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Los derechos humanos deben estar en el centro de la ayuda humanitaria y de los trabajos de reconstrucción

Londres.- Dos semanas después de que un terremoto provocara la pérdida de innumerables vidas humanas y la destrucción material de partes de Haití, la comunidad internacional mantiene su movilización para llevar al pueblo haitiano la ayuda humanitaria que tanto necesita.

 

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión especial sobre la crisis humanitaria tras el terremoto de Haití y hoy el gobierno canadiense celebró la primera conferencia internacional para diseñar la repuesta inicial con vistas a la reconstrucción del país. También se espera que celebren reuniones el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales.

 

Los desafíos que se avecinan son muchos. Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para expresar sus motivos de preocupación en mitad de la crisis humanitaria que tiene lugar en Haití y hacer hincapié en que proteger los derechos humanos es esencial para que la ayuda humanitaria sea efectiva y la recuperación sostenible. Los esfuerzos y las acciones para abordar los problemas de derechos humanos deben comenzar durante la fase de ayuda humanitaria y estar en el centro de los trabajos de reconstrucción.

 

En las situaciones de crisis y emergencia es cuando más peligran los derechos humanos. Por tanto, es fundamental que todos los actores adopten las medidas apropiadas dirigidas a impedir que se cometan violaciones de derechos humanos y a garantizar el respeto y la realización de los derechos humanos, tal y como establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos.

 

La situación sobre el terreno es tal que la población haitiana no sólo está haciendo frente a una de las crisis humanitarias más graves que ha sufrido jamás una nación, sino que también se enfrenta a una crisis de derechos humanos.

 

La pérdida de decenas de miles de vidas no puede atribuirse sólo a las fuerzas de la naturaleza. La pobreza endémica que padece la mayoría de la población ha contribuido significativamente a la enorme devastación. Al alentar y apoyar la reconstrucción en Haití, es esencial que la comunidad internacional no vuelva a crear las mismas condiciones que ponen a la población en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos y perpetúan las desigualdades y la pobreza.

 

La ayuda humanitaria y los trabajos de reconstrucción en Haití deben basarse en el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Las autoridades de Haití y de la comunidad internacional de donantes deben garantizar que la cooperación y ayuda internacionales a Haití son coherentes con las normas de derechos humanos. Así, la cooperación y la ayuda deben ofrecerse de formas que garanticen la no discriminación; que den la adecuada prioridad a conseguir un nivel mínimo esencial de alimentos, agua, instalaciones sanitarias, educación, salud y vivienda para toda la población; y que se centren en las personas que más lo necesitan.

 

Además, las autoridades haitianas y los Estados donantes deben actuar con la debida diligencia para garantizar que la ayuda humanitaria y al desarrollo no den lugar o contribuyan a la comisión violaciones de derechos humanos, y para garantizar que existen mecanismos eficaces que permitan la participación significativa de todas las comunidades afectadas, incluidas las más marginadas, en los esfuerzos de ayuda humanitaria y al desarrollo.

 

Durante la distribución de la ayuda humanitaria y las primeras etapas de la fase de reconstrucción, Amnistía Internacional plantea los siguientes motivos de preocupación e insta a todos los actores a abordarlos sin demora y exhaustivamente.

Protección de los niños y niñas frente a los abusos, la explotación y la trata de personas Los niños y niñas se encuentran entre los miembros más vulnerables de la sociedad y en una crisis humanitaria su vulnerabilidad aumenta significativamente debido a la violencia, los abusos, la separación de la familia y la discapacidad. La separación de las familias y la destrucción de escuelas y comunidades han dejado a miles de niños y niñas sin un entorno de protección. Sin él, pueden convertirse en víctimas de las redes de explotación y trata de personas que ya operaban en Haití antes del terremoto.

 

Los niños y niñas separados de sus padres y comunidades, que pueden ser considerados huérfanos equivocadamente, corren el riesgo de verse atrapados en procesos de adopción irregulares. Con arreglo al Convenio de la Haya sobre Adopción Internacional, la adopción internacional debe considerarse como el último recurso, una vez agotadas todas las posibilidades a nivel nacional y cuando las autoridades competentes hayan constatado que no hay progenitores o cuidadores que puedan ocuparse de los menores. Este riesgo ya existía antes del desastre pero ahora puede ser mayor, dado el interés de las familias de otros países en responder a la difícil situación de los huérfanos haitianos adoptándolos. La insuficiente capacidad de las instituciones haitianas en muchos casos para determinar la idoneidad de una adopción y para garantizar que se respetan los derechos de los niños y niñas también puede alentar el funcionamiento de redes ilegales de adopción. Las autoridades haitianas, con el apoyo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), deben garantizar salvaguardias y mecanismos apropiados para impedir que los niños y niñas sean sacados del país sin que se hayan ultimado los procedimientos legales formales para la adopción internacional.

 

La localización de las familias debe ser una prioridad para la comunidad internacional, las autoridades haitianas y las agencias de ayuda internacionales, así como el establecimiento de espacios seguros para los niños y niñas separados.

 

Protección de los derechos de las personas internamente desplazadas

Cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y no pueden rehacer sus vidas entre los escombros sin un grave riesgo para su seguridad y bienestar. Miles ya se han puesto en marcha huyendo de las zonas devastadas. El gobierno haitiano –incluidas las autoridades locales– y las agencias internacionales humanitarias y para el desarrollo, deben adherirse a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos al abordar las necesidades en materia de seguridad y ayuda humanitaria de las personas desplazadas en Haití.

 

En un país donde la inseguridad alimentaria antes del terremoto afectaba a 1,8 millones de haitianos (diciembre 2009) y el 40 por ciento de la población no tenía acceso a agua potable, el gran número de personas desplazadas aumenta las probabilidades de que la crisis humanitaria se extienda a todo el país.

 

Amnistía Internacional insiste en la necesidad de proteger los derechos de las personas internamente desplazadas, tanto dentro como fuera de los campos, y en que las personas desplazadas deben recibir apoyo para que puedan adoptar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.

 

De acuerdo con las normas internacionales establecidas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, cualquier reubicación de personas internamente desplazadas procedentes de campos o de zonas afectadas por un desastre debe ser voluntaria, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas exijan su evacuación. No se les debe coaccionar suspendiéndoles la ayuda ni de ninguna otra forma. El derecho de las personas internamente desplazadas a regresar voluntariamente a su antiguo hogar o lugar de origen con seguridad y dignidad debe respetarse y las autoridades deben ayudarles a regresar o a instalarse en otra parte del país.

 

Protección de las mujeres y niñas frente a la violencia de género, incluida la violencia sexual

Durante las crisis humanitarias y después de un desastre, las mujeres y las niñas a menudo corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia sexual y explotación a manos de traficantes, así como de ver reducido o interrumpido su acceso a los servicios de asistencia de salud sexual, reproductiva o maternal. Su situación desventajosa a la hora de acceder a la ayuda ha sido documentada dentro y fuera de los campos de personas desplazadas en países donde se han producido crisis humanitarias.

 

Todos los actores implicados en la ayuda humanitaria y posteriormente en las labores de reconstrucción deben integrar en sus programas la prevención de todas las formas de violencia de género, en particular la violencia sexual, así como la respuesta a las mismas.

 

Agencias de la ONU y otros actores han desarrollado las Directrices Aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Genero en Situaciones Humanitarias: Enfoque sobre la Prevención y la Respuesta contra la Violencia Sexual en situaciones de emergencia
. Las Directrices presentan un enfoque coherente y participativo para prevenir y responder a la violencia de género y exponen el conjunto de servicios de respuesta necesarios para satisfacer las necesidades de las supervivientes de violencia sexual. Amnistía Internacional pide a todos los actores implicados en la ayuda humanitaria y en las labores de reconstrucción en Haití que utilicen las Directrices como marco fundamental de sus operaciones.

 

Seguridad y cumplimiento de la ley
El terremoto ha limitado aún más la capacidad de las autoridades haitianas para garantizar el Estado de derecho y proporcionar seguridad a la población. Se han recibido informes de incidentes violentos, pero hasta el momento se circunscriben a unas pocas áreas de Puerto Príncipe, principalmente en la ciudad vieja. Establecer un sistema de justicia operativo para juzgar sin demora los delitos más graves debe ser una prioridad para las autoridades haitianas y los donantes internacionales.

 

Preocupa cada vez más que los presos condenados por delitos violentos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe están intentando recuperar el acceso a las comunidades más desfavorecidas y vulnerables y restablecer su control sobre ellas. En respuesta a esta amenaza, los miembros de la comunidad se han organizado para impedir que las bandas se hagan con el control de sus comunidades. Amnistía Internacional teme que con ello los miembros de la comunidad puedan verse envueltos en una espiral de violencia. La organización ha recibido informes de linchamientos e incidentes en los que presuntos saqueadores murieron a manos de la turba.

 

La Policía Nacional Haitiana, con la asistencia de la MINUSTAH, debe garantizar la seguridad, especialmente en las áreas donde la violencia de las bandas era generalizada en el pasado. Esto es de vital importancia para garantizar que las tareas de ayuda humanitaria no se ven obstaculizadas por las amenazas contra los miembros de la comunidad y los trabajadores humanitarios. Las personas implicadas en linchamientos y otras formas de violencia deben comparecer ante la justicia.

 

Las autoridades haitianas deben emprender acciones de inmediato para establecer un centro de detención provisional dado que la prisión principal del país ha quedado destruida y otros centros de detención están masificados. También deben garantizar que todos los detenidos tienen acceso a la ayuda humanitaria y reciben un trato humano.

 

Han salido a la luz informes de uso de fuerza letal por parte de funcionarios haitianos encargados de hacer cumplir la ley; en estos casos varios presuntos saqueadores murieron por disparos. Amnistía Internacional insta a las autoridades haitianas y a las fuerzas internacionales presentes en Haití a implementar y garantizar la estricta observancia de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de, la ONU, que establecen que la policía no empleará armas de fuego salvo en defensa propia o en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Deben emprenderse investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre los informes de homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos, y los presuntos autores deben comparecer ante la justicia.

 

Rendición de cuentas de las fuerzas internacionales
Las fuerzas internacionales han llegado a Haití a petición del gobierno haitiano con el fin de garantizar la seguridad en la distribución de la ayuda humanitaria. Más de 10.000 soldados estadounidenses, 150 miembros del personal militar de la República Dominicana y 800 soldados canadienses han sido desplegados en Haití. En las próximas semanas podrían desplegarse nuevos efectivos, de éstos y de otros países.

 

Es necesario clarificar desde el principio los asuntos relacionados con la rendición de cuentas y la responsabilidad del numeroso personal internacional, militares y policías, desplegado. Las condiciones del despliegue y, específicamente, las reglas de intervención, deben ser acordes con el derecho internacional de los derechos humanos; asimismo, deben existir mecanismos eficaces para garantizar que estas reglas son respetadas por todos los miembros de las fuerzas internacionales en todo momento.

 

La experiencia de otras operaciones de mantenimiento de la paz ha demostrado que dejar la rendición de cuentas por las violaciones exclusivamente al arbitrio de los países que contribuyen con sus tropas conduce a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

 

Cancelación de la deuda externa de Haití
En 2009, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores cancelaron 1.200 millones de dólares estadounidenses de la deuda externa de Haití. A pesar de ello, Haití sigue debiendo cientos de millones de dólares a sus acreedores. En las circunstancias actuales, la devolución de esta deuda representa una carga inaceptable para la población y la economía nacional del Haití. Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las instituciones financieras internacionales y otros acreedores para que adopten las medidas necesarias para cancelar la deuda de Haití, dado que la insistencia en su devolución comprometería la capacidad de Haití para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, como la de garantizar unos niveles mínimos esenciales de derechos económicos, sociales y culturales. La cancelación de la deuda no debe ir acompañada de condiciones que puedan tener un impacto negativo en los derechos humanos.

 

Todos los recursos económicos que se pongan a disposición de Haití en los años venideros deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar y el acceso de los haitianos a los servicios básicos, así como el desarrollo equitativo y sostenible.