Miembros de la Agencia de Seguridad Interna —conjunto de poderosos grupos armados que operan en el este de Libia— han cometido terribles abusos contra los derechos humanos para silenciar a personas críticas y opositoras, como detenerlas arbitrariamente y someterlas a desaparición forzada y tortura, manifestó Amnistía Internacional.
El Parlamento de Libia —la Cámara de Representantes— está examinando los presupuestos para 2021 presentados por el gobierno, que prevén dotaciones para milicias y grupos armados con historiales de abusos contra los derechos humanos, incluida la Agencia de Seguridad Interna. Amnistía Internacional pide al Gobierno de Unidad Nacional que no premie con legitimidad y salarios a milicias y grupos armados responsables de abusos.
Ex agentes de seguridad de la época de Gadafi pertenecientes a la Agencia de Seguridad Interna, denostado cuerpo de seguridad e inteligencia que gozaba de poderes sin control, han vuelto a emerger en años recientes al unirse a un conjunto de grupos armados que utilizan ese mismo nombre, Agencia de Seguridad Interna, y que operan en los bastiones de las autodenominadas Fuerzas Armadas Árabes Libias bajo el mando del general Khalifa Haftar.
“Los grupos armados de la Agencia de Seguridad Interna han acogido entre sus filas a agentes de la época de Gadafi y reavivado tácticas de represión brutales. Han secuestrado, torturado y sometido a desaparición forzada a cientos de personas por su filiación tribal o en represalia por sus opiniones con el claro objetivo de sofocar cualquier crítica a quienes ejercen el poder en el este de Libia”, afirmó Heba Morayef, directora regional de la Oficina Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“En lugar de incorporar en instituciones estatales a grupos armados sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional e intentar ganarse su lealtad o anotarse tantos políticos al proporcionarles respaldo económico, el Gobierno de Unidad Nacional y quienes controlan el territorio de facto deben tomar medidas para hacer rendir cuentas a los responsables. Cualquier intento de integrar a miembros de milicias o grupos armados debe implicar una rigurosa y exhaustiva verificación de antecedentes caso por caso.”
Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas que habían sufrido abusos en 2020 y 2021 —algunas de ellas habían estado detenidas o eran familiares de víctimas, activistas o profesionales de la abogacía— y concluyó que grupos de la Agencia de Seguridad Interna de las ciudades de Bengasi, Al Marj, Ajdabiya, Derna y Sirte habían atacado a personas por su filiación tribal, así como a activistas, periodistas y críticos con las Fuerzas Armadas Árabes Libias y los grupos armados afiliados a ellas.
Regreso a las prácticas represivas de la época de Gadafi
Amnistía Internacional determinó que hombres fuertemente armados afiliados a la Agencia de Seguridad Interna aprehendieron a hombres, mujeres y niños y niñas en sus casas, la calle u otros lugares públicos, sin orden judicial, a veces vendándoles los ojos o cubriéndoles la cara por completo y agrediéndolos físicamente mientras se los llevaban. Las personas aprehendidas fueron recluidas en lugares controlados por la Agencia de Seguridad Interna sin acceso a asistencia letrada ni familiares durante largos periodos de tiempo, en condiciones que constituyen desaparición forzada y facilitan la tortura y otros malos tratos. Desde 2014, miembros de la Agencia de Seguridad Interna han secuestrado a cientos de personas en zonas controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias.
Todas las personas entrevistadas contaron a Amnistía Internacional que miembros de la Agencia de Seguridad Interna las habían golpeado a ellas o sus seres queridos con objetos como las culatas de los rifles o tuberías de agua y las habían amenazado con ejecutarlas, someterlas a violencia sexual y reclusión indefinida y con ejercer violencia contra sus familiares con el objetivo de obtener información o confesiones. Personas que habían estado detenidas también describieron que las habían recluido en celdas sucias sin ventilación, en condiciones de hacinamiento y escasa alimentación, y las habían sometido a trabajos forzados.
Un hombre contó a Amnistía Internacional su detención a mediados de 2020 por miembros de un grupo de la Agencia de Seguridad Interna en el este de Libia, tras publicar un texto en las redes sociales en el que criticaba las medidas tomadas para combatir la propagación de la COVID-19. Dijo que miembros de la Agencia de Seguridad Interna lo habían acusado de herejía y de apoyar a la Hermandad Musulmana y lo habían golpeado con armas de fuego y tuberías de agua y propinado puñetazos y patadas durante cuatro días.
En Ajdabiya, Amnistía Internacional recogió testimonios de torturas a manos la Agencia de Seguridad Interna de varios miembros de la tribu Maghabra por su presunta vinculación con Ibrahim Jadran, ex líder de la Guardia de las Instalaciones Petroleras, grupo armado rival de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Amnistía Internacional examinó fotografías del cuerpo de un hombre que presentaba señales de tortura coherentes con su testimonio de cómo miembros de la Agencia de Seguridad Interna en Ajdabiya le habían golpeado con tuberías de agua y atado la pierna con un alambre de púas.
También hay mujeres entre las personas secuestradas y privadas de libertad de forma ilegítima por la Agencia de Seguridad Interna a consecuencia de su presunta oposición a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Por ejemplo, el 25 de marzo de 2021 miembros de la Agencia de Seguridad Interna en Bengasi secuestraron en la calle a Haneen al Abduli, hija de la abogada asesinada Hanan al Barassi, y la recluyeron hasta el 28 de junio de 2021 únicamente por sus peticiones púbicas de rendición de cuentas por el homicidio de su madre.
Centenares de personas detenidas por la Agencia de Seguridad Interna, algunas durante años sin juicio, fueron remitidas finalmente a juicios militares en todo el este de Libia. Otras quedaron en libertad sin cargos tras ser obligadas a firmar declaraciones en las que prometían no criticar a las Fuerzas Armadas Árabes Libias ni los grupos armados afiliados a ellas, especialmente en las redes sociales, y abstenerse de salir de determinadas zonas. Miembros de la Agencia de Seguridad Interna también mantuvieron el control en el este de Libia mediante el hostigamiento y la intimidación de opositores políticos, personas críticas con las Fuerzas Armadas Árabes Libias, activistas en favor de la democracia y defensores y defensoras de los derechos humanos, mediante llamadas de teléfono amenazantes, citaciones para interrogatorios y la advertencia de que, si continuaban con su activismo, las someterían a detención prolongada, tortura o incluso la muerte. Personas que habían estado detenidas y activistas contaron a Amnistía Internacional que, a raíz de las represalias y del temor a sufrirlas, se abstenían de ejercer públicamente su derecho a la libertad de expresión o querían abandonar el este de Libia.
La Agencia de Seguridad Interna en Ajdabiya citó varias veces al activista y director de la sede de la Media Luna Roja en Ajdabiya, Mansour Attia, en los meses anteriores a su secuestro el 3 de junio de 2021 por hombres armados no identificados. Su suerte y su paradero siguen siendo desconocidos.
“El Gobierno de Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias deben tomar de inmediato medidas de presión para se deje en libertad a todas las personas que están recluidas únicamente por expresar opiniones críticas o por sus afiliaciones tribales. Es indignante que en lugar de procurar la rendición de cuentas y poner fin al ciclo de abusos de la Agencia de Seguridad Interna, las autoridades libias vuelvan de nuevo a legitimar y apaciguar a milicias y grupos armados que no responden ante nadie”, manifestó Heba Morayef.
La legitimación y financiación por el Gobierno de Unidad Nacional de grupos armados responsables de abusos
El último presupuesto propuesto por el Gobierno de Unidad Nacional, presentado el 3 de agosto y aún pendiente de aprobación en el parlamento de Libia, asigna financiación a milicias y grupos armados que operan en toda Libia: 260 millones de dinares libios (57 millones de dólares estadounidenses) a la Agencia de Seguridad Interna y 2.500 millones de dinares (550 millones de dólares) a las Fuerzas Armadas Árabes Libias.
El presupuesto también prevé dotaciones para otras milicias abusivas y ajenas a la rendición de cuentas que en teoría están controladas por el Gobierno de Unidad Nacional y que operan en el oeste de Libia, incluidos 146 millones de dinares libios (32 millones de dólares estadounidenses) para las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada), bajo el mando de Abdel Raouf Kara; 40 millones de dinares (8,9 millones de dólares) para la Agencia de Apoyo a la Estabilidad, dirigida por Abdulghani al Kikli, conocido como Gheniwa, y 35 millones de dinares (7,8 millones de dólares) para la Agencia de Seguridad Pública dirigida por Emad al Tarabulsi.
Información complementaria
Libia había estado dividida entre dos entidades e instituciones paralelas en pugna por la legitimidad y el control en el este y el oeste del país desde 2014 hasta que en marzo de 2021 se nombró un Gobierno de Unidad Nacional. Este gobierno, no obstante, está teniendo dificultades para ejercer el control efectivo del territorio libio, dado que aún hay grupos armados que controlan grandes zonas del este y el sur de Libia.
El conjunto de grupos armados conocido como Agencia de Seguridad Interna en el este de Libia comenzó a operar después de que las Fuerzas Armadas Árabes Libias se hiciesen con el control de la zona durante la ofensiva conocida como operación “Dignidad” lanzada por el general Khalifa Haftar a principios de 2014. En sus filas había varios miembros de la Agencia de Seguridad Interna de la época de Gadafi. Estos grupos operaban formalmente bajo el nombre de Agencia de Investigaciones Generales, que sin embargo era coloquialmente conocida como Agencia de Seguridad Interna (Jihaz al Amn al Dakhli). En junio de 2018, el gobierno provisional de Abudallah al Thinni en el este de Libia, aliado con las Fuerzas Armadas Árabes Libias, cambió formalmente su nombre a Agencia de Seguridad Interna.
En 2017, la Cámara de Representantes aliada con las Fuerzas Armadas Árabes Libias emitió un decreto que ponía a las fuerzas de la Agencia de Seguridad Interna bajo el mando de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Los testimonios y otra información recogidos por Amnistía Internacional apuntan a la cooperación y transferencia de detenidos entre la Agencia de Seguridad Interna y otros grupos armados vinculados a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, incluida la policía militar y las brigadas 128 y Tarek Ibn Zeyad.
Los grupos armados de la Agencia de Seguridad Interna que operan bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias tienen cada uno su propio mando; en teoría, todos ellos responden ante un único alto mando, Imhamed Kamel, nombrado en diciembre de 2020 por la Cámara de Representantes.
En el oeste de Libia opera una entidad independiente también denominada Agencia de Seguridad Interna dirigida por Lotfi al Harari y sometida en teoría a la autoridad del primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional.
