Londres.- El nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien asumió el cargo en agosto, debe proteger de manera urgente y efectiva a los defensores y defensoras de derechos humanos que hacen campaña por la devolución de tierras robadas, dijo hoy Amnistía Internacional, tras el asesinato de Hernando Pérez en el municipio de Necoclí, en el departamento noroccidental de Antioquía, ocurrido el 19 de septiembre.
Hernando Pérez conducía la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi). Había representado a varias comunidades que habían sido desplazadas a la fuerza y a menudo de manera violenta por grupos paramilitares que actuaban solos o en connivencia con las fuerzas de seguridad.
Horas antes de su muerte, Hernando Pérez había participado en una ceremonia oficial en Nueva Colonia, un asentamiento rural en el municipio de Turbo, departamento de Antioquía, a la cual acudió el ministro de Agricultura, para devolver la tierra a decenas de familias campesinas que habían sido desplazas a la fuerza por el grupo paramilitar Bloque Bananero.
El asesinato de Hernando Pérez es el último en una serie de ataques mortales en todo el país contra quienes se han atrevido a luchar por la devolución de millones de hectáreas de tierras robadas, principalmente por grupos paramilitares, aunque también por fuerzas guerrilleras, durante el conflicto armado.
Recientemente, Alexander Quintero fue asesinado el 23 de mayo en Santander de Quilichao, en la región suroccidental de Cauca, y Rogelio Martínez fue abatido a tiros por atacantes armados el 18 de mayo en San Onofre, en el departamento noroccidental de Sucre. Estas comunidades se enfrentan a reiteradas amenazas por parte de los grupos paramilitares, que continúan operando en estas dos regiones.
Se supone que los grupos paramilitares colombianos, que han sembrado el terror en todo el país durante décadas, se habían desmovilizado en un proceso que comenzó en 2003, bajo la administración del entonces presidente Álvaro Uribe, pero muchos de estos grupos continúan operando en diversas regiones del país.
Entre 3 y 5 millones de personas, principalmente indígenas, así como comunidades de ascendencia africana y campesinas que viven en zonas rurales, han sido forzadas a dejar sus hogares y tierras, generalmente de manera violenta, durante los 45 años de conflicto armado interno en Colombia.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha expresado su compromiso de aprobar una legislación que facilite la devolución de las tierras robadas a sus dueños legítimos. Sin embargo, estos esfuerzos no fructificarán a menos que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos adoptando medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes hacen campaña por los derechos a la tierra, así como de las familias que desean regresar a sus tierras, muchas de las cuales también han sido amenazadas y asesinadas.
El nuevo gobierno también debe establecer detalladamente su estrategia general para terminar con la prolongada crisis de derechos humanos. Un primer paso importante sería que el presidente Santos haga una declaración pública y clara de apoyo a la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. La administración del presidente Uribe destacó por su hostilidad al trabajo en la esfera de los derechos humanos, lo que contribuyó a crear un ambiente de legitimación de los ataques contra esos activistas.
Las autoridades colombianas también deben asegurarse de que se realicen investigaciones independientes y minuciosas para garantizar que los responsables de esos ataques sean llevados ante la justicia.
