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Más del 75 por ciento de las empresas estadounidenses del estudio incumplen requisitos de la histórica ley sobre minerales de zonas en conflicto

La República Democrática del Congo (RDC) es una fuente importante de minerales —como oro, estaño, tungsteno y tantalio— para empresas globales (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Casi el 80 por ciento de las empresas públicas estadounidenses estudiadas por grupos de derechos humanos no controlan ni revelan adecuadamente si sus productos contienen minerales procedentes de zonas en conflicto de África central, revela hoy un nuevo informe de Amnistía Internacional y Global Witness.

El documento, titulado Digging for Transparency, analiza 100 informes sobre minerales de zonas en conflicto presentados por empresas como Apple, Boeing y Tiffany & Co. en virtud de la Ley Dodd Frank (sección 1502), conocida como la ley sobre minerales de zonas en conflicto. Las conclusiones señalan la existencia de alarmantes lagunas en la transparencia de las empresas de Estados Unidos.

En virtud de esta ley, más de mil empresas estadounidenses que cotizan en bolsa que creen que podrían utilizar minerales procedentes de África Central presentaron informes ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en 2014, el primer año que debían hacerlo. La ley está concebida para reducir el riesgo de que la compra de minerales de África central contribuya a los conflictos o a los abusos contra los derechos humanos.

“La ley sobre minerales de zonas en conflicto es una oportunidad para limpiar las cadenas de suministro de minerales de carácter global. Pero nuestro análisis muestra que, aparentemente, la mayoría de las empresas prefiere que todo siga igual y no abordar realmente el riesgo de que sus compras de mineral financien a grupos armados de otros países”, afirmó Carly Oboth, asesora de política de Global Witness.

“Esto es alarmante. Grupos de la industria con muchos recursos han luchado contra la ley sobre minerales de zonas en conflicto en cada paso. Si las empresas hubieran dedicado esos recursos a investigar  sus cadenas de suministro e informar de ellas, sus clientes estarían más seguros de que sus productos están limpios de conflicto.”

La República Democrática del Congo (RDC) es una fuente importante de minerales —como oro, estaño, tungsteno y tantalio— para empresas globales. Estos minerales son esenciales para aparatos electrónicos como smartphones y ordenadores portátiles. Durante más de quince años, los grupos armados de la región oriental de la RDC han utilizado el sector minero para financiar sus operaciones con un impacto devastador, y han cometido abusos graves contra los derechos humanos en el proceso.

Las conclusiones más importantes del informe son las siguientes:

  • 79 de las 100 empresas analizadas incumplían los requisitos mínimos de la ley estadounidense sobre minerales de zonas en conflicto.
  • La mayoría de las empresas de la muestra no están haciendo lo suficiente para rastrear la cadena de suministro de los minerales que compran. Sólo el 16 por ciento va más allá de sus proveedores directos para contactar, o intentar contactar, con las empresas de fundición o refino que procesan los minerales.
  • Más de la mitad de las empresas estudiadas ni siquiera informan a sus directivos cuando identifican un riesgo en su cadena de suministro.

 

El análisis de Global Witness y Amnistía Internacional muestra asimismo que uno de cada cinco empresas estudiadas sí cumple los requisitos legales, lo que desmantela el argumento de que la implementación es demasiado difícil y costosa: no hay excusas para que las empresas no investiguen debidamente sus cadenas de suministro.

“Los consumidores quieren saber qué hay detrás del logo. Las empresas están sometidas a presión para demostrar que no dejan piedra sin remover en sus esfuerzos por asegurarse de que los productos que venden no esconden una historia terrible de conflicto y abusos contra los derechos humanos. Un mero ejercicio de marcar casillas no servirá para cortarlo”, dijo James Lynch, director del Equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“Las empresas que arrojan luz sobre sus cadenas de suministro ayudan a prevenir un comercio de minerales dañino que contribuye a un conflicto que está devastando África central.”

El doctor Denis Mukwege, aclamado cirujano y humanista congoleño, afirmó: “Las empresas deben hacer más para averiguar cómo se han producido y comercializado los minerales que compran… En junio, cuando las empresas presenten su segundo informe sobre minerales de zonas en conflicto deberán demostrar que han resuelto esto.”

 

Notas para los periodistas:

  1. La sección 1502 exige a todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos afectadas por la ley que determinen si los productos que contienen determinados minerales —estaño, tungsteno, tantalio y oro— contribuyen al conflicto o a que se cometan abusos contra los derechos humanos en la RDC y países vecinos, y que informen de sus conclusiones. En total, presentaron un informe sobre minerales de zonas en conflicto ante la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense 1.321 empresas. La segunda serie de informes sobre estos minerales deberá presentarse a principios de junio de 2015.
  2. El mes que viene el Parlamento Europeo votará una ley para toda la UE sobre minerales de zonas en conflicto. Amnistía Internacional y Global Witness piden que el texto final incluya la diligencia debida y la presentación de informes preceptivos para todas las empresas que introduzcan en el mercado europeo productos de estaño, tungsteno, tantalio y oro o que contengan estos minerales.
  3. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Estados Unidos) está revisando su resolución de abril de 2014, en la que declaró inconstitucional el requisito de que las empresas expresen de sus productos que “no se ha concluido que están limpios del conflicto de la RDC”. Es fundamental que el Tribunal de Distrito actúe para garantizar que no se abusa de la libertad de expresión para frustrar la presentación de informes sobre minerales de zonas en conflicto y la transparencia de otros datos de las empresas que afectan a consumidores, inversores y defensores de los derechos humanos. 
  4. Cuando en Digging for Transparency se hacen juicios sobre si un informe sobre minerales de zonas en conflicto reúne o no los requisitos mínimos de la legislación estadounidense sobre estos minerales, la valoración se basa en nuestra opinión como organizaciones expertas —que han investigado durante varios años cadenas de suministro, conflictos y abusos contra los derechos humanos y han ayudado a elaborar la Guía de la OCDE sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo, junto con el sector— tras un análisis detallado de estos informes frente a 12 criterios fundamentados en la norma final de la sección 1502 y en la Guía de la OCDE. El análisis contenido en este informe se basa en los informes sobre minerales de zonas en conflicto presentados por una selección de empresas ante la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense y no en material publicado en otros lugares.