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Las víctimas de desalojo forzoso que han quedado en la indigencia deben recibir una indemnización adecuada

Una madre y su hijo pasean por las chabolas del asentamiento informal de Badia East en Lagos. © AFP/Getty Images

El Banco Mundial ha dado su aprobación al paquete de indemnizaciones inadecuado del gobierno del estado de Lagos para miles de personas desalojadas por la fuerza de un asentamiento informal, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy lunes.

El informe, At the mercy of the Government, revela que los residentes de Badia East cuyas viviendas fueron derribadas por bulldozers el 23 de febrero de 2013 no han recibido una indemnización adecuada del gobierno por sus pérdidas, y que el Banco Mundial ha refrendado indebidamente un proceso de indemnización que no se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos ni a la política del propio Banco.

“Es indignante que a una comunidad que ha quedado en la indigencia debido a las acciones del gobierno del Estado de Lagos, el mismo gobierno le haya negado un recurso efectivo, y que el Banco Mundial haya sido cómplice en este asunto”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

“La demolición por bulldozers de cientos de casas y negocios destruyó medios de vida y dejó sin hogar a miles de personas. La posterior inacción en lo relativo a proporcionar un recurso efectivo no ha hecho más que agravar el sufrimiento de las víctimas al hundirlas aún más en la pobreza.”

El asentamiento informal de Badia East, en el Estado de Lagos, fue elegido como beneficiario de un proyecto financiado por el Banco Mundial cuyo objetivo era mejorar el acceso a servicios básicos como el alcantarillado, mediante la inversión en infraestructuras. Sin embargo, la demolición de al menos 266 construcciones que servían como viviendas y negocios tuvo lugar sin consulta auténtica, sin aviso apropiado y razonable y sin posibilidad de recurso por las pérdidas sufridas.

Tras intensificarse las presiones, el gobierno del Estado de Lagos, en colaboración con el Banco Mundial, accedió a elaborar y aplicar con efectos retroactivos un Plan de Acción para el Reasentamiento de los residentes de Badia East con arreglo a la Política sobre Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial. Sin embargo, tanto el contenido del Plan de Acción como el proceso por el que se elaboró vulneraban las normas internacionales de derechos humanos y la política del Banco Mundial.

El Plan de Acción para el Reasentamiento:

  • no ofrecía opciones para viviendas alternativas ni para el reasentamiento en otros lugares;
  • no garantizaba que a las personas afectadas se les ofreciera el apoyo necesario para restablecer sus medios de subsistencia y su nivel de vida;
  • no garantizaba la entrega de una indemnización adecuada a las personas afectadas. En cambio, se ofrecía una “asistencia económica” que contenía cantidades determinadas unilateralmente por el gobierno y que las personas afectadas consideraron inadecuadas. Además, el gobierno del estado de Lagos incumplió el acuerdo sobre indemnizaciones alcanzado por un comité establecido por el propio gobierno y los representantes de la comunidad. El Banco Mundial lo sabía;
  • no prestaba una atención adecuada a abordar las necesidades de todos los grupos desfavorecidos.


A pesar de estas manifiestas deficiencias, el Plan de Acción fue aprobado por el Banco Mundial. El Banco Mundial cometió otra vulneración de su política al no dar a conocer un borrador del Plan de Acción antes de su aprobación, lo que agudizó las dificultades a las que hacían frente las personas afectadas para participar en el proceso.

Aunque algunas personas afectadas solicitaron una inspección completa del caso por parte de la Comisión de Inspección del Banco Mundial –órgano supuestamente independiente de la dirección del Banco–, la solicitud se rechazó y la Comisión también refrendó el Plan de Acción para el Reasentamiento.

“El Plan de Acción –y el proceso por el que se elaboró– incumplió las normas de derechos humanos y no ha abordado el terrible impacto de los desalojos forzosos que ha sufrido la ya vulnerable comunidad de Badia East”, ha afirmado Audrey Gaughran.

“Es indispensable que el gobierno del estado de Lagos actúe de inmediato para garantizar que todas las personas que fueron objeto de desalojo forzoso en Badia East reciben una indemnización plena por sus pérdidas y que aquellas personas que no puedan procurarse una vivienda por sí mismas tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada.”

“El Banco Mundial debe retomar el contacto con el gobierno del estado de Lagos en relación con este caso para cumplir con su deber de atender a las personas afectadas por no haber garantizado el cumplimiento de las normas de derechos humanos y sus propias políticas.”

“Además, el gobierno de Nigeria debe imponer la suspensión de los desalojos masivos hasta que haya adoptado disposiciones legales que permitan proteger a las personas frente a desalojos forzosos, que son ilegales en virtud del derecho internacional.”


Información complementaria

El 23 de febrero de 2013, miles de residentes de Badia East, en el Estado de Lagos, se quedaron sin hogar cuando las autoridades de ese estado, apoyadas por la policía, demolieron viviendas y negocios en la comunidad.

En Badia East no se cumplió ninguna de las salvaguardias legales y de procedimiento que exigen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos en relación con los desalojos. No hubo una consulta auténtica con las personas afectadas para identificar alternativas al desalojo. El gobierno no proporcionó aviso apropiado, recursos legales, viviendas alternativas para las personas que no pudieron procurárselas por sí mismas, ni indemnizaciones por la pérdida de bienes. Las demoliciones en Badia East constituyeron un desalojo forzoso, lo cual viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado en el que Nigeria es parte.

En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, todas las personas, incluidas las que viven en asentamientos informales, tienen derecho a un recurso efectivo cuando se violan sus derechos.

El derecho a una vivienda adecuada, a la seguridad de la persona y a la seguridad del hogar son principios básicos del derecho de los derechos humanos.

En septiembre de 2013, el gobierno del Estado de Lagos negoció con representantes de las víctimas del desalojo forzoso de Badia East con miras a pagar indemnizaciones. El Banco Mundial supervisó la elaboración de un Plan de Acción para el Reasentamiento por el gobierno del estado de Lagos.

En noviembre de 2013 el gobierno del Estado de Lagos redujo la cantidad de la indemnización que había acordado pagar inicialmente en virtud del Plan de Acción. En diciembre de 2013, la comunidad de Badia East aceptó la oferta de indemnización reducida con condiciones.

Entre las condiciones figuraban las siguientes: que el gobierno hiciera una “revisión al alza” del paquete de indemnizaciones en el futuro; que todos los propietarios de construcciones tuvieran derecho de adquisición preferente en el programa de viviendas que el gobierno quiere construir en los terrenos ahora despoblados; y que el Plan de Acción se aplicara lo antes posible.

El gobierno rechazó la aceptación condicional de la oferta de indemnizaciones por la comunidad y a la comunidad sólo le quedó la opción de aceptar sin condiciones el paquete de indemnizaciones recudido.

El 30 de septiembre de 2013, tres personas afectadas, en nombre de la comunidad de Badia en general, presentaron una Solicitud de Inspección ante la Comisión de Inspección del Banco Mundial. La Comisión de Inspección es un mecanismo para la presentación de quejas por parte de las personas que consideran que han sido, o que es probable que sean, afectadas negativamente por un proyecto financiado por el Banco Mundial para expresar sus motivos de preocupación y procurarse un recurso. El 16 de julio de 2014, pese a tener conocimiento de las deficiencias del Plan de Acción para el Reasentamiento, la Comisión decidió no registrar la solicitud.

Badia East es una de las muchas comunidades de Nigeria que han sido desgarradas por desalojos forzosos en los últimos años.

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