Ginebra.- 24 organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos han pedido a las autoridades iraníes que no ejecuten a cuatro jóvenes condenados a muerte, que dejen de imponer la pena capital a personas que tenían menos de 18 años en el momento de la comisión del delito y que respeten la obligación que les incumbe en virtud del derecho internacional de aplicar la prohibición absoluta de dictar la pena de muerte en estos casos.
El 10 de junio de 2008, Irán ejecutó a Mohammad Hassanzadeh, joven kurdo iraní de 16 años, por un delito cometido cuando tenía 14. Otros cuatro jóvenes corren peligro de ser ejecutados entre el 11 y el 25 de julio. Las organizaciones han instado al presidente de la judicatura de Irán a suspender de inmediato estas cuatro ejecuciones.
La ejecución de Behnoud Shojaee y Mohammad Feda’i está prevista para el 11 de julio. Ambos iban a ser ejecutados el 11 de junio 2008, pero a última hora se les concedieron sendos aplazamientos de un mes con el fin de que tuvieran más tiempo para lograr el indulto de las familias de sus víctimas.
Al menos otros dos jóvenes menores de edad en el momento del delito, Salah Taseb y Sa’eed Jazee, corren peligro de ser ejecutados en los próximos días. Según el grupo Activistas de Derechos Humanos en Irán, Salah Taseb, procedente de Sanandaj, condenado por un asesinato cometido cuando tenía 15 años, ha sido recientemente trasladado de la prisión juvenil a la prisión principal de Sanandaj al cumplir los 18 años. Es posible que sea ejecutado antes de que termine el mes de tir del calendario iraní, el 23 de julio de 2008, aunque el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, afirmó el 1 de julio de 2008 que la condena está sujeta a la presentación de un recurso. Según informes, la ejecución del otro joven, Sa’eed Jazee, prevista para el 25 de junio, fue aplazada un mes. Había sido declarado culpable del asesinato de un hombre de 22 años, ocurrido cuando él tenía 17. Se tiene noticia de que en Irán casi 140 personas que eran menores de edad en el momento del delito están en espera de ejecución, pero la verdadera cifra podría ser incluso mayor. Por ejemplo, los activistas no tuvieron conocimiento del caso de Mohammad Hassanzadeh hasta que fue ejecutado.
En una conferencia de prensa celebrada el 17 de junio de 2008 ante varios medios de comunicación iraníes, el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, negó que Mohammad Hassanzadeh tuviera menos de 18 años en el momento de la ejecución. En respuesta, Mohammad Mostafa’i, abogado que ha defendido a muchos jóvenes menores de edad en el momento del delito y condenados a muerte, escribió el 25 de junio de 2008 (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) que se había desplazado a Sanandaj tras las declaraciones de Alireza Jamshidi y allí había visto los documentos de identidad de Mohammad Hassanzadeh. Mohammad Mostafa’i afirmó que los documentos demostraban que, en realidad, Mohammad Hassanzadeh sólo tenía 16 años, 11 meses y 20 días cuando lo ejecutaron.
El uso de la pena de muerte contra personas que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años constituye una grave violación del derecho internacional consuetudinario, con independencia de la edad que tengan en el momento de la ejecución. Las organizaciones declararon que les preocupaba que la insistencia de las autoridades iraníes en que Mohammad Hassanzadeh era mayor de edad cuando lo ejecutaron podría ser el preludio de represalias contra defensores y defensoras iraníes de los derechos humanos que han criticado públicamente esta y otras ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento del delito, pues se podrían presentar contra ellos cargos vagamente formulados como “actividades contra la seguridad del Estado” o “propaganda contra el sistema”.
Defensores y defensoras iraníes que han denunciado anteriormente estas violaciones de derechos humanos han sufrido represalias. Por ejemplo, en 2007, un tribunal declaró culpable a Emadeddin Baghi, destacado activista iraní contra la pena de muerte, de “actividades contra la seguridad nacional” y “propaganda en favor de opositores al régimen” por criticar condenas a muerte impuestas en juicios injustos contra personas adultas. Esa sentencia fue anulada en apelación, pero Emadeddin Baghi sigue cumpliendo otra condena relacionada con su trabajo de derechos humanos. Mohammad Sadiq Kabudvand, defensor kurdo iraní de derechos humanos, cumple una condena de 11 por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán” y por “hacer propaganda contra el sistema”.
Las autoridades iraníes deben respetar el derecho a la libertad de expresión, incluida la defensa de los derechos humanos, tal como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
Algunas autoridades iraníes han intentado justificar el homicidio de jóvenes menores de edad en el momento del delito utilizando el término "retribución”, en lugar de “ejecución”. Según el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, “la legislación [iraní] no prevé la ejecución (‘edam) de personas menores de 18 años; lo que estipulan las leyes relativas a los jóvenes de entre 15 y 18 años es la cuestión de la retribución (qesas)”. En el derecho islámico, la “retribución” por asesinato es la pena de muerte. Los familiares de una víctima de asesinato pueden indultar a la persona condenada o aceptar una indemnización en lugar de la ejecución, pero no tienen la obligación de hacerlo. La actual legislación iraní permite imponer la pena de muerte –en concepto de “retribución” por asesinato y por otros delitos– a niñas de incluso nueve años lunares y a niños a partir de 15. Un niño o niña menor de estas edades también puede recibir una condena a muerte si el juez considera que ha alcanzado la pubertad.
La distinción entre “ejecución” y “retribución” es irrelevante. Una persona es ejecutada cuando el Estado pone fin a su vida con arreglo a una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, como es el caso de las condenas de "retribución" emitidas por los tribunales iraníes. Mediante estas declaraciones confusas, las autoridades iraníes tratan de maquillar el hecho de que Irán está infringiendo del derecho internacional cada vez que ejecuta a una persona que era menor de edad en el momento del delito, con independencia de que la persona haya cumplido o no los 18 años cuando es ejecutada. Es imperativo que las autoridades detengan de inmediato estas ejecuciones y modifiquen la legislación para garantizar que el Estado no acaba con la vida de ninguna persona por ningún delito –ni siquiera por asesinato– cometido cuando era menor de edad.
Irán es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (sin reservas) y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben la ejecución de personas que tengan menos de 18 en el momento de la comisión del delito. Al ratificar la Convención, Irán emitió una reserva extremadamente amplia: “no aplicar cualquier disposición o artículo que no sea compatible con el derecho islámico”. El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la aplicación de la Convención, expresó en 2000 su preocupación ante el hecho de que “el carácter amplio e impreciso de la reserva general formulada por el Estado Parte [Irán] puede ser contraria a la aplicación de muchas disposiciones de la Convención e inspira preocupación en cuanto a su compatibilidad con el objeto y propósito de la Convención”. Los 24 grupos de derechos humanos han pedido a Irán que retire su reserva a la Convención, que, en opinión de éstos, no puede en ningún caso invocarse como autoridad jurídica para legitimar la ejecución de personas menores de edad en el momento de la comisión del delito.
En 2007, sólo otros dos países (Arabia Saudí y Yemen) ejecutaron a jóvenes menores de edad, pero las cifras son minúsculas en comparación con el número las ejecuciones de menores llevadas a cabo en Irán, al menos siete en ese mismo año. En lo que va de 2008, Irán ha ejecutado por ahorcamiento a dos personas que eran menores de edad en el momento del delito, uno de ellos Mohammad Hassanzadeh, que sólo tenía 16 años cuando lo ejecutaron.
Los 24 grupos han declarado que Irán debe conmutar inmediatamente todas las condenas a muerte impuestas a jóvenes menores de edad en el momento del delito y poner fin a todas las ejecuciones de esta índole.
