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Las personas refugiadas que llegan a España no se merecen un sistema de asilo arbitrario, discriminatorio e ineficaz

Personas refugiadas frente al CETI de Melilla en un campamento improvisado © Amnistía Internacional

Madrid.- Un sistema discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo. Así describe Amnistía Internacional el sistema de acogida y asilo en España, que recibe estos días, a las primeras personas refugiadas procedentes de Grecia. La organización lanza un nuevo informe, “El asilo en España: un sistema poco acogedor”en la que pide al gobierno que tome medidas concretas para reformar el sistema, que no se adecua a los estándares internacionales ni al apoyo social a darles la bienvenida, tal y como demuestra la reciente encuesta de la organización, así como diversas iniciativas impulsadas por ayuntamientos y Comunidades autónomas.

"España no está dando la bienvenida que se merecen a las personas que huyen de la guerra y la persecución, de manera que puedan acceder a una acogida digna, un procedimiento de asilo justo y efectivo y su plena integración", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Tanto las personas que llegan por Ceuta y Melilla, y que se encuentran con un limbo en el que su derecho a la libre circulación a la Península está limitado y restringido; como aquellas que llegan por otras vías de manera espontánea, o los pocos que el gobierno trae a través del reasentamiento y la reubicación, tienen algo en común: las dificultades que se encuentran para su acogida digna y su posterior integración en el país", añade.

La nacionalidad, una cuestión de privilegio

La organización denuncia además como algunas nacionalidades tienen mayores dificultades para que sus peticiones de asilo sean estudiadas, así como para acceder a los procedimientos de asilo que otras. Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en su último informe sobre España, ha mostrado preocupación por el hecho de que solicitudes de asilo de personas provenientes de países en conflicto, en particular de países de África subsahariana, suelen tomar más tiempo para ser resueltas.

A esto habría que añadir un “criterio de prudencia”, que no se atiene a normas internacionales de derechos humanos, y por el cual muchas peticiones no se estudian a la espera de que la situación de derechos humanos mejore en los países de origen. Así, personas procedentes de Mali, Ucrania o de Territorios Ocupados Palestinos, entre otras, pueden ver su petición de asilo paralizada.

España da la espalda a la crisis
A pesar de encontrarnos ante la crisis más grave de personas refugiadas tras la 2ª Guerra Mundial, las autoridades españolas de diferentes gobiernos no han mostrado voluntad política para compartir su responsabilidad con el resto de miembros de la Unión Europea. La Ley de Asilo en España está obsoleta, y no ha incorporado las últimas Directivas Europeas en materia de asilo. Además, el reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, seis años después, ni siquiera existe, por lo que las ayudas previstas para estas personas se están otorgando de manera desigual y arbitraria a través de normativa de menor rango.

“Mientras las personas esperan, algunas durante años, a que se resuelva su solicitud, hemos visto cómo las ayudas previstas para su acogida son insuficientes y no se adaptan a sus necesidades, algo que puede finalmente llevar a muchas de ellas a la indigencia”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional e investigadora del informe. Amira (nombre ficticio), de nacionalidad libia, tuvo que huir de su país por la persecución sufrida por sus creencias y activismo en favor de los derechos humanos de las mujeres. Solicitó asilo en marzo de 2014 y todavía sigue a la espera de una resolución. Durante los primeros seis meses obtuvo una ayuda, pero al cabo de ese tiempo se quedó en la calle sin más recurso que los 340 euros que se entrega en concepto de “ayuda de salida”.

Por otra parte la falta de entrevistas sistematizadas que tengan en cuenta los criterios de vulnerabilidad provoca que algunas de ellas no reciban la ayuda específica que necesitan. Maryam es un ejemplo. De nacionalidad siria, huyó de la guerra y de la violencia y maltrato por parte de su pareja. Durante el camino fue víctima de un intento de agresión sexual. Llegó sola a España, en una situación especialmente vulnerable. A pesar de los problemas que presentaba, no ha sido debidamente identificada ni ha tenido acceso una atención especializada ni apoyo psicológico. En la actualidad vive en un recurso para personas sin hogar.   
 
El informe documenta también como, tras los primeros meses de acogida, las personas solicitantes de asilo quedan abandonadas a su suerte, enfrentándose a múltiples obstáculos como, por ejemplo, en el acceso a la vivienda. Cuando Drias, (nombre ficticio) sirio solicitante de asilo, habló con Amnistía Internacional, llevaba 9 meses en un centro de acogida de la administración, junto a su mujer, su hijo de 12 años y su hija de 7 años. Les habían comunicado ya que debían abandonar el centro, y la búsqueda de piso estaba siendo tan complicada que finalmente habían acudido a una agencia inmobiliaria a la que habían pagado 600 €, el dinero que el centro había ofrecido en concepto de “ayuda de salida”. Contaron a Amnistía Internacional que a la hora de alquilar un piso todo el mundo le pedía contrato, y que estaba esperando que la ONG que les apoyaría por unos meses más para pagar la fianza y el primer mes.

Finalmente, una vez acabada la segunda fase de acogida, las personas refugiadas quedan desamparadas, aun cuando siguen siendo solicitantes de protección internacional. Tampoco para las que la han obtenido existen ayudas específicas para su integración en el país.

Recursos desaprovechados

El laberinto al que se enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo se ve acrecentado por el hecho de que no existe una verdadera coordinación en el sistema de acogida en los niveles nacional, autonómico y regional, de manera que no se están utilizando de forma eficiente todos los recursos actualmente existentes, y que se han puesto a disposición de la administración central. La organización tiene en marcha un manifiesto en el que ya han firmado más de 50.000 personas y 900 organizaciones para recordar a las autoridades españolas que la gente quiere mostrar su solidaridad y exigir #YoAcojo.

Todo este apoyo social debe tener una respuesta por parte de las autoridades. Por un lado, el gobierno debe incrementar las cifras de acogida, agilizar el sistema de asilo y aprovechar los recursos que las Comunidades autónomas y entidades locales están ofreciendo. Por otro lado, las nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias que sean elegidas tras los comicios de junio deben evaluar y reformar en profundidad el sistema de asilo y acogida para que sea acorde con los estándares internacionales.