Las autoridades deben tomar de inmediato medidas consecuentes con el fallo de los jueces lores

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el fallo dictado hoy, 16 de diciembre de 2004, por el grupo de jueces lores (jueces del Tribunal Supremo británico) que debían pronunciarse sobre la legislación  adoptada por el Reino Unido a raíz de los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. De acuerdo con este fallo, dicha legislación viola los derechos humanos de las personas detenidas en virtud de lo dispuesto en ella. El asunto dirimido hoy trata de las atribuciones del ministro del Interior del Reino Unido para declarar (y, por tanto, detener indefinidamente sin cargos ni juicio) a ciudadanos extranjeros a los que no se pueda deportar “presuntos terroristas internacionales” y “riesgo para la seguridad nacional”. Los jueces lores han declarado que tales atribuciones son discriminatorias y desproporcionadas, por lo que resultan incompatibles con las normas de derechos humanos. En aplicación de esta legislación, 12 personas continúan privadas de libertad (11 en instituciones estatales y una bajo arresto domiciliario). La mayoría de ellas llevan tres años detenidas. El fallo de los jueces lores no supone que vayan a ser puestas en libertad de inmediato. “El gobierno británico debe tomar medias urgentes para revocar esta legislación, dado que los jueces lores han declarado que esta parte de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA) del Reino Unido, promulgada en 2001, es incompatible con las normas de derechos humanos”, ha manifestado Amnistía Internacional. "Es preciso poner de inmediato en libertad a todos los detenidos si no están acusados de ningún delito común reconocible.” El Reino Unido es el único país que ha dejado de aplicar plenamente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En concreto ha anulado su artículo 5.1, así como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los jueces lores han ordenado que se revoque la anulación. Uno de ellos, lord Bingham, presidente del Tribunal, ha hecho hincapié en los efectos discriminatorios de la legislación, señalando: Las medidas discriminan de manera injustificada a los ciudadanos extranjeros en razón de su nacionalidad o su condición de inmigrantes y no son estrictamente necesarias, ya que prevén la detención de algunas personas, pero no de todas las que representan el mismo riesgo. Lord Hoffmann ha afirmado que no hay ninguna emergencia que amenace la seguridad de la nación, por lo que “no hay motivos válidos para abolir o suspender el derecho a no ser encarcelado sin juicio, derecho del que todos los habitantes de este país llevan más de tres siglos disfrutando". Amnistía Internacional observa que los jueces lores no han llegado a ninguna conclusión sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas con tortura en los procedimientos de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración. "Seguimos instando a las autoridades británicas a que respeten estrictamente la prohibición internacional de la tortura, que es extensiva al uso de 'pruebas' obtenidas con tortura u otros malos tratos en todo procedimiento, incluidos los de naturaleza judicial, excepto si se utilizan contra la persona acusada de la tortura. Tal prohibición debe aplicarse cualquiera que sea el lugar donde la tortura o los malos tratos se hayan cometido y quienquiera que sea su autor", ha manifestado Amnistía Internacional. Información complementaria Los nueve jueces lores han determinado que la sección 23 de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad del Reino Unido, que hace posible la detención indefinida sin cargos ni juicio de ciudadanos extranjeros, viola los derechos humanos de los detenidos, porque sus disposiciones son desproporcionadas  y discriminatorias. A las personas detenidas en aplicación de esta legislación se las ha recluido en régimen extremadamente restrictivo en prisiones de alta seguridad y en un hospital psiquiátrico de alta seguridad (una de ellas está bajo arresto domiciliario). La preocupación existente en torno a su salud mental y física se agudizó cuando, el 13 de octubre de  2004, se dio a conocer un informe de 11 especialistas en psiquiatría y un especialista en psicología clínica  que habían examinado los graves daños sufridos por ocho de los detenidos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno británico que deje de aplicar esta legislación, que es discriminatoria e incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.