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Las ejecuciones llevadas a cabo tan sólo unas semanas antes de anunciar una “moratoria temporal” de la pena de muerte suscitan serias dudas

Teodoro Obiang Mbasogo N'Guema, presidente de Guinea Ecuatorial. © APGraphicsBank

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la ejecución, a finales de enero de 2014, de al menos cuatro y posiblemente nueve condenados a muerte en Guinea Ecuatorial. Es posible que el Estado haya ejecutado a todos los presos condenados a muerte. Dos semanas después, el gobierno anunció una moratoria del uso de la pena capital en lo que parece ser un intento de conseguir la admisión en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

El hecho de anunciar una moratoria de la pena de muerte y “pasos hacia la abolición” tan sólo una quincena después de llevar a cabo ejecuciones suscita serias dudas sobre los motivos del gobierno. Amnistía Internacional insta al gobierno de Guinea Ecuatorial demostrar su compromiso para con los derechos humanos universales aboliendo la pena de muerte.

 

Ejecuciones

El 31 de enero de 2014, al menos cuatro personas fueron ejecutadas en Guinea Ecuatorial, en lo que constituyen las primeras ejecuciones judiciales de las que se ha tenido noticia desde 2010. Tadeo Mitogo Alo, Mariano Nguema Ela y Abraham Ndong, todos ellos de Guinea Ecuatorial, fueron ejecutados por fusilamiento junto con Amadou Tamboura, de Malí, en Evinayong, en la región central de Guinea Ecuatorial. Todos ellos habían sido condenados por asesinato entre 2003 y 2013. Según fuentes locales, las condenas de muerte habían sido impuestas por tribunales ordinarios y confirmadas en apelación.

Según la información recibida, unos políticos nacionales de oposición han dicho que a los cuatro condenados no se les notificó su ejecución inminente hasta 30 minutos antes de llevarla a cabo. Otras fuentes afirman que ni a las familias ni a los abogados de los condenados se les informó antes de llevar a cabo las ejecuciones, lo cual constituye una violación de las normas internacionales.

Además, es posible que el día anterior, 30 de enero, cuatro condenados a muerte fueran ejecutados en secreto justo a las afueras de la capital, Malabo, y otro más en Mbini, en la costa oeste, con lo que la posible cifra de ejecutados ascendería a nueve. Según fuentes locales, los cadáveres no fueron devueltos a sus familias, sino enterrados por soldados.

No está claro si en el país aún queda algún condenado a muerte. Guinea Ecuatorial debe hacer que su uso de la pena de muerte sea transparente, y debe desvelar públicamente el número total y las circunstancias de las ejecuciones llevadas a cabo, así como el número personas que permanecen condenadas a muerte en el país.

 

“Moratoria temporal”

El viceprimer ministro encargado de Derechos Humanos, Alfonso Nsue Mokuy, anunció el 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el presidente Teodoro Obiang Nguema había firmado el 13 de febrero de 2014 una “resolución” en la que establecía una “moratoria temporal a la aplicación de la pena de muerte”.

Esa resolución pide expresamente que los tribunales impongan penas de prisión, en lugar de la pena de muerte, pero debe ser ratificada por el Parlamento o en un referéndum nacional. No se trata, no obstante, de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el país, sino que únicamente suspende de manera temporal su aplicación. En el informe nacional presentado con antelación al examen periódico universal al que Guinea Ecuatorial se someterá ante el Consejo de Derechos Humanos en mayo de este año, el gobierno ya había anunciado su intención de adoptar una moratoria.

El 19 de marzo, según se ha informado, la presidenta del Senado de Guinea Ecuatorial, María Teresa Efua Asangono, dijo que la moratoria significaba la suspensión indefinida de las ejecuciones. Asimismo, declaró que el gobierno estaba trabajando para eliminar la pena de muerte de la Constitución.

El artículo 13 de la Constitución permite la imposición de la pena de muerte, pero no la requiere. Esto sugiere que la abolición de la pena de muerte en la legislación ordinaria sería ya posible sin necesidad de modificar la Constitución.

Otra manera de formalizar en la ley la “moratoria temporal” sería ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte, que prohíbe ejecutar a ninguna persona sometida a la jurisdicción del Estado Parte y requiere a los Estados Partes que adopten “todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”.

 

El ingreso de Guinea Ecuatorial en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa

En una sesión especial celebrada en Maputo, Mozambique, el 20 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP) manifestó su satisfacción por el anuncio de la adopción de una moratoria de la pena de muerte, que permitiría a Guinea Ecuatorial avanzar en su admisión como miembro de la Comunidad. El Consejo acordó recomendar el ingreso de Guinea Ecuatorial como miembro pleno de la CPLP en la próxima Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Dili, Timor Oriental, en julio de 2014.

Guinea Ecuatorial lleva desde 2006 siendo “observador asociado” de la CPLP. Los ocho miembros que componen actualmente la Comunidad –Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental– han abolido legalmente la pena de muerte para los delitos ordinarios como el asesinato.

 

Información complementaria

Guinea Ecuatorial lleva desde 1979 bajo el gobierno del presidente Teodoro Obiang. El país mantiene la pena de muerte, preceptiva para el asesinato con premeditación, a menos que existan circunstancias atenuantes. Las últimas ejecuciones judiciales de las que se ha tenido noticia se llevaron a cabo en 2010, y las anteriores a esas en 2007, cuando tres hombres condenados por asesinato en tres casos diferentes en 2006 fueron ejecutados después de que el Tribunal Supremo rechazara sus apelaciones.

La pena de muerte se ha aplicado a opositores políticos condenados en juicios injustos, normalmente celebrados ante tribunales militares, por delitos contra el Estado. El 21 de agosto de 2010, cuatro opositores políticos fueron condenados a muerte ante un tribunal militar por tratar de matar al presidente Obiang, así como por traición y terrorismo. Fueron ejecutados en secreto una hora después, privándolos de su derecho a apelar ante un tribunal superior y de su derecho a pedir el indulto, establecidos tanto el derecho internacional como la legislación del propio país. También se les negó el derecho a ver a su familia.

El segundo examen periódico universal de Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá lugar el 5 de mayo de 2014. Durante su primer examen periódico universal, en diciembre de 2009, Guinea Ecuatorial rechazó las recomendaciones de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida.

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