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Las autoridades deben apoyar, no reprimir, a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres

Las autoridades iraníes deben dejar de hostigar a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres y adoptar medidas urgentes para desmantelar las leyes discriminatorias cuyo cambio propugnan estos defensores, ha declarado Amnistía Internacional en un informe que ha dado a conocer hoy (28 de febrero de 2008). "En lugar de utilizar sus poderes para reprimir e intimidar a quienes protestan y reclaman sus derechos, el gobierno de Irán debería abordar la histórica discriminación legal y en otras esferas que afecta a la mujer, que representa la mitad de la población del país –declaró Malcolm Smart, director del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional–. Las autoridades deben poner en libertad a los defensores y defensoras de los derechos de la mujer que están encarcelados y dejar de detener y hostigar a quienes ejercen pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión”. El nuevo informe de Amnistía Internacional se publica cuando Ronak Safarzadeh y Hana Abdi –dos  activistas iraníes kurdas– siguen detenidas sin cargos ni juicio y sin poder acceder siquiera a un abogado. Ambas fueron detenidas en octubre y noviembre del 2007 por ejercer pacíficamente sus derechos. La organización ha hecho públicos también datos de 12 activistas de los derechos de la mujer, 11 mujeres y un hombre, que están actualmente detenidos o afrontan la persecución debido a sus esfuerzos pacíficos para propugnar el cambio legislativo. Según el informe Irán: Defensoras y defensores de los derechos de las mujeres desafían la represión, los defensores y defensoras de derechos humanos que impulsan la campaña para poner fin a la discriminación legalizada de la mujer son con frecuencia objeto de detención y reclusión; se les niega el acceso a sus abogados, a su familia y al debido proceso, y en ocasiones sufren malos tratos con impunidad a manos de funcionarios de seguridad. Algunos han sido enjuiciados por cargos poco precisos, acusados de amenazar la seguridad nacional o pública, aparentemente como una forma de intimidación y para disuadirlos de continuar su campaña para proteger y promover los derechos de la mujer en Irán. Otros han sido detenidos sin más, sin ningún cargo formal, durante largos periodos en los que permanecieron en régimen de aislamiento y se les negó el acceso al mundo exterior, muchas veces en aplicación de una disposición legal que permite a los jueces imponer periodos de detención renovables indefinidamente. El acoso y la intimidación de las autoridades contra los activistas de los derechos de la mujer se han hecho más patentes y agudos desde que se presentó la Campaña por la Igualdad, el 27 de agosto de 2006, que tiene por objetivo reunir un millón de firmas de iraníes en una petición que reclama el fin de la discriminación legal de la mujer. Decenas de activistas y simpatizantes han sido detenidos en relación con sus actividades en la Campaña por la Igualdad, algunos de ellos mientras recogían firmas para la petición. En enero del 2008, las autoridades habían bloqueado el sitio web de la campaña al menos siete veces. Se ha denegado con frecuencia la autorización pública para celebrar reuniones, y los activistas de la campaña suelen realizar sus talleres en los domicilios de simpatizantes, algunos de los cuales han recibido amenazas telefónicas, aparentemente de funcionarios de seguridad, o han sido citados por éstos para ser interrogados. La policía irrumpió en al menos uno de estos talleres y detuvo a todas las personas presentes, golpeando a algunas de ellas. Amnistía Internacional pide un cambio en la legislación discriminatoria que, entre otras cosas, excluye a las mujeres de los cargos más importantes de la administración del Estado y su nombramiento como juezas; les niega la igualdad de derechos respecto de los hombres en materia de matrimonio, divorcio, custodia de los hijos y herencia, y determina que sus testimonios ante un tribunal tienen únicamente la mitad del valor del testimonio de un varón. El informe pide al gobierno, al Parlamento iraní (el Majles) y a las autoridades judiciales que ejercen una influencia significativa en la posición de la mujer, que cumplan las obligaciones internacionales contraídas por Irán de hacer respetar los derechos de las mujeres y pongan fin a la discriminación legal y en otros ámbitos. “Las autoridades deben acoger y fomentar las reclamaciones de las mujeres iraníes que piden la igualdad en la sociedad y que se ponga fin a la legislación discriminatoria que afecta a sus vidas –afirmó Malcolm Smart–. El gobierno debe ver la labor de los activistas por los derechos de la mujer y de los defensores y defensoras de los derechos humanos como algo muy valioso, y reconocer la importante contribución que hacen estos y estas activistas y defensores para abordar la discriminación y la intolerancia y promover los derechos humanos universales para todos los iraníes.” 

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