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Las autoridades deben terminar con el secretismo que rodea a las ejecuciones de afganos

Londres.- Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a que revelen
cuántos ciudadanos afganos están en espera de ejecución. Ha habido
informes de que 45 afganos pueden haber sido ejecutados en Irán en las
últimas semanas.

 

Se cree que en las cárceles iraníes hay más de 4.000 afganos. De ellos,
hasta 3.000 podrían estar condenados a muerte, la mayoría por delitos
relacionados con drogas.

 

Según informa la prensa afgana, el parlamentario afgano Gul Ahmad afirmó
el 12 de abril que se habían devuelto a Afganistán los cuerpos de 45
personas ejecutadas en Irán en los días anteriores.

Las autoridades iraníes niegan estas cifras de ejecuciones y se niegan a
confirmar cuántos afganos corren peligro de ser ejecutados.

 

“Estas cifras son realmente preocupantes”, ha declarado Hassiba Hadj
Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y
el Norte de África. “Irán debe poner fin inmediatamente a estas
ejecuciones y revelar a cuántos ciudadanos afganos ha ejecutado.

 

“También pedimos a las autoridades iraníes que aclaren exactamente
cuántos ciudadanos afganos hay en las cárceles del país. Por el momento,
nadie sabe con certeza cuántos afganos hay encarcelados, por qué delitos
han sido condenados ni cuál es la suerte que les espera. Este secretismo
sólo puede aumentar el peligro de que se cometan errores judiciales”.

 

“Nos preocupa particularmente el hecho de que tantos de los afganos que
están en las cárceles iraníes hayan sido condenados por delitos
relacionados con drogas y por tanto puedan ser condenados a muerte”.

Se calcula que en Irán viven un millón de refugiados afganos que han
huido de Afganistán durante más de tres décadas de conflicto. En los
últimos años, cientos de miles de afganos más han entrado en el país
como migrantes irregulares.

 

La preocupación por los afganos creció en marzo tras la visita de un
grupo de parlamentarios afganos a Irán, uno de los países con mayor
índice de ejecuciones del mundo.

Tras dicha visita, el parlamentario afgano Taj Mohammed Mojahed declaró
que funcionarios del Tribunal Supremo habían dicho a los miembros de la
delegación que en las cárceles iraníes había 5.630 afganos, más de 3.000
de ellos condenados a muerte.

 

Una autoridad penitenciaria iraní confirmó más tarde que hay más de
4.000 afganos en las cárceles iraníes y admitió que era posible que la
cifra de 3.000 afganos condenados a muerte fuese exacta, ya que la
mayoría de los presos estaban condenados por delitos relacionados con
drogas.

 

Las leyes iraníes castigan con la muerte el tráfico de diversas drogas
ilegales cuando éstas superan determinada cantidad. Amnistía
Internacional reconoce que Irán se enfrenta a graves problemas sociales,
económicos y de seguridad relacionados con el tráfico de drogas, pero
considera que basar de esta manera la lucha contra el narcotráfico en el
uso de la pena de muerte resulta ineficaz y es una equivocación, además
de una afrenta a los derechos humanos.

 

“Por desgracia, estas cifras sólo muestran hasta qué punto las
autoridades iraníes recurren equivocadamente a la pena de muerte.
Nuestra preocupación se agrava debido a las graves deficiencias del
sistema de justicia penal iraní y a la discriminación que sufren los
afganos en Irán”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

 

Información complementaria

 

Expertos en derechos humanos de la ONU han concluido que los delitos
relacionados con drogas no cumplen la condición de ser “los crímenes más
graves”, que permite imponer la pena de muerte. Además, la ONU ha
instado reiteradamente a sus Estados miembros a que sean transparentes
en lo referente a la aplicación de la pena capital.

 

Amnistía Internacional lleva décadas documentando las deficiencias en la
administración de justicia de Irán y su habitual incumplimiento de las
garantías procesales. Con frecuencia los detenidos permanecen en régimen
de incomunicación durante largos periodos, lo cual aumenta el peligro de
que sean torturados y víctimas de otros malos tratos. Además, a menudo
se les niega el acceso a un abogado y son obligados a “confesar” bajo
coacción.