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La voluntad política es clave para alcanzar cambios en derechos humanos en la República Dominicana

Policías de la Unidad de Prevención patrullando en Santo Domingo, marzo de 2011. © AI

El nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Policía que el Presidente de la República Dominicana presentó al Congreso es un avance importante pero todavía se requiere más trabajo para que la Policía Nacional sea una institución que respete los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional al finalizar una visita de investigación en el país.

Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional mantuvo reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil sobre la necesidad de una reforma integral de la policía, que incluye una reforma de ley orgánica de la policía, el Plan Nacional de Seguridad y el nombramiento del Defensor del Pueblo.

Entre los aspectos positivos del nuevo proyecto de ley, la organización destacó el establecimiento de normas del uso de la fuerza y de las armas de fuego en línea con estándares internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de control y de rendición de cuentas de la policía.

El proyecto de ley, sin embargo, no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, por las violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.

“La única forma de garantizar que la reforma de la policía sea efectiva y duradera es asegurando que existe la voluntad política para llevar a cabo todos los cambios necesarios en el corto, medio y largo plazo con una participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre la República Dominicana de Amnistía Internacional.

“La primera prueba de esta voluntad será la organización de audiencias públicas en el Congreso para que la sociedad civil pueda asegurarse que los avances que tiene este proyecto de ley sean mantenidos y que los aspectos problemáticos sean modificados”.


La delegación de Amnistía Internacional dijo, además, que era preocupante que el Plan Nacional de Seguridad se esté elaborando sin consultar a las organizaciones locales de derechos humanos.

Los representantes de la organización también opinaron sobre el nombramiento del Defensor del Pueblo el último 15 de Mayo, afirmando que lamentaban que las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección hayan causado cuestionamientos sobre la credibilidad de la nueva institución. Además, tomaron nota de que existe un recurso al respecto ante el Tribunal Constitucional.

“La nueva oficina del Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de ganarse la confianza de la población, ejerciendo su papel de promoción y protección de los derechos humanos en conformidad con la ley y la constitución,” dijo Liguori.