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Los desalojos y las demoliciones deben acabar

Londres.- La destrucción injustificada por parte de Israel de miles de viviendas palestinas y árabes, así como vastas extensiones de tierras agrícolas ha alcanzado niveles sin precedentes y debe acabar de inmediato, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

 

En los últimos tres años y medio, las fuerzas armadas israelíes han demolido más de 3.000 viviendas, dejando a decenas de miles de hombres, mujeres y niños sin hogar o sin medios de vida.

 

En el informe titulado Israel y los Territorios Ocupados: Bajo los escombros. Demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes, que Amnistía Internacional ha publicado hoy, la organización afirma que “los motivos invocados por Israel para justificar la destrucción son demasiado amplios y se basan en políticas y prácticas discriminatorias.”

 

“Las autoridades nos ofrecían justificaciones diversas para negarnos el permiso de construcción [...] Cada vez que lográbamos poner en tela de juicio o desmentir el motivo argumentado para denegarnos el permiso, nuestra solicitud era rechazada por otro motivo. Gastamos miles de dólares en este proceso. Al final comprendimos que era inútil y construimos nuestra casa sin permiso.” La vivienda de Salim y 'Arabia Shawamreh, ubicada en el pueblo de 'Anata, ha sido demolida en cuatro ocasiones y de nuevo corre peligro de ser derribada.

 

Según las Naciones Unidas, más de 2.000 viviendas de Gaza han sido destruidas en los tres últimos años, así como el 10 por ciento del terreno agrícola. En Cisjordania, casi el 90 por ciento del muro israelí se está construyendo sobre territorio ocupado, y al menos 600 viviendas han sido destruidas.

 

En los Territorios Ocupados se llevan a cabo frecuentes demoliciones como castigo colectivo por los atentados palestinos o para facilitar la expansión de los asentamientos ilegales israelíes. Ambas prácticas contravienen el derecho internacional y algunos de estos actos son crímenes de guerra.

Las políticas discriminatorias de planificación y edificación hacen prácticamente imposible que los árabes y palestinos israelíes consigan permisos para construir.

 

En Israel, la demolición de viviendas por carecer de permiso de construcción en el sector árabe es un fenómeno recurrente mientras que la demolición de viviendas sin permiso de construcción en el sector judío es prácticamente nula.

 

Los desalojos forzosos y la demolición de viviendas se realizan habitualmente sin previo aviso y sin dar apenas tiempo —cuando no ninguno— a las familias para abandonar sus casas y rescatar sus bienes.

La mayoría de los casos de demolición de viviendas y destrucción de tierras no están sujetos a supervisión legal ni a recurso de apelación.

 

Amnistía Internacional ha pedido a Israel que ponga fin a toda destrucción ilegítima de viviendas y tierras, incluidas las que tienen por objeto la expansión de los asentamientos israelíes y la construcción del muro en los Territorios Ocupados.

 

A la Autoridad Palestina se le ha pedido que adopte medidas para impedir nuevos atentados contra civiles israelíes por parte de los grupos armados palestinos.

 

Asimismo, Amnistía Internacional está presionando a otros Estados —en concreto Estados Unidos— para que acaben con la venta o transferencia de armamento y material destinados a perpetrar la destrucción ilegítima de viviendas y otras violaciones de derechos humanos.