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México: El procesamiento de cuatro integrantes del ejército en relación al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández es un hecho positivo

Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández. © Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan

La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de la tortura y violencia sexual cometida en contra dos mujeres indígenas Me’phaa en Guerrero supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó Amnistía Internacional.


Desde el año 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega han luchado por su derecho a la justicia. En el año 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias en contra el Estado Mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas.


El procesamiento dentro del sistema de justicia civil de cuatro de miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en el cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los derechos humanos que las han acompañado y ayudado.  


No obstante, Amnistía Internacional es consciente  de que el procesamiento de los implicados debe realizarse conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio justo. Esto incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados. Por este motivo Amnistía Internacional llama al Poder Judicial de la Federación para que garantice un procesamiento efectivo e imparcial.

Así mismo, la organización recuerda a las autoridades que, en virtud de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas en instancias civiles.

Antecedentes

Amnistía Internacional documentó los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega desde 2002 y sus activistas han hecho campaña por ellas en su lucha por la justicia.

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