Taiwán no debe sucumbir a la presión de la opinión pública y volver a la pena de muerte, ha dicho Amnistía Internacional. La organización ha pedido que se suspenda de inmediato la aplicación de este castigo como primer paso hacia su abolición.
La opinión pública está presionando al gobierno para que se lleven a cabo ejecuciones tras el asesinato de un niño de 10 años en la ciudad de Tainan el 1 de diciembre de 2012.
El presunto aseino al parecer ha dicho que no temía ser ejecutado, porque el gobierno taiwanés se ha comprometido a dejar de usar la pena de muerte.
El 6 de diciembre, tras varias manifestaciones masivas pidiendo la ejecución del presunto autor del asesinato, el Ministerio de Justicia afirmó que “debe haber ejecuciones”, pero que aún no se había fijado ningún calendario.
“La declaración del Ministerio de Justicia es lamentable y sumamente decepcionante, ya que el gobierno se había comprometido a dejar de utilizar la pena de muerte”, ha declarado Roseann Rife, jefa del Equipo de Asia Oriental de Amnistía Internacional.
En Taiwán no ha habido ejecuciones este año. En 2011 fueron ejecutadas cinco personas, y hay 61 personas en espera de ejecución.
El gobierno ha accedido a aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha reafirmado reiteradamente su intención de abolir en un futuro la pena de muerte.
“Un hecho aislado, por muy terrible que sea, no puede justificar el regreso a la aplicación de la pena de muerte. Volver ahora a las ejecuciones supondría un gran paso atrás del gobierno de Taiwán”, ha afirmado Rife.
Taiwán no tiene ningún procedimiento que permita a las personas condenadas a muerte solicitar el indulto o la conmutación de la pena, un derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya aplicación ha aprobado el Parlamento taiwanés. A los familiares del reo no se les informa previamente de la fecha de su ejecución, que sólo conocen cuando les avisan de que pueden ir a recoger el cadáver del depósito.
Además, la imposición de la pena capital en Taiwán se ha caracterizado por graves preocupaciones respecto a las garantías procesales.
En abril, el Tribunal Superior de Taiwán revocó las sentencias condenatorias de tres hombres condenados a muerte por el asesinato de una pareja 21 años antes, al concluir que se habían basado en confesiones no fiables.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
