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Las autoridades deben poner en libertad a menores encarcelados

Las autoridades de Malí siguen deteniendo menores. © JOEL SAGET/AFP/Getty Images

Las autoridades de Malí deben excarcelar inmediatamente a cinco menores recluidos en un centro de detención militar desde hace más de siete meses, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de su Programa de Derechos Humanos para Malí en la capital de este país.

Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general, Salil Shetty, se entrevistó con los cinco menores, de entre 15 y 17 años, en el centro de detención militar de Bamako.

Uno de ellos es un niño soldado que se incorporó al Movimiento por la Unicidad y la Yihad (MUJAO); los otros cuatro fueron detenidos por su presunta relación con grupos armados.


“Nos horrorizó ver a estos jóvenes traumatizados detenidos en condiciones precarias junto con adultos —afirmó Salil Shetty—. Esto es una clara violación de las leyes nacionales e internacionales y deben ser excarcelados de inmediato.”


“Los menores deben ser privados de libertad, si es que deben serlo, sólo en contadas ocasiones. En todas las acciones relativas a menores de edad, la consideración principal ha de ser el interés superior de éstos.”

Un joven (de 16 años) fue detenido en Kidal por las fuerzas de seguridad malienses hace más de dos meses, cuando salía de una tienda y estalló una granada en la carretera. Los agentes de seguridad lo acusaron de arrojar la granada y le dieron una paliza, le vendaron los ojos, le ataron de pies y manos, y le quemaron los brazos con un cigarrillo.

Otro menor (de 15 años) se incorporó al MUJAO por la pobreza extrema en que vivía tras enterarse de que pagaban a los soldados. Se marchó al cabo de unos meses sin haber recibido ninguna paga y las fuerzas de seguridad malienses lo detuvieron en su pueblo natal de Kadji (cerca de Gao). Los soldados malienses lo ataron, le golpearon en la espalda y le vendaron los ojos.

“Las autoridades malienses nos aseguraron que no detenían a niños soldados, pero es evidente que no es así —explicó Salil Shetty—. En julio de 2013 el gobierno firmó un protocolo con la ONU para la excarcelación, traslado y protección de los menores relacionados con grupos armados, y debe respetarlo.”

El Programa por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional que se ha presentado hoy pide que se hagan investigaciones exhaustivas e independientes sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos dos años por todas las partes del conflicto.

Desde que comenzó la crisis, Amnistía Internacional ha documentado 14 homicidios ilegítimos a manos de grupos armados en el norte del país y otras terribles violaciones de derechos humanos. Entre ellas figuran la lapidación de una pareja por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio en julio de 2012, y la amputación de la mano y el pie derechos de seis personas, realizada ante una multitud en Gao en septiembre de 2012. Los miembros amputados fueron exhibidos después en la comisaría de policía.

El informe documenta también la ejecución extrajudicial de al menos 40 civiles acusados de proximidad con grupos armados. El equipo de investigación de Amnistía Internacional habló con un hombre que vio a unos soldados arrojando cadáveres a un pozo en Sevaré en enero de 2013. El hedor procedente del pozo era enorme.

El fiscal de Sevaré dijo que había ordenado una investigación sobre estos homicidios, pero Amnistía Internacional no ha recibido hasta la fecha ninguna información sobre sus resultados.

La delegación de Amnistía Internacional se reunió con las familias de más de 20 soldados que desaparecieron tras ser secuestrados del campamento militar de Kati en mayo de 2012. Los soldados apoyaban presuntamente un contragolpe de Estado contra el general Amadou Haya Sanogo, que encabezó el golpe de Estado de marzo de 2012. Las familias de las víctimas celebraban la detención del general Sanogo, que fue detenido y acusado de asesinato, magnicidio y secuestro el 27 de noviembre de 2013.

Sagara Binto Maiga, presidenta de la asociación de esposas y familiares de los boinas rojas (soldados) desaparecidos, dijo: “Desde que nuestros hijos y maridos desaparecieron no hemos sabido nada de ellos. Queremos saber dónde están, qué les ha ocurrido y si están vivos o no.”

Añadió: “Conseguimos por fin tener una reunión con el Ministerio de Defensa esta semana. Le dijimos que desfilaríamos desnudas si no nos decía lo que les había pasado a nuestros seres queridos. Les dimos de plazo la llegada de la delegación de Amnistía Internacional. Él nos dijo que fuéramos pacientes y que estaban haciendo lo que podían. Justo al día siguiente detuvieron y procesaron a Sanogo.”

“Amnistía Internacional ve con beneplácito los esfuerzos que está haciendo el gobierno para restaurar la justicia y el Estado de derecho —afirmó Salil Shetty—. Instamos al gobierno a que garantice sistemáticamente que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos se investigan de forma exhaustiva y transparente con arreglo al derecho internacional.”

Amnistía Internacional ha documentado asimismo casos de violación y abusos sexuales contra mujeres y niñas cometidos por grupos armados como el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (NMLA).

Una joven de 16 años dijo al equipo de investigación de Amnistía Internacional que los miembros de un grupo armado que la habían capturado en su ciudad natal de Gao la habían violado varias veces durante dos días. La organización ha exigido una investigación sobre las denuncias de abusos sexuales, que se enjuicie a los perpetradores y que se establezcan programas de ayuda para proporcionar atención médica y psicológica a las víctimas.

“La población maliense está profundamente traumatizada por los sucesos de los dos últimos años —añadió Salil Shetty—. Garantizar que todos los responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia es clave para lograr una paz duradera en Malí. Es la única forma de ayudar a que el país vuelva esta dolorosa página de su historia.”

La Corte Penal Internacional anunció en enero de 2013 la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos el año pasado en el conflicto. Amnistía Internacional expresa su satisfacción ante esta decisión, pero pide a la fiscalía de la Corte que estudie todo el alcance de los presuntos delitos cometidos en el país, incluidos los perpetrados por las fuerzas de seguridad malienses.