El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años, concluye que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Las recientes órdenes de detención dictadas a petición de la Fiscalía General de la República contra el que fuera procurador general de la república y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen, señaló Amnistía Internacional.
A casi ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el asesinato de tres personas más y la tortura y persecución en contra de estudiantes, las autoridades mexicanas han mostrado avances en las investigaciones sobre la política de encubrimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la cual se construyó una “verdad histórica”, que fue una investigación plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes, con la determinación absoluta de ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
“Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El gobierno del presidente López Obrador creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, México aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México. El 19 de agosto, bajo pedido de la Fiscalía General de la República, se dictaron órdenes de aprehensión contra el ex-Procurador Jesus Murillo Karam, encargado de las investigaciones iniciales, “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa,” y contra “20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.
“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado. El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los estudiantes, así como fortalecer a las instancias del Estado dedicadas a la investigación de este atroz crimen, lo cual contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi 8 años. Es momento también de adoptar políticas integrales para atender la grave crisis de personas desaparecidas, que ya rebasa las cien mil personas, en un país atravesado por la injusticia y la impunidad,” dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Antecedentes
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de Septiembre de 2014, después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.
A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes desaparecidos, aún se desconoce su paradero, y sigue bajo investigación el esclarecimiento de los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos.
Diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron siempre en cuestionamiento la versión oficial de los hechos en su momento, y presentaron críticas exhaustivas de las investigaciones realizadas. El gobierno de entonces se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por el GIEI, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional también denunció por años las falencias en la investigación, y la decisión política de ocultar la verdad, y con ello obstaculizar los esfuerzos de justicia en el caso de la desaparición forzada de los normalistas. En varios informes, Amnistía Internacional confirmó la deficiencia de las investigaciones, que no apuntaban al esclarecimiento mínimo de la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas, pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. Asimismo, las constantes denuncias de tortura y malos tratos de las personas detenidas con relación a las desapariciones, violaciones al debido proceso, manipulación de evidencias y protección de oficiales sospechosos de participación fueron otras violaciones de derechos humanos documentadas durante los primeros años de las investigaciones.
