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Libia: Indignación por las condenas de muerte impuestas a oficiales de Gadafi tras juicio defectuoso

Saif Al-Islam Gaddafi en una foto de archivo de 2011 © AP GraphicsBank

Las condenas impuestas hoy a más de 30 altos cargos de la época de Gadafi, 9 de ellas a muerte, suceden a un juicio empañado por graves defectos que ponen de relieve la incapacidad de Libia para administrar justicia eficazmente en consonancia con las normas internacionales sobre juicios justos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Entre las 9 personas condenadas a muerte por crímenes de guerra y otros delitos cometidos durante el conflicto armado de 2011 están Saif al Islam al Gadafi, hijo del coronel Muamar Gadafi, y Abdalá al Sanussi, ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar. De los otros 23 ex altos cargos juzgados, uno ha sido remitido para tratamiento médico sin dictarse sentencia en su caso, 4 han sido absueltos y al resto se les han impuesto penas que oscilan entre cinco años de prisión y la cadena perpetua.

En lugar de contribuir al esclarecimiento de la verdad y garantizar que se rinden cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 2011, este juicio pone al descubierto la debilidad de un sistema de justicia penal que pende de un hilo en un país dividido por la guerra que carece de autoridad central", ha afirmado Philip Luther, director de Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Era un caso que sin duda iba a poner a prueba al poder judicial, pero al final ha venido a poner en evidencia las dificultades de hacer justicia en un momento de primacía de las armas sobre el Estado de derecho.

Las condenas a muerte, que son violaciones de derechos humanos en su máxima expresión, añaden sal a la herida y deberían ser revocadas en apelación."

Las condenas serán recurridas previsiblemente ante la sala de casación del Tribunal Supremo de Libia. El derecho a un juicio justo de las personas que hoy han sido declaradas culpables requiere una revisión completa, independiente e imparcial de las actuaciones y las pruebas presentadas en su contra y, en la vista de apelación, el Tribunal Supremo deberá abordar las graves acusaciones sobre violaciones de derechos humanos y de garantías procesales en este caso. Para ello debe ejercer su facultad de examinar tanto las pruebas vistas en el juicio como la interpretación de la ley que hace el tribunal.

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo que Saif al Islam al Gadafi sea entregado a la Corte Penal Internacional, cuya orden de detención dictada contra él sigue vigente.

“Las autoridades libias se negaron a entregar a Saif al Islam al Gadafi a la Corte Penal Internacional para demostrar que eran capaces de administrar justicia internamente. Hasta ahora no lo han hecho, puesto que Saif ha sufrido una sucesión de violaciones de derechos humanos. En la práctica ha sido juzgado y condenado in absentia y continúa recluido en régimen de aislamiento en un lugar secreto y sin acceso a un abogado", ha afirmado Philip Luther.

La única ruta hacia la justicia real para las víctimas de los graves delitos perpetrados durante el conflicto de 2011 es entregar a Saif al Islam al Gadafi a la Corte Penal Internacional y garantizar que todas las personas leales a Gadafi que están detenidas son juzgadas con las debidas garantías."

 

Información complementaria

El juicio de los "símbolos del antiguo régimen", como se lo denomina en Libia, se celebró del 24 de marzo de 2014 al 21 de mayo de 2015. Saif al Islam al Gadafi, Abdalá al Sanussi y otros 35 altos cargos –incluidos ex diplomáticos, ministros y miembros de organismos de seguridad– fueron acusados de una cadena de delitos cometidos durante la sublevación de 2011 y el conflicto que se desató posteriormente. Incluyen bombardeos indiscriminados, incitación a la violación, dar orden de abrir fuego contra manifestantes, reclutar y armar a mercenarios y participar en masacres y actos de vandalismo y saqueo.

Amnistía Internacional considera que muchos de los 37 acusados han sido privados del derecho a contar con representación letrada, a guardar silencio, a ser informados sin dilación de los cargos contra ellos, a impugnar las pruebas presentadas en su contra y a estar presentes en el juicio oral. En algunos casos, los detenidos permanecieron largos periodos recluidos en régimen de incomunicación y en lugares de detención no oficiales.

Saif al Islam al Gadafi, quien estaba bajo la custodia de milicias en Zintán, y otros siete acusados recluidos en Misrata asistieron al juicio por videoconferencia. Hubo momentos en que la mala calidad de la conexión por satélite le impidió seguir los procedimientos. Saif al Islam al Gadafi dejó de comparecer por videoconferencia en el juicio cuando estalló el conflicto en la parte occidental de Libia el año pasado, que terminó con la retirada de las brigadas de Zintán de Trípoli; eso significa que en la práctica fue juzgado in absentia.

La organización tiene entendido que a muchos acusados los interrogaron sin que hubiera un abogado presente, a pesar de que lo solicitaron repetidamente y de las garantías que establece la legislación libia. No parece que se hayan investigado debidamente las denuncias de tortura y otros malos tratos planteadas por la defensa. A algunos no les asignaron abogado de oficio hasta después de comenzado el juicio, por lo que su derecho a una defensa efectiva fue lesionado.

Muchos abogados defensores no pudieron ver a sus clientes de manera confidencial en la prisión de alta seguridad de Al Habda, donde también se celebraba el juicio. Algunos abandonaron el caso tras asegurar que habían sufrido amenazas, intimidación y acoso.

Los argumentos de la acusación se basaban en gran medida en pruebas basadas en las declaraciones de unos 240 testigos, pero ninguno fue llamado a declarar ante el tribunal ni sometido a preguntas de la parte contraria. En cambio, a los abogados defensores sólo se les permitió llamar a declarar a dos testigos por acusado, y manifestaron que habían tenido dificultades para citar a testigos por la inseguridad reinante.

El juicio se celebró en el contexto de la reanudación de los conflictos, que dieron lugar a la desintegración de la autoridad central y la división de las instituciones del Estado a mediados de 2014. Desde entonces, todas las partes han cometido graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, algunos constitutivos de crímenes de guerra. La violencia ha reducido considerablemente la capacidad de observación de los procedimientos de la comunidad internacional y ha debilitado aún más el sistema de justicia penal. El Ministerio de Justicia del gobierno reconocido internacionalmente, con sede en el este del país, afirmó que no reconocía la sentencia del tribunal.

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