origen, de las cuales 5.997 eran menores de 18 años.
Las leyes mexicanas sobre los derechos de los niñas, niñas y adolescentes prohíben expresamente a las autoridades mantener a las y los niños en centros de detención de migratoria. Sin embargo, el INM detiene anualmente a miles de menores de edad al año. La mayoría provienen de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, que en los últimos años han experimentado altos niveles de violencia que han obligado a muchas personas a abandonar sus países en busca de protección.
Según la información a la que Amnistía Internacional tiene acceso, durante los últimos cinco a diez años, las muertes de niñas y niños detenidos por motivos de inmigración en México son extremadamente inusuales.
