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Las Víctimas de la violencia necesitan una solución

Johannesburgo.- Amnistía Internacional ha hecho público hoy un informe que denuncia el sufrimiento que padece el pueblo de Zimbabue mientras los tres principales partidos políticos del país luchan para formar un gobierno de inclusión. “Cada día que pasa sin una solución política, las condiciones de vida de la gente corriente de Zimbabue se hacen más y más desesperadas”, ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue.

El informe de la organización, titulado Zimbabwe – Time for Accountability, examina el impacto de la violencia postelectoral en las víctimas y formula recomendaciones a todas las partes que participan en las actuales conversaciones políticas sobre cómo romper el ciclo de la impunidad que afecta al país desde hace décadas.

“Nos preocupa que los derechos humanos no estén en el centro del proceso de negociación. Las negociaciones deberían girar en torno a proporcionar justicia y auxilio a las personas, no sólo a la política. El pueblo de Zimbabue vive en la cuerda floja y no puede permitirse esperar a que la pelea política llegue a su fin.”

“Mientras los partidos siguen negociando los detalles políticos, la población más vulnerable corre un peligro cada vez mayor de sufrir un hambre extrema. Muchas personas sobreviven ya a base de fruta silvestre.”

Amnistía Internacional ha advertido de que, con la llegada de la estación de las lluvias, decenas de miles de agricultores zimbabuenses que han sido víctimas de la reciente oleada de violaciones de derechos humanos promovida por el Estado afrontan otra temporada agrícola malograda.

“La comunidad internacional —y concretamente los líderes del África Meridional— no deben mantenerse al margen y mirar cómo el pueblo de Zimbabue se desliza hacia una pobreza y una desesperación cada vez más profundas mientras sus líderes políticos se pelean.”

“La formación de un gobierno de inclusión es una gran oportunidad para abordar un legado de impunidad por las violaciones de derechos humanos que viene de lejos y crear una nueva cultura de respeto a esos derechos”, manifestó Simeon Mawanza.

La mayoría de las víctimas de la violencia política procedentes de las zonas rurales son agricultores de subsistencia que trataban de alimentar a sus familias. Con brazos y piernas rotos por las palizas y torturas, no pueden cultivar sus tierras en la inminente temporada agrícola, lo que les obliga a depender de la ayuda alimentaria, posiblemente para el resto de sus vidas.

“Si pensamos que la situación alimentaria en Zimbabue es mala ahora, esperen hasta final de año, cuando es probable que la mitad de la población necesite ayuda”, afirmó Simeon Mawanza.

Lyn, agricultora de 86 años, mantenía a su familia con los alimentos que cultivaba en sus campos. En julio fue agredida por no asistir a las reuniones de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF): unos “veteranos de guerra” le causaron lesiones en la espalda y le rompieron un brazo. Lyn declaró a Amnistía Internacional: “Ahora estoy discapacitada. No puedo trabajar en el campo, quiero que me compensen por las lesiones. Quiero que [mis agresores] respondan ante la justicia.”

Nadie ha rendido cuentas por las graves violaciones de derechos humanos —que incluyen palizas y torturas— cometidas en el contexto de las elecciones, a pesar de que los agresores eran identificables.

La inmensa mayoría de las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional declararon que conocían los nombres de sus agresores, que en su mayor parte pertenecían a las fuerzas de seguridad, eran “veteranos de guerra” o activistas locales de la ZANU-PF. El hecho de que los perpetradores ni siquiera tratasen de ocultar su identidad muestra el grado de confianza que tenían en que nunca deberán rendir cuentas por sus crímenes.

Las violaciones que se cometieron después de las elecciones de marzo fueron promovidas por el Estado y los autores son conocidos. Muchos pertenecían a las fuerzas de seguridad y no hicieron ningún intento de ocultar su identidad. En numerosas ocasiones utilizaron vehículos oficiales.

“Desde el año 2000, el gobierno de la ZANU-PF ignora las pruebas de violaciones de derechos humanos, eximiendo así a los autores de cualquier tipo de rendición de cuentas y permitiéndoles creer que pueden seguir actuando. Romper este ciclo de violaciones debe ser la máxima prioridad para el nuevo gobierno, cuando se forme”, declaró Simeon Mawanza.

“Hay que reconocer los derechos de las víctimas a un remedio efectivo —su derecho a una compensación, a conocer la verdad y a obtener una satisfacción derivada de ver que los autores comparecen ante la justicia—; eso dará a entender que la nueva Zimbabue no tolerará que las diferencias políticas se ‘resuelvan’ con palizas y torturas.”










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