Madrid.- Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Asociación Profesional de Abogados de Extranjería, Grupo Inmigración y Derecho Penal (Inmigrapenal), Movimiento contra la Intolerancia, Médicos del Mundo, Mugak SOS Racismo, Pueblos Unidos, Red Acoge, Women's Link Worldwide y Pro Igual han entregado esta mañana al Ministerio del Interior más de 10.000 firmas rechazando la detención de migrantes en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) como medida para el control migratorio. Las organizaciones consideran que los CIE son lugares susceptibles de violaciones de derechos humanos y han recordado a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, debe garantizar los derechos de las personas internadas. Las entidades han entregado una carta al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, en la que muestran su preocupación por la detención indiscriminada de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería. “Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad”, asegura Cristina Manzanedo, portavoz de la organización Pueblos Unidos. No existen cifras públicas anuales sobre los CIE, aunque las autoridades españolas aseguran que solo se está internando a personas con antecedentes penales. Sin embargo, tan solo un tercio de las personas visitadas en 2012 por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche tenían condenas penales. Asimismo, según datos oficiales solicitados por Defensor del Pueblo y por el Congreso, casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, lo que indica que en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente. Las organizaciones resaltan que la detención y el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas. Además, aseguran que no debe internarse a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, menores, o progenitores con menores españoles a su cargo. Tanto el retraso como el contenido del nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE, que el Ministerio de Interior prepara desde enero de 2012, también es motivo de preocupación de las organizaciones, que recuerdan que el documento debe revisar el modelo de funcionamiento de los CIE, garantizar los derechos de las personas internadas y prevenir y asegurar mecanismos frente a agresiones u otros tratos inhumanos o degradantes que se produzcan en el interior de los centros y durante la ejecución de las expulsiones.
