A primera hora del martes, 11 de diciembre de 2012, miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel asaltaron las sedes de tres ONG palestinas en Ramala: confiscaron ordenadores, archivos de trabajo y material, y saquearon las instalaciones en lo que Amnistía Internacional considera que forma parte de un “patrón fijo de acoso” a los activistas en los Territorios Palestinos Ocupados.
“El asalto israelí de las sedes de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos ADDAMEER, la Red de ONG Palestinas y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas forma parte de un ataque general contra las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil y contra su personal” ha afirmado Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Es un patrón fijo de hostigamiento que parece concebido para coartar su importante labor.”
Las autoridades israelíes imponen frecuentes restricciones sobre su libertad de circulación a los defensores de los derechos humanos y otros activistas en Cisjordania basándose en información secreta, e impiden los desplazamientos entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Las ONG que actúan en Gaza también se han visto directamente afectadas por la operación militar israelí llevada a cabo recientemente allí.
Amnistía Internacional ha pedido información sobre las razones de la operación de asalto a las Fuerzas de Defensa de Israel, pero todavía no ha recibido respuesta.
A la organización le preocupa especialmente el acoso a la ONG de derechos humanos palestina ADDAMEER por parte de Israel desde hace muchos meses, incluidas las órdenes militares que prohíben a su presidente, Abdullatif Ghaith, entrar en Cisjordania o viajar al extranjero.
Las autoridades israelíes suelen impedir que los abogados de ADDAMEER visiten a los presos y detenidos a los que representan. Es sumamente preocupante el caso de Ayman Nasser, investigador y defensor de los derechos humanos de ADDAMEER, quien, según su abogado, fue torturado durante el largo interrogatorio al que fue sometido tras su detención por parte de las fuerzas israelíes el 15 de octubre.
“Las restricciones arbitrarias sobre la libertad de circulación, los ataques contra las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y la tortura de defensores de los derechos humanos no están justificados en ninguna circunstancia. Deben cesar ya, y los responsables deben rendir cuentas” ha señalado Ann Harrison.
