Transcurridos seis años desde que, en agosto de 2011, las milicias de Misrata las desplazaran de su ciudad, las alrededor de 40.000 personas que integran la comunidad tawargha siguen sin poder regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Hace dos meses, en junio de 2017, se firmó un acuerdo político que preparaba el terreno para su regreso. Sin embargo, las condiciones del acuerdo no se han cumplido, y algunas de las personas que han intentado hacer el viaje de regreso han sufrido amenazas e intimidación. Tampoco garantiza el acuerdo el acceso a justicia y a reparaciones por los terribles abusos que la comunidad tawargha ha soportado en los últimos años. “El hecho de que no se haya hecho rendir cuentas a nadie por los múltiples abusos que la comunidad tawargha ha sufrido desde que se vio desplazada demuestra las catastróficas consecuencias de años de desgobierno en Libia, donde las milicias cometen graves abusos contra los derechos humanos con completa impunidad”, ha afirmado Heba Morayef.
“Sin voluntad política clara para hacer cumplir el acuerdo a fin de garantizar el regreso de la comunidad tawargha a sus hogares en condiciones de seguridad, los compromisos públicos contraídos en junio serán papel mojado.” En agosto de 2011, combatientes de Misrata atacaron la localidad vecina de Tawargha, que las fuerzas leales al coronel Muamar al Gadafi estaban utilizando como base para lanzar ataques. Las fuerzas de Misrata expulsaron a todos los habitantes de Tawargha, cuyos hogares saquearon y quemaron hasta dejar el lugar convertido en una ciudad fantasma. Durante los seis años siguientes, la comunidad tawargha sufrió implacables ataques de represalia de las fuerzas de Misrata, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre estos abusos ni se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes cometidos. Anteriormente, los líderes políticos y militares de Misrata habían manifestado reiteradamente que no permitirían a la comunidad tawargha regresar a su ciudad. Los antiguos habitantes de la ciudad están ahora desplazados por todo el país, y viven en alojamientos improvisados, a menudo en condiciones espantosas. Falta de medidas para abordar la impunidadEl acuerdo, firmado el 19 de junio de 2017 entre los líderes de Tawargha y Misrata, el gobierno de Acuerdo Nacional y otras autoridades, no garantiza la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos que se han cometido contra la comunidad tawargha, por lo que refuerza el clima de impunidad. Muchos miembros de la comunidad tawargha lo acogieron con satisfacción, porque parecía garantizar al menos las condiciones de seguridad necesarias para el regreso. “Un acuerdo que ignora descaradamente los horribles crímenes cometidos contra la comunidad tawargha está condenado siempre al fracaso. Sólo si garantiza su derecho a regresar en condiciones de seguridad y da prioridad a la justicia garantizando que los responsables de las atrocidades rinden cuentas de sus actos puede suponer un verdadero avance”, ha añadido Heba Morayef. Regreso a casa bloqueadoTres días después de la firma del acuerdo en junio, intentaron regresar las primeras familias tawargha. A pesar del apoyo público de las autoridades de Misrata al acuerdo, fueron amenazadas e intimidadas en un puesto de control por individuos de Misrata y se vieron obligadas a dar media vuelta y regresar a Trípoli. Emad Irqayh, activista tawargha, contó a Amnistía Internacional que partió para la ciudad el 22 de junio en un convoy de 35 automóviles, tras coordinarse con individuos de Misrata partidarios del regreso. Dijo que estaba a un kilómetro del último puesto de control cuando vio dos automóviles que volvían atrás. “Me dijeron que los habían parado y amenazado. Así que llamé a las otras familias que iban en los automóviles detrás de mí y les dije que dieran media vuelta para evitar que se agravara la situación, y algunas mujeres comenzaron a llorar”, explicó. El 29 de junio, durante el Eid, un grupo de familias más pequeño hizo otro intento de regreso a la ciudad. Un miembro de la comunidad tawargha que viajaba con su anciana madre, de 87 años, describió la pena y la desilusión que sintió al regresar a la ciudad y ver que no podían quedarse allí. “Fue un momento muy emotivo, la verdad. Tenía lágrimas en los ojos, pero la destrucción de nuestra ciudad es inmensa”, explicó, añadiendo que su madre y él estuvieron sólo unas horas allí antes de tomar el camino de vuelta. “Las facciones políticas libias deben garantizar que la comunidad tawargha está protegida contra toda forma de intimidación, amenaza y ataque y ordenar a todas las milicias afines que la permitan regresar a su ciudad en condiciones de seguridad”, ha señalado Heba Morayef. “Es esencial que el gobierno de Acuerdo Nacional y las autoridades de Misrata, incluido el Consejo Local de Misrata, tomen las riendas del proceso de posibilitar y garantizar el regreso de la comunidad tawargha en condiciones de seguridad, lo cual incluye vigilar el proceso de regreso y asentamiento y la rehabilitación de las viviendas, colegios e infraestructura de la ciudad.” Amnistía Internacional pide a las autoridades de Misrata, los miembros del Consejo Municipal de Misrata y el Consejo Presidencial de Libia del gobierno de Acuerdo Nacional y el Ministerio de Justicia que, además de garantizar el regreso de las familias desplazadas a Tawargha en condiciones de seguridad, hagan valer el derecho de las víctimas tawargha a pedir verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos que han soportado y continúan sufriendo.“Un acuerdo que ignora los horribles crímenes contra la comunidad tawargha está condenado al fracaso”Heba Morayef, Amnistía Internacional
