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Las personas responsables del homicidio ilegítimo y tortura de manifestantes deben responder ante la justicia

Al menos 185 personas murieron durante las protestas en 2013 Sudán © STR / AFP / Getty Images

La brutal represión de las protestas en Sudán debe terminar y los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de matar, herir y torturar a manifestantes deben rendir cuentas, han afirmado Amnistía Internacional y el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) en un informe publicado hoy.

El informe, Excessive and deadly: The use of force, detention and torture against protesters in Sudan, documenta las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes —en su mayor parte pacíficos— durante los últimos dos años. Revela una pauta alarmante de detención y reclusión arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de fuego real, que causa decenas de muertes y heridas. También revela un estado generalizado de impunidad conforme al cual los presuntos responsables de estas violaciones no rinden cuentas por ello.

“La violenta repersión de la disidencia se ha traducido en golpes con porra, palizas y balazos contra quienes han denunciado auténticas injusticias derivadas de la represión y de las medidas de austeridad económica del gobierno”, ha manifestado Manar Idriss, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudán.

“El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza —y, en ocasiones, de medios letales— por parte de las fuerzas de seguridad parece ser un intento deliberado de acallar las protestas. El hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas ilustra la peligrosa cultura de la impunidad existente en Sudán” ha afirmado Katherine Perks, directora de programa del ACJPS. 

El informe examina cuatro protestas que la policía, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) y otras fuerzas de seguridad dispersaron de forma violenta. Se trata de las protestas de alcance nacional celebradas en junio de 2012 y septiembre/octubre de 2013, y de las manifestaciones en la Universidad de Al Jazeera en diciembre de 2012 y en la Universidad de Jartum en marzo de 2014.

La respuesta del gobierno a estas protestas se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos: las fuerzas de seguridad golpearon y dispararon con balas de goma y fuego real a los manifestantes. Durante las protestas de 2013, al menos 185 personas resultaron muertas.

 

Uso ilegítimo de la fuerza

Durante las protestas de 2012, doce manifestantes —diez de los cuales eran menores de edad— murieron por disparos en un solo día. De las 185 personas muertas durante las manifestaciones de 2013, la mayoría recibió disparos en la cabeza o en el pecho. Muchas otras recibieron disparos en la espalda. Se tuvo conocimiento de que una de las personas muertas había resultado herida de bala y que luego le dispararon de nuevo a quemarropa.

Son numerosos los casos en los que, según la información recibida, la policía y el NISS bloquearon el acceso de los manifestantes a los hospitales, o detuvieron a los manifestantes heridos cuando llegaban para recibir tratamiento médico. Otros eligieron no ir al hospital por temor a ser detenidos e intimidados.

 

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Desde 2012, se ha detenido en régimen de incomunicación sin cargos a cientos de manifestantes, incluidos decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de partidos políticos de oposición, estudiantes y otros activistas. Según la información recibida, muchas de las personas detenidas fueron objeto de malos tratos, y los agentes del NISS propinaron puñetazos, puntapiés, descargas eléctricas y golpes con mangueras de goma a decenas de ellas.

Los informes indican que a algunas personas detenidas se las obligó a permanecer de pie en el exterior, en el calor, durante horas, mientras que a otras se las recluyó en celdas que se mantenían deliberadamente frías. A algunas se las obligó a adoptar posturas en tensión, y a otras se las amenazó con violarlas y se les infligieron otros abusos verbales de naturaleza sexual. A muchas se las mantuvo en condiciones de hacinamiento y se les negó la comida y el agua, así como el acceso a servicios de higiene básicos.

 

Impunidad

Pese a que existen indicios verosímiles de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Sudán sigue sin garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales y efectivas, y tampoco ha tomado medidas para ofrecer reparación a las víctimas. Aunque ha designado comités y los ha facultado para investigar los incidentes, nunca ha relevado información sobre su composición, los parámetros de sus investigaciones y sus conclusiones.

La inmunidad legal de la que gozan los representantes del gobierno, incluidos los miembros del NISS y de la policía, ha obstaculizado la rendición de cuentas, puesto que interpone barreras legales a las investigaciones efectivas y a los enjuiciamientos de las violaciones de derechos humanos.

Un año después, solo una de las 85 querellas entabladas por las familias de las víctimas de las protestas de 2013 ha llegado a juicio. Las denuncias presentadas por las víctimas y sus familias se han topado con falta de voluntad para investigar por parte de las autoridades competentes. Algunas de las personas que presentaron denuncias han sufrido acoso e intimidación, por lo que la mayoría de las víctimas, conscientes de los riesgos, no han intentado buscar justicia.

“Las víctimas y sus familias siguen esperando a que se haga justicia, y es necesario que se lleven a cabo con urgencia investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales de los homicidios, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos infligidos a los manifestantes desde 2012”, afirmó Katherine Perks.

“Es esencial que las personas responsables de estas violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia en juicios con las debidas garantías, sin recurrir a la pena de muerte, y que se reformen urgentemente las leyes que conceden inmunidad a las fuerzas de seguridad”, ha afirmado Manar Idriss.

 

Información complementaria

Tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, Sudán perdió dos tercios de sus ingresos procedentes del petróleo, lo que provocó un deterioro de su economía. Los recortes de las subvenciones a los combustibles, el alto precio de los alimentos y el entorno cada vez más represivo desencadenaron sendas oleadas de protestas en 2012 y 2013.

El informe se basa en investigaciones realizadas entre junio de 2012 y agosto de 2014. Amnistía Internacional y el ACJPS se han basado en testimonios de testigos presenciales y de víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias, así como en información que han recabado de estudiantes universitarios, activistas pertenecientes a grupos juveniles, periodistas y abogados que forman parte de la sociedad civil sudanesa.

Amnistía Internacional tiene vetado el acceso a Sudán desde 2006.

En los casos en los que los manifestantes recurrieron a la violencia —tirando piedras y quemando neumáticos—, la respuesta de los servicios de seguridad, que incluyó episodios de disparos de fuego real, fue innecesaria y desproporcionada.