Las autoridades siguen sin proteger a las personas migrantes

El gobierno mexicano ha incumplido su promesa de proteger a las personas migrantes frente a los abusos generalizados contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, con motivo del Día Internacional del Migrante.  Tan sólo en el último año, la organización ha documentado numerosos casos de personas migrantes centroamericanas que, al atravesar México, han sido secuestradas, torturadas, violadas y hechas desaparecer por bandas delictivas, a menudo con la complicidad de funcionarios públicos. Los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes también han sufrido ataques sin precedentes. “Pese a la promesa de cambio del gobierno mexicano, los abusos sistemáticos contra las personas migrantes continúan imparables, sin que las leyes u otras medidas oficiales tengan apenas impacto”, ha manifestado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.  “La prevención y el castigo de estos delitos sigue siendo una rara excepción.” En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó de que 11.000 migrantes habían sido secuestrados en los seis meses anteriores.  En abril se descubrieron nuevas fosas comunes en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, en el norte del país. Se cree que los 193 cadáveres sin identificar (se han identificado menos de 30) pertenecen a migrantes mexicanos y centroamericanos secuestrados cuando se dirigían a Estados Unidos. En el estado de México se encontraron los cadáveres de tres migrantes en el espacio de tres meses, a tan sólo unos metros del albergue para migrantes de San Juan Diego, en Lechería.  Los responsables de los abusos rara vez rinden cuentas de sus actos, y muchos casos de migrantes secuestrados o asesinados no se investigan adecuadamente.  A lo largo de 2011, los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes han sufrido agresiones, amenazas de muerte e intimidaciones como represalia por sus esfuerzos por ayudar a estas personas. Fray Tomás, que dirige el albergue para migrantes “La 72”, en Tenosique, estado de Tabasco, ha recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono, y también insultos de policías del estado y miembros del ejército.  En agosto de 2010, tras la matanza de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas, el gobierno mexicano presentó su estrategia para combatir los abusos contra las personas migrantes. Un año después, no había indicios de progreso.  Durante la comparecencia de México ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes, en abril de 2011, quedó claro que el gobierno carecía de un plan de acción concreto para abordar la crisis de derechos de las personas migrantes en el país.  Este año se aprobó una nueva ley de migración que debería brindar una mayor protección a los derechos de las personas migrantes, pero la legislación propuesta para aplicarla no ha sido consultada con la sociedad civil, ni tampoco promulgada. Mientras tanto, aunque se han tomado algunas medidas para purgar a los funcionarios corruptos del Instituto Nacional de Migración (INM), las denuncias de abusos continúan. “Durante los últimos dos años, hemos pedido a las autoridades federales de México que emprendan la elaboración y aplicación de un plan de acción para proteger a las personas migrantes y poner fin a los abusos. Ya es hora de que conviertan sus promesas en acción”, ha manifestado Rupert Knox.