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Ley de protección de infancia y adolescencia: pasos adelante, pero insuficientes

Imagen del Congreso. © Javier Micora

Madrid.- Amnistía Internacional valora positivamente la introducción de algunos aspectos relevantes de derechos humanos en la nueva ley de protección de infancia y adolescencia que se aprobó ayer en el Congreso. Pese a ello, La organización llama la atención sobre otros aspectos que aún necesitan ser mejorados para adaptarse a los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la protección de niños y niñas.

Entre los aspectos positivos destaca la introducción de criterios que permiten identificar el interés superior del menor, así como el derecho del menor a ser escuchado en procesos que le afecten. Ambas cuestiones están en línea con las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño realizó a España en 2011.

Por otro lado, la introducción de un apartado específico dedicado a menores con trastornos de conducta supone un avance respecto a la situación anterior, recogiendo aspectos relevantes como la necesidad de que la permanencia de los/as menores en centros sea la estrictamente necesaria. También son medidas positivas la existencia de un libro de registros que recoja las medidas de seguridad aplicadas en centros y la necesidad de que sea un facultativo médico quien prescriba la medicación. Sin embargo sigue siendo motivo de preocupación la indefinición que sigue produciéndose en relación a los/as menores que deben ingresar en este tipo de centros. 

 

Deficiencias de la ley que deben ser subsanadas
Ante las deficiencias del texto de la ley aprobada por el Congreso, Amnistía internacional insta a las autoridades a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, tanto en el posterior desarrollo reglamentario como en futuras modificaciones del texto:

  • Deben recopilarse datos fehacientes, consolidados y actualizados de cuántos menores hay bajo el sistema de protección, ya que sólo a partir de la recogida de estos datos se podrán desarrollar medidas legislativas y políticas eficaces sobre ellos. Es positivo que dentro del proyecto se prevea un sistema de información compartido, pero debe garantizarse la producción y publicación de estadísticas que permitan cuantificar el número de menores en el sistema de protección en toda España.
  • Pese a que la organización valora positivamente la inclusión en la ley de autorización judicial para el ingreso en centros para menores con trastornos de conducta, genera preocupación la existencia de un procedimiento de urgencia que podría permitir que un/a menor sea ingresado durante cinco días sin resolución judicial. Esta urgencia tiene difícil justificación si se tiene en cuenta que la ley prevé que en este tipo de centros ingresen tan solo menores con un patrón de conducta identificado y diagnosticado.
  • Amnistía Internacional considera un avance que la nueva ley limite la adopción del aislamiento como medida de contención y le otorgue carácter excepcional. Sin embargo, preocupa que no queden especificadas otras cuestiones como por ejemplo el recinto donde debe aplicarse o qué características debe tener, pudiendo convertirse en una medida sancionadora encubierta.
  • La organización lamenta que el régimen disciplinario quede en manos de las Comunidades Autónomas, pudiendo generarse disparidades entre autonomías que supongan vulneraciones de derechos humanos. En el pasado la organización expresó su preocupación por la desprotección y vulnerabilidad generada por algunas normativas autonómicas que contradicen con claridad la normativa internacional permitiendo sanciones que se encuentran prohibidas en la misma.
  • Es un avance que el derecho de visitas no podrá restringirse por aplicación de medidas disciplinarias, pero se observa con preocupación que se prevea la posible restricción o supresión del derecho de salida y de las comunicaciones y el carácter secreto de las mismas con fines educativos. Esto es contradictorio con las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad.


Información complementaria

En 2009 y 2010 Amnistía Internacional publicaba dos informes España: Menores en Centros Terapéuticos. Si vuelvo me mato (I y II) donde la organización recogía testimonios de desprotección institucional y abusos contra los derechos humanos, exigiendo la necesidad de establecer unos estándares claros sobre la situación jurídica de los menores en el caso de ingreso en este tipo de centros, y evitar así que en ningún caso, ellos o sus familiares se encuentren desprotegidos. 

En los últimos meses Amnistía Internacional ha tenido contacto con todos los grupos parlamentarios para trasladarles sus recomendaciones en relación con la Ley aprobada hoy, disponibles en el documento Recomendaciones de Amnistía Internacional  a la Ley de infancia: Una modificación aún insuficiente.