Londres.- Transcurrido un año de la guerra entre Georgia y la Federación Rusa, miles de civiles siguen alejados de sus hogares y con escasas perspectivas de retorno en un futuro próximo. Tanto ellos como los varios miles que han podido regresar se enfrentan a un futuro de inseguridad, según afirma Amnistía Internacional en el nuevo informe “Civilians in the aftermath of war. The Georgia/Russia conflict one year on”.
“Cientos de miles de personas deben enfrentarse a la nueva realidad creada por el conflicto y las autoridades tienen la obligación de suavizar en lo posible la transición. Además, son responsables de garantizar justicia y reparación a las víctimas” afirma Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Las autoridades de todas las partes del conflicto tienen la obligación de garantizar el derecho de todas las personas obligadas a huir de sus hogares a regresar en condiciones de seguridad y dignidad y a tener el control de su destino.”
En torno a 192.000 personas se vieron desplazadas durante la guerra, desencadenada la noche del 7 al 8 de agosto de 2008. De las 38.500 personas que abandonaron Osetia del Sur en dirección a la Federación Rusa, parece ser que todas han regresado salvo unas 4.000, según cálculos. Sin embargo, de las 138.000 personas georgianas que se calcula han sufrido desplazamiento por el conflicto, 30.000 no han podido regresar a sus hogares. De éstas, 18.500 personas de etnia georgiana que huyeron a Osetia del Sur y al distrito de Akhalgori se enfrentan a un desplazamiento a largo plazo.
A la mayoría de las personas desplazadas en Georgia se les ha ofrecido alojamiento alternativo o una indemnización. En la actualidad, 8.000 personas viven en 36 nuevos asentamientos rurales o urbanos, provistos de mobiliario y servicios básicos. Como dijeron a Amnistía Internacional, su mayor problema sigue siendo la lejanía de algunos de los asentamientos recién construidos, que dificulta su acceso a hospitales y escuelas y, sobre todo, a puestos de trabajo, por lo que dependen de la ayuda humanitaria.
El informe de Amnistía Internacional, Civilians in the aftermath of War: The Georgia – Russia conflict one year on, revela el entorno de crecientes tensiones y frágil seguridad en que las personas tratan de reconstruir su vida mientras que nadie rinde cuentas por las numerosas violaciones del derecho internacional que se han cometido durante el conflicto. La seguridad sigue siendo un gran desafío en la región del conflicto, donde algunas zonas han quedado prácticamente deshabitadas. Además, muchas de las personas de etnia georgiana que han regresado a zonas adyacentes a Osetia del Sur ya no tienen acceso a sus campos ni a sus huertos, ya que éstos ahora se encuentran en territorio bajo jurisdicción de las autoridades de facto de Osetia del Sur, o porque no se ha limpiado la zona de explosivos.
La difusa línea de demarcación entre Georgia y Osetia del Sur establecida tras la guerra constituye otra fuente más de inseguridad.
La situación se complica debido a la reducida capacidad de escrutinio internacional tras el cierre de las misiones de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la ONU, mientras que los únicos observadores con mandato internacional, los de la Misión de Observación de la Unión Europea, en la actualidad no pueden entrar en zonas controladas por las autoridades de facto de Osetia del Sur (y la otra región escindida, Abjasia).
“Las autoridades de todas las partes del conflicto deben garantizar la seguridad de todas las personas que residen en las áreas afectadas por el conflicto y las que tuvieron que huir pero ahora desean volver a sus hogares. Las partes en conflicto no deben escudarse en motivos políticos para incumplir su obligación de proteger los derechos de las personas bajo su control, contraída en virtud del derecho internacional” afirmó Nicola Duckworth.
La investigación que llevó a cabo Amnistía Internacional inmediatamente después del conflicto proporcionó indicios significativos de que se habían cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad durante el conflicto y con posterioridad. No pareció que las fuerzas georgianas tomaran las debidas medidas de precaución para proteger a los civiles, decenas de los cuales murieron en el curso de su asalto a Tskhinvali la noche del 7 al 8 de agosto de 2008. Según informes, milicias de Osetia del Sur saquearon y destruyeron casas y propiedades de varios pueblos surosetios de mayoría georgiana sin que las fuerzas rusas tomaran medidas suficientes para impedir tales actos. Además, ataques rusos aéreos y de artillería alcanzaron pueblos y ciudades, y hubo informes según los cuales algunos de esos ataques habían sido indiscriminados o dirigidos específicamente contra civiles. Tanto Georgia como Rusia utilizaron bombas de racimo.
“Hasta la fecha, ni las autoridades rusas ni las georgianas han procesado a nadie en relación con las graves violaciones del derecho internacional o del derecho interno durante el conflicto e inmediatamente después” señaló Nicola Duckworth. “No puede haber reconciliación ni paz duradera si no hay verdad y rendición de cuentas.”
Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que tomen medidas para garantizar investigaciones prontas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias que indican que sus respectivas fuerzas han cometido crímenes de derecho internacional durante el conflicto, incluidos crímenes de guerra. Existan o no pruebas admisibles suficientes, las partes deben garantizar que toda persona sobre la que sea razonable pensar que ha cometido un delito de derecho internacional comparece ante la justicia y es procesada con todas las garantías procesales que exigen las normas internacionales.
Para más información, véase:
- Civilians in the aftermath of war. The Georgia/Russia conflict one year on, Amnistía Internacional, agosto de 2009
- Civilians in the line of fire: the Georgia-Russia conflict, Amnistía Internacional, noviembre de 2008
