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Conclusiones de la delegación de Amnistía Internacional

Los grupos armados siguen activos

Tras una visita de 15 días a Haití, a Amnistía Internacional le preocupa mucho la seguridad de la población civil. A pesar de la presencia de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), en todo el país aún están activos numerosos grupos armados, tanto grupos rebeldes como milicias leales al ex presidente Aristide.

 

A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la seguridad de jueces, fiscales, investigadores, víctimas, testigos y defensores de los derechos humanos que participan en juicios sobre anteriores abusos contra los derechos humanos. El juez Napela Saintil, presidente del tribunal que juzga a los responsables de la matanza de Raboteau de 1994, fue brutalmente golpeado por un hombre armado el 30 de marzo. El juez dijo a los delegados de Amnistía Internacional que su agresor lo había amenazado por el papel que había desempeñado en la condena, in absentia, de Louis Jodel Chamblain, uno de los participantes en la matanza.

 

La delegación de Amnistía Internacional entrevistó a haitianos de toda ideología política y condición social. Todos ellos expresaron un profundo sentimiento de inseguridad y temor frente a uno u otro de los grupos armados actualmente activos.

 

Entre estos grupos figuran los que participaron en el golpe de estado de 1991, los chimères, que se mantienen leales al ex presidente Aristide, bandas armadas no oficiales partidarias de Aristide, bandas armadas no políticas y ex autoridades militares y ex jefes de la policía rural o chefs de section, a quienes se sabe responsables de graves abusos cometidos en el pasado. Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití, ya disueltas, y ex dirigentes paramilitares condenados por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado están surgiendo como nuevos actores de la escena política haitiana y se han hecho con el control, especialmente en zonas en las que la autoridad del estado es escasa o inexistente.

 

El gobierno provisional aún no ha logrado el control sobre las instituciones legales del país. Al visitar la cárcel nacional de Puerto Príncipe, los delegados de Amnistía Internacional constataron que parte de la prisión estaba controlada por marines estadounidenses. Fuentes oficiales estadounidenses han reconocido después que custodian a algunos de los casi 40 detenidos que, según se informó a Amnistía Internacional, hay en la cárcel, entre ellos Jocelerme Privert, ex ministro del Interior recién detenido.

 

Estas fuentes no pudieron facilitar a Amnistía Internacional detalles sobre los presos ni sobre la situación legal de su detención. Según los informes, entre los detenidos haitianos figuran personas presuntamente implicadas en el narcotráfico y, una implicada en delitos de terrorismo. Amnistía Internacional pidió a las autoridades estadounidenses que aclararan inmediatamente el fundamento legal para que estas personas estén en la práctica bajo la custodia de Estados Unidos y las medidas que se han tomado para garantizar que disfrutan de todas las salvaguardias legales.

 

Amnistía Internacional se congratula de que Léon Charles, nuevo director general de la Policía, haya garantizado a los delegados de la organización durante su visita que la nueva policía haitiana adoptará un enfoque neutral y actuará de forma imparcial. La organización cree que este tipo de enfoque sería fundamental para restaurar la confianza en el respeto de las fuerzas de seguridad al Estado de derecho en Haití.

 

Sin embargo, desde su llegada al poder, el gobierno provisional se ha apresurado a detener a miembros del Partido Familia Lavalas del ex presidente Aristide acusados de actos de violencia o corrupción política, pero no ha hecho nada contra personas de las que se sabe responsables de graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste (Jean Tatoune) siguen en libertad, al igual que otros cuyos nombres aparecían en el último informe de Amnistía Internacional sobre el país, titulado: Haití: Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho (Índice AI: AMR 36/013/2004).

 

"Al detener sólo a los partidarios del movimiento Lavalas, el gobierno está enviando un mensaje erróneo. También deben ser detenidos miembros de las fuerzas rebeldes que se sabe que han cometido graves violaciones de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional. “El gobierno haitiano debe hacer de la defensa de los derechos humanos un eje central de su programa político. Ningún autor de violaciones de derechos humanos como el asesinato debe poder vivir sin miedo a ser detenido, juzgado o castigado”.

 

Las crisis políticas recurrentes de Haití tienen su origen en las violaciones de derechos humanos sistemáticas que desde hace largo tiempo se cometen con impunidad. Amnistía Internacional cree firmemente que el gobierno haitiano debe comprometerse firme y públicamente a poner fin al círculo vicioso de la impunidad garantizando que los autores de graves violaciones de derechos humanos de todos los bandos comparecen ante la justicia.

 

Amnistía Internacional ha recibido también informes de homicidios y secuestros de personas pertenecientes a organizaciones de base partidarias de Aristide en barrios pobres de Puerto Príncipe. Entre los presuntos responsables había varios presos fugados que habían ingresado en prisión por violación y otros delitos comunes. Según los informes, estos hombres han colaborado con la policía haitiana y la FMP para identificar a personas relacionadas con el régimen de Lavalas.

 

El conductor de un ex diputado de Lavalas fue agredido el 3 de abril en Martissant y murió al día siguiente. El 4 de abril, otro lavalassien murió a tiros en el exterior del mercado de Martissant. Tras matarlo, los autores fueron a su domicilio buscando a su esposa –actualmente escondida–, la amenazaron de muerte e incendiaron la casa. Además, el mismo lunes 4 de abril, dos miembros de KOMIREP, organización de base en la que hay víctimas del golpe de estado de 1991, fueron secuestrados en la calle, uno en Martissant y el otro en Cité l’Eternel. Se desconoce su paradero.

 

Una joven dijo a los delegados de Amnistía Internacional que recibe amenazas de un policía recientemente fugado de la cárcel. El agente y al menos otros cuatro hombres fueron acusados de violar colectivamente a la joven en noviembre de 2003. El policía y otro de ellos fueron detenidos posteriormente. Ambos se fugaron de la cárcel durante una fuga masiva que tuvo lugar el 29 de febrero. La organización de mujeres y la organización de derechos humanos que ha estado apoyando a la joven violada también han recibido amenazas.

 

Una primera medida crucial para restaurar el Estado de derecho y terminar con la impunidad sería una operación de desarme en todo el país y para todos los grupos armados. Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que establezca un plan de desarme nacional para garantizar la seguridad de todos los haitianos.

 

Para Amnistía Internacional es motivo de consternación que la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) no haya intentado seriamente colaborar con la Policía Nacional de Haití para establecer un programa de desarme de este tipo. El secretario de Estado estadounidense Colin Powell y las autoridades francesas, país que aporta tropas a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, han hablado de la necesidad del desarme, pero estas conversaciones no han ido seguidas de la firme actuación necesaria.

 

“La comunidad internacional debe tomarse en serio el desarme y colaborar estrechamente con la Policía Nacional de Haití a tal fin”, ha dicho Amnistía Internacional. La resolución 1529 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrece un amplio margen para hacerlo.

 

Amnistía Internacional cree que la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos está en una posición de fuerza extraordinaria para contribuir al desarme nacional antes de abandonar el país como está previsto a finales de mayo, para ser sustituida por una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

 

Hacer que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos exige no sólo una fuerza policial eficaz, sino también una judicatura a pleno rendimiento. La reconstrucción de la judicatura a todos los niveles fue una de las principales recomendaciones que formuló en 1996 la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia.

 

“Amnistía Internacional pide a las autoridades haitianas que redacten un plan nacional de acción para reforzar las instituciones encargadas de mantener el Estado de derecho, en estrecha consulta con la sociedad civil y basándose en las recomendaciones pertinentes formuladas en el pasado por órganos haitianos como la Comisión Nacional.”

 

"La reforma del sistema de justicia debe ser parte de un plan de mayor alcance para reducir la pobreza, reparar el medio ambiente y reforzar los sistemas de salud, higiene y educación”, ha dicho la organización.

 

Información general

En la operación militar y paramilitar conjunta iniciada en abril de 1994 en Raboteau, barrio marginal densamente poblado de la costa en Gonaïves, se calcula que murieron 20 personas.

 

La lucha para que los responsables de esta matanza respondieran ante la justicia duró varios años. El juicio se inició en octubre de 2000, y 16 personas fueron declaradas culpables de participar en la matanza. Doce de ellas fueron condenadas a cadena perpetua con trabajos forzados y las cuatro restantes recibieron condenas más breves, de entre 4 y 10 años.

 

Treinta y siete acusados, entre ellos el general Raoul Cédras, jefe del gobierno militar, Emmanuel Constant, dirigente y fundador de la organización paramilitar FRAPH; Michel François, jefe de policía, y el ayudante de Cédras, Philippe Biamby, fueron juzgados in absentia. Todos ellos fueron condenados a cadena perpetua con trabajos forzados y pago de una multa de mil millones de gourdes, unos 43 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, todos siguieron en libertad.

 

En febrero de 2004, la oposición armada al gobierno atacó comisarías y tribunales en ciudad de Gonaïves, la cuarta del país, e hizo huir a la policía y las autoridades locales. A medida que la rebelión se extendía por el centro y el norte de Haití, fueron regresando ex policías y militares que habían huido del país. Los líderes de las fuerzas rebeldes son hombres como Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste (Jean Tatoune), declarados culpables de cometer atroces violaciones bajo la dictadura militar de hecho de principios de los noventa.

 

El 29 de febrero, los rebeldes estaban a punto de avanzar sobre Puerto Príncipe y destituir a Aristide cuando éste salió del país en circunstancias controvertidas. Enviada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el mandato de ayudar a garantizar el orden público y proteger los derechos humanos llegó a Haití una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) compuesta principalmente por tropas estadounidenses, canadienses y francesas.