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Una delegación de la organización presenta las autoridades vascas una agenda de derechos humanos

Los derechos de las víctimas y las consecuencias de la crisis económica, prioridades de Amnistía Internacional en el País Vasco

Los miembros de la delegación de Amnistía Internacional en su entrevista con el Lehendakari, Patxi López

Vitoria.- Una delegación de alto  nivel de Amnistía Internacional (AI) se ha desplazado al País Vasco para mantener encuentros con el Lehendakari, el Ararteko, el Comisionado para la Convivencia y representantes de la mayoría de los partidos políticos vascos, a quienes ha presentado la Agenda de Derechos Humanos elaborada por la organización para Euskadi.

“Los derechos humanos deben ser la hoja de ruta para el presente y el futuro del País Vasco. Se debe garantizar su protección de forma incondicional, al margen de cualquier consideración política y que estos no sean utilizados como moneda de cambio”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

En el nuevo escenario abierto tras la renuncia de ETA a la violencia, que se ha cobrado más de 800 víctimas mortales, Amnistía Internacional mantiene que se debe asegurar el acceso de las víctimas de graves abusos y violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad debe ser conocida, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación. Ésta debe incluir la indemnización, la rehabilitación, el reconocimiento público del daño causado y las garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera muy positivo el reconocimiento y la reparación que obtuvieron las víctimas de ETA y otros grupos armados, contemplado en la ley vasca de 2008. Igualmente es un paso en la dirección correcta reparando los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad a través de un próximo decreto ley del gobierno vasco –que abarca víctimas desde 1960 a 1978-, del que han sido informados los representantes de AI.

Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que no todas las víctimas de violaciones y abusos tengan acceso a la justicia: tanto las víctimas de las primeras décadas de atentados de ETA como las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad a las que se refiere el primer decreto elaborado por el gobierno vasco”, declaró Nicola Duckworth, directoral global de investigación. “Esperamos que las víctimas de tortura no sean olvidadas en el segundo decreto que planea desarrollar el ejecutivo”, que abarcaría víctimas de malos tratos desde 1978 a la actualidad, añadió.


Uso excesivo de la fuerza y malos tratos
En general, a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que el gobierno vasco no parece estar poniendo en práctica todas las recomendaciones del Ararteko sobre malos tratos y tortura, como la identificación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley o la mejora de las investigaciones de estos casos.

“El Gobierno Vasco debería investigar alegaciones de tortura en vez de querellarse contra aquellos que las denuncian”, dijo Nicola Duckworth en relación a la iniciativa aprobada en el Parlamento Vasco el año 2010 en la que se instaba al Consejero de Interior a querellarse “ante cualquier intento de erosionar la correcta actuación de la Ertzaintza.

En cuanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la delegación de AI ha insistido, como ya hizo en una carta enviada al consejero Ares, tras la muerte de Iñigo Cabacas por el impacto de una pelota de goma, en la necesidad de crear mecanismos de investigación independientes para este y otros casos que puedan producirse en el futuro, tal como ya hacen en otros países como Reino Unido y Holanda, además de adoptar un protocolo marco sobre uso de la fuerza. El Lehendakari se ha comprometido con Amnistía Internacional a estudiar su implantación.

 “Sin duda el nuevo contexto es una gran oportunidad para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos, pero lo mismo debería hacerse en la práctica diaria de la policía autónoma vasca. “No hay que esperar para poner en marcha medidas de protección de los derechos humanos”, ha señalado Esteban Beltrán.


Crisis económica y derechos humanos
Amnistía Internacional reconoce que la crisis económica y los recortes que está llevando aparejados todavía no han afectado a Euskadi en la misma manera que al resto del Estado. AI ha recibido con satisfacción el anuncio del Lehendakari de no aplicar la reforma sanitaria aprobada por el gobierno central, en el sentido de seguir manteniendo la cobertura a las personas inmigrantes en situación irregular, enfermos crónicos o mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social.

La organización de derechos humanos ha pedido al Lehendakari que cualquier recorte que se acometa vaya precedido de un informe del impacto que podrían tener estas medidas sobre los colectivos más vulnerables. Igualmente se ha solicitado a los grupos parlamentarios que ejerzan un riguroso control al gobierno en este asunto.

En este sentido, AI ha recordado que la salud, la educación y la vivienda no son solo servicios sociales, sino derechos de las personas y ha subrayado la necesidad de que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles ante la justicia en caso de que sean violados.

Por su parte, el gobierno vasco ha informado a la delegación de las iniciativas adoptadas en relación a la vivienda. Los representantes de AI se han ofrecido a facilitar al ejecutivo vasco las normas internacionales en materia de desalojos forzosos para que se incorporen a los principios de actuación de las autoridades de Euskadi en esta materia.

Además, Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio del Ararteko de que está elaborando un informe sobre los efectos de la crisis económica y de los recortes asociados a ella sobre las personas más vulnerables.

“Las autoridades vascas tienen que acometer lo que ha ocurrido en el pasado, lidiar con el presente y a la vez mirar hacia el futuro. Deben prepararse para garantizar y promover otros derechos humanos, como acceso a la salud, la vivienda digna y la educación”, advirtieron los representantes de la delegación.

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