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Las autoridades no deben legalizar las "desapariciones" ni la "justicia de dos vías"

Oficial de policía, Beijing, China 1 de diciembre de 2011 © Shawn Clover

Una importante revisión del Código de Procedimiento Penal de China podría legalizar, mediante una peligrosa ampliación del poder de la policía, las “desapariciones” de personas consideradas “subversivas” por las autoridades. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

En un memorando a la Asamblea Nacional Popular china, que está examinando múltiples cambios en el código, Amnistía Internacional ha pedido que se rechace una reforma propuesta –al artículo 73– que convertiría en legal la práctica policial cada vez más frecuente de someter a desaparición forzada a las personas a las que las autoridades estatales consideren políticamente “subversivas”.

“Esta ampliación del poder policial legalizaría en la práctica la detención secreta y la desaparición”, ha manifestado Catherine Baber, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

A lo largo del año pasado, las autoridades chinas reaccionaron a los llamamientos pacíficos de una “Revolución del Jazmín”, inspirada en los sucesos de Oriente Medio y el Norte de África, deteniendo arbitrariamente a decenas de activistas. A algunos los recluyeron en régimen de incomunicación, y a muchos los golpearon y los torturaron.

Amnistía Internacional elogia algunas de las reformas legales propuestas, como la mejora de las salvaguardias jurídicas para los menores y los enfermos mentales, y la exclusión de pruebas obtenidas indebidamente tanto en procedimientos penales como en procedimientos de apelación contra condenas de muerte.

La organización de derechos humanos ha instado también a que se incluyan en las reformas el “derecho a guardar silencio”, el derecho a la “presunción de inocencia” y salvaguardias específicas para impedir que se abuse de métodos de “vigilancia técnica”, como las escuchas telefónicas, durante las investigaciones criminales.

En China se viene usando desde hace tiempo el cargo de “amenaza a la seguridad nacional” para silenciar a quienes critican al gobierno. La revisión propuesta privaría de derechos fundamentales –incluidos el derecho a que se notifique la detención a la familia o el derecho a un abogado– a los sospechosos de este delito, de delitos de “terrorismo” o de otros “delitos graves”.

“China corre peligro de crear un sistema de justicia penal de dos vías, en el que las personas sospechosas de delitos vagamente definidos, como ‘amenazas a la seguridad nacional’, se vean privadas de salvaguardias jurídicas básicas”, ha manifestado Catherine Baber.

“Esto supondría un menoscabo fundamental del compromiso largamente manifestado por China de proteger el Estado de derecho, así como de las afirmaciones oficiales de que esta revisión tiene como finalidad ‘garantizar la libertad de la población’ y ‘proteger los derechos humanos’.”