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Ley de Seguridad Ciudadana: el vídeo que todos los parlamentarios deberían ver

Análisis de Amnistía Internacional sobre las enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

  • Amnistía Internacional considera que los y las diputadas en el Congreso deben proteger el derecho de reunión, expresión e información y exigir cambios en el Proyecto de Ley
  • #DerechoAprotestar

Madrid.- Este martes la Comisión de Interior se reúne para la ponencia del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y comienza la discusión sobre el texto. Por ese motivo, Amnistía Internacional ha hecho llegar a los grupos parlamentarios un vídeo en el que se muestra como la libertad de información está en peligro en España y ha recordado a los y las diputadas que es necesario que incluyan y exijan modificaciones en la Ley para proteger este derecho, así como el de reunión y expresión.

 

El vídeo recoge una serie de imágenes en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado golpean, insultan e impiden las grabaciones de periodistas que están desarrollando su actividad profesional durante diferentes manifestaciones. “Amnistía Internacional lleva años documentando abusos policiales por parte de la policía en las protestas. Si se aprueba este artículo 36.26, que sanciona el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el derecho de información como otros derechos humanos estarían peligrando”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.“Grabar este tipo de imágenes podría ser sancionado hasta con 30.000 euros de multa”, ha añadido Beltrán.

 

La organización, que ya envió a todos los grupos un análisis del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones, considera que no sólo el grupo Parlamentario Popular, precursor de este Proyecto de Ley, así como de algunas enmiendas que amenazan los derechos humanos, sino también el resto de partidos deben tener en cuenta las preocupaciones de las organizaciones y movimientos sociales. Por ello, la organización ha analizado qué grupos parlamentarios han tenido en cuenta la protección de estos derechos y cuáles no.

 

“Es realmente preocupante que los principales grupos parlamentarios no hayan contemplado una de las recomendaciones más importantes sobre el derecho de manifestación del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la de no sancionar las manifestaciones espontáneas ante un hecho que hace imposible la notificación previa”, ha declarado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.

Otra de las preocupaciones que deberían incluir los grupos es el hecho de que frente al aumento del poder de la policía a la hora de sancionar, no se introduzca ningún mecanismo que favorezca la rendición de cuentas y la supervisión de sus actuaciones.


Información complementaria

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de julio, después de que el Gobierno llevara a cabo una serie de correcciones al primer texto planteado, que suscitó preocupación por diversas organizaciones y movimientos sociales, incluyendo algunas de las recomendaciones de Amnistía Internacional. El proyecto fue debatido en el Pleno del Congreso el pasado 16 de octubre, donde todos los grupos plantearon enmiendas a la totalidad del texto, mostrando su desacuerdo con esta iniciativa.

 

No es el único texto que suscita inquietud a Amnistía Internacional, quien ha mostrado también su preocupación por la reforma del Código Penal en marcha que, de aprobarse, también podría poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, la reciente intención del Gobierno de usar una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para introducir una disposición en la Ley de Extranjería que permitiría las devoluciones sumarias en frontera en Ceuta y Melilla, también violaría los compromisos que España tiene con los tratados internacionales de derechos humanos.

 

Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para pedir a los grupos parlamentarios que protejan el derecho de protesta durante este proceso de debate de la Ley.

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