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Líbano: Las personas migrantes empleadas de hogar deben ser protegidas durante la pandemia

© PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

El gobierno de Líbano debe anunciar de inmediato un conjunto de medidas para proteger a trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico durante la pandemia de COVID-19, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades deben garantizar que el personal doméstico migrante no es sometido a condiciones de explotación laboral durante el confinamiento, y que todos los trabajadores y trabajadoras de este sector tienen acceso a asistencia médica durante la pandemia, incluso si carecen de documentos.

Se calcula que 250.000 personas migrantes que trabajan en el servicio doméstico están atrapadas en el sistema de kafala vigente en el país, lo que pone en peligro su vida y sus derechos durante el brote epidémico.

El sistema de kafala siempre ha sido una forma de encarcelamiento en el hogar para las personas migrantes que trabajan en el sector doméstico. Aunque permanecer en casa ayudará a evitar la propagación de la COVID-19, para las personas migrantes que trabajan internas en el servicio doméstico también supondrá mayor riesgo de sufrir explotación y otros abusos a manos de sus entidades empleadoras”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las condiciones laborales abusivas, las amenazas de violencia y la vida en confinamiento también pueden hacer estragos en la salud mental de las personas empleadas en el servicio doméstico, muchas de las cuales están muy lejos del hogar y la familia.

Dado que se trata de uno de los grupos de población más marginados en Líbano, el gobierno debe advertir claramente que se emprenderán acciones judiciales contra quienes exploten o abusen de su personal doméstico migrante, y asimismo garantizar el acceso de estas personas a asistencia médica durante la pandemia.

Largas jornadas de trabajo, privación de días de descanso, negación o reducción de la paga, restricción de las comunicaciones o privación de comida son algunos ejemplos de los abusos y la explotación que sufren los trabajadores y trabajadoras migrantes del servicio doméstico.

Las autoridades libanesas deben garantizar que los derechos humanos ocupan un lugar central en todas las iniciativas de prevención, contención y tratamiento durante la pandemia de COVID-19, a fin de proteger la salud pública de la mejor manera posible. En virtud del derecho a la salud, los bienes, establecimientos y servicios de asistencia médica deben ser accesibles y estar disponibles para todas las personas sin discriminación, especialmente las pertenecientes a los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad.

Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio de Trabajo libanés que tome medidas de inmediato para ayudar a proteger al personal doméstico interno, por ejemplo emitiendo circulares que definan claramente las sanciones previstas para las entidades empleadoras que exploten al personal. Asimismo debe establecer un mecanismo de denuncia concebido específicamente para las personas migrantes que trabajan en el sector doméstico, y garantizar que se activa plenamente la línea telefónica de emergencia del Ministerio para denunciar abusos y que estos trabajadores y trabajadoras conocen su existencia.

Personas migrantes sin documentos que trabajan en el sector doméstico

Miles de personas migrantes empleadas en el sector doméstico que carecen de permiso de trabajo están trabajando sin autorización en el país o atrapadas en centros de detención en espera de su deportación.

Como ha demostrado repetidamente la investigación de Amnistía Internacional, el personal doméstico migrante que carece de documentos de identidad suele tener dificultades para acceder a asistencia médica y otros servicios públicos.

El Ministerio de Salud debe poner en marcha una campaña de sensibilización dirigida a estos trabajadores y trabajadoras sobre los síntomas de la COVID-19, cómo protegerse y dónde realizarse las pruebas del virus incluso si carecen de documentación. Todas las personas deben tener acceso a pruebas y asistencia médica, y no debe privarse a nadie de ese acceso por carecer de documentación.

Además, el Ministerio de Interior debe garantizar que toda persona migrante empleada en el sector doméstico que esté actualmente en detención administrativa por carecer de un permiso de residencia válido tiene acceso a asistencia médica adecuada sin sufrir discriminación.

“En una crisis mundial de salud pública como la que ha desatado la COVID-19, por lo general ninguna detención basada exclusivamente en motivos relacionados con la migración puede estar justificada. En un momento así, las autoridades deben intentar reducir la población reclusa, no aumentarla”, ha dicho Heba Morayef.

“Cuando no sea posible garantizar el derecho a la salud de las personas detenidas por motivos de inmigración, o cuando las deportaciones no se puedan realizar en breve, se debe liberar a estas personas.”

Información complementaria

Líbano acoge a más de 250.000 personas migrantes empleadas en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, que proceden de países africanos y asiáticos y trabajan en domicilios particulares. El personal doméstico migrante de Líbano se encuentra atrapado en una red tejida por el sistema de kafala, régimen de patrocinio migratorio intrínsecamente abusivo que aumenta el riesgo de que sufra explotación laboral, trabajo forzoso y tráfico de personas, sin apenas posibilidad de conseguir reparación.

En el informe ‘Their House is my Prison’: Exploitation of Migrant Domestic Workers in Lebanon, publicado en abril de 2019, Amnistía Internacional denuncia los abusos constantes que sufren estas personas a manos de sus entidades empleadoras, que las obligan a hacer largas jornadas de trabajo, les niegan días de descanso, les retienen o reducen el sueldo, les confiscan el pasaporte, restringen gravemente su libertad de circulación y comunicación, las privan de alimentación y alojamiento adecuado, las someten a insultos y agresiones, y les niegan asistencia médica. La organización ha documentado también algunos casos extremos de trabajo forzoso y tráfico de personas.

En marzo de 2020, Amnistía Internacional contribuyó a la consulta dirigida a reformar el contrato unificado estándar para trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico. Amnistía Internacional pide a la ministra de Trabajo, Lamia Yammine, que garantice que el borrador de la reforma incluye disposiciones que aborden las actuales desigualdades y el desequilibrio de poder entre la entidad empleadora y el trabajador o trabajadora, así como otros aspectos restrictivos del sistema de kafala.