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La tortura vincula al gobierno egipcio con un pasado brutal

Transcurridos dos años desde la revolución, la policía y otras fuerzas de seguridad siguen cometiendo abusos impunemente. © Omar Robert Hamilton
El 11 de febrero de 2011 sigue arraigado en la conciencia del mundo como el día en el que los egipcios de a pie, armados de coraje, determinación y esperanza de un futuro mejor, derrocaron un estado policial represivo.
Dos años más tarde, la frustración aumenta por el lento ritmo de las reformas y por los abusos cometidos por la policía y otras fuerzas de seguridad, que continúan actuando con impunidad.

La brutalidad policial fue uno de los principales desencadenantes de la “Revolución del 25 de Enero”.

En 2010, la policía mató a golpes a Khaled Said. Este hecho desencadenó protestas generalizadas y, a raíz de éstas, se creó el grupo de Facebook “We are all Khaled Said” (Todos somos Khaled Said), que jugó un papel decisivo al conseguir apoyo para las manifestaciones del 25 de enero de 2011.

Es obvio que el gobierno egipcio actual ha aprendido poco de la caída de su antecesor. A pesar de las pruebas abrumadoras, hace la vista gorda ante las continuas denuncias de tortura, e insiste en que son “actos aislados”.
Las estremecedoras imágenes de Hamada Saber, en las que la policía antidisturbios lo desnuda y lo agrede brutalmente en las calles de El Cairo el 1 de febrero, representan la prueba de la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad egipcias. Hamada Saber cambió su testimonio en numerosas ocasiones y, al principio, culpaba a los manifestantes, por lo que cabe preguntarse si estaba sometido a presiones del Ministerio del Interior. Este incidente recuerda las viejas tácticas de brutalidad, denegación e intento de encubrimiento por parte del  gobierno.

Hamada Saber no es la única víctima. Amnistía Internacional ha reunido testimonios de manifestantes y transeúntes que han sido víctimas de arrestos arbitrarios, detenciones y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas.

Un manifestante y activista político de 17 años contó a Amnistía Internacional que, aproximadamente a las 16.30 del 30 de enero, dos hombres vestidos de civil lo detuvieron en la calle Talaat Harb, en los alrededores del lugar de las protestas, y lo entregaron a la policía antidisturbios.

Su testimonio es el siguiente: “De repente estaba rodeado por unos 30 agentes de la policía antidisturbios que me golpeaban con las porras por toda la cara y el cuerpo, además de la espalda, los hombros y los brazos. Me tiraron al suelo y siguieron pisándome y arrastrándome por el suelo, todo esto mientras me daban patadas y me golpeaban con las porras… Cuando terminaron conmigo, tenía el ojo izquierdo hinchado y la espalda totalmente ensangrentada”.

Posteriormente se le trasladó con otros nueve detenidos al campo de Tora, de las Fuerzas de Seguridad Central, donde sufrieron más humillaciones y palizas.

Este activista contó a Amnistía Internacional que obligaron a los detenidos a desvestirse hasta quedarse en ropa interior y permanecer expuestos al frío durante más de 45 minutos, mientras que la policía antidisturbios seguía golpeándolos dirigiendo los porrazos a las heridas que habían sufrido durante el arresto previo.

Fue presentado ante la fiscalía transcurridos cinco días, es decir, que se produjo un retraso que viola la ley egipcia y las normas internacionales. Durante todo el período que estuvo encarcelado, se le denegó el contacto con los familiares, el acceso a un abogado y el tratamiento médico necesario. “Tenía esperanzas de que las cosas hubieran cambiado con el nuevo presidente, pero todo sigue igual. Pretendíamos libertad y dignidad; y, en vez de eso, me han golpeado y humillado los de Interior [expresión empleada para denominar a los miembros del Ministerio del Interior, entre ellos la policía y los antidisturbios], exactamente igual que antes de la Revolución”, señala.

Durante los episodios recientes de agitación, se ha arrestado a un gran número de manifestantes y otras personas sospechosas de participar en disturbios y actos violentos. El 29 de enero, el fiscal instó a las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía a que detuvieran a los miembros de Black Bloc (Bloque Negro), una organización que define como un "grupo organizado que participa en actos terroristas y (comete) delitos que afectan a la seguridad nacional". Este colectivo, cuyos miembros visten de negro y llevan la cara cubierta, apareció en los lugares de las manifestaciones hace varias semanas y, al parecer, fomenta las tácticas violentas como respuesta a la violencia del Estado.

A tenor de este llamamiento, cualquier persona que vista de negro en los alrededores de las protestas corre el riesgo de ser víctima de persecución y arresto por parte de las fuerzas de seguridad y de denuncias de “ciudadanos comprometidos”.

Las personas arrestadas a menudo quedaban retenidas en lugares de detención no oficiales, entre los que figuran los campos de la policía antidisturbios. A los detenidos se les negaba el contacto con el mundo exterior, se les golpeaba y se les presentaba ante la fiscalía varios días más tarde de lo que estipula la ley.

Muchas de las personas arrestadas eran menores, que recibían los mismos malos tratos que cualquier adulto.

Algunas quedaron en libertad sin cargos, mientras que otras siguen detenidas o se les ha puesto en libertad bajo fianza acusadas de provocar disturbios, daños a la propiedad pública y agresiones a agentes en servicio.

Mohamed, un muchacho de dieciséis años que fue capturado por agentes de la policía antidisturbios en las proximidades de la plaza de Tahrir a las 20.30 del 28 de enero, describió a Amnistía Internacional lo ocurrido: “Unos tres agentes de la policía antidisturbios comenzaron a golpearme por todo el cuerpo con las porras. Me quitaron el cinturón y también me golpearon con él.

Me caí al suelo mientras me seguían golpeando, y me pisaron la espalda. Luego me metieron en un vehículo blindado. Fui el primero en entrar allí, pero cada cierto tiempo traían a otra persona… Toda la gente que metían en el vehículo parecía haber recibido golpes. Una persona tenía un ojo hinchado; otra no se podía mover ni ponerse de pie, y tenía muy mal aspecto…

Al final, éramos aproximadamente 25 personas, y entre ellas había menores… Unos siete policías antidisturbios entraron y comenzaron a golpearnos indiscriminadamente con porras y cinturones… Permanecimos en el vehículo toda la noche y, en algún momento, [la policía antidisturbios] pulverizó gas lacrimógeno en el interior del vehículo. Una persona perdió el conocimiento, y ni siquiera nos dieron agua... A la mañana siguiente, nos llevaron al campo de Salam de la policía antidisturbios... Vi al fiscal por primera vez el sábado por la noche [5 días después del arresto]”.

La madre de Mohamed nos describió la búsqueda desesperada de su hijo en hospitales, depósitos de cadáveres, comisarías de policía y oficinas de la fiscalía: “No sólo torturan a nuestros hijos e hijas, también nos torturan a nosotros. Si Mohamed hizo algo malo, que lo castiguen de acuerdo con la ley. Pero que no nos lo oculten, no le impidan llamarnos, ni nos hagan sufrir. No sabía si estaba vivo o muerto”.

Mohamed al Gendy, miembro del partido Corriente Popular —la coalición de izquierdas formada por el anterior candidato a la presidencia, Hamdeen Sabahi—, también desapareció durante las protestas. Familiares y amistades de Mohamed lo buscaron desesperadamente. La última vez que hablaron con él fue a las 23.30 del 27 de enero. Lo encontraron en coma en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hilal Ahmar el 31 de enero. Su muerte se confirmó oficialmente el 4 de febrero.

Un amigo que vio el cuerpo contó a Amnistía Internacional que tenía signos de tortura como, por ejemplo, contusiones en espalda y cuello. Señaló que los dedos de manos y pies de Mohamed estaban hinchados, que tenía las uñas sueltas y que había sufrido una herida en la cabeza de varios centímetros de profundidad.

En un documento oficial al que tuvo acceso Amnistía Internacional se afirma que Mohamed al Gendy sufrió varias heridas en la cabeza y una hemorragia cerebral.

Sara, la hermana de Mohamed, afirmó que el personal de administración del hospital había asegurado que lo ingresaron en el hospital tras haber sufrido un accidente de tráfico en los alrededores de la plaza de Tahrir el 28 de enero.
Las personas que conocían a Mohamed al Gendy sospechan que murió a causa de tortura. Sus sospechas se basan en información no oficial que han obtenido en relación con la supuesta detención de Mohamed en el campo Gabal Ahmar de la policía antidisturbios el 30 de enero. Ese día, cuatro amigos fueron al campo para preguntar por su paradero. Les enseñaron un registro de las 67 personas que estaban detenidas allí. Mohamed no aparecía en la lista. Ellos contaron a Amnistía Internacional que, cuando ya se iban, le mostraron la foto de Mohamed a un grupo de detenidos que habían sido puestos en libertad, y uno de ellos, al parecer, reconoció a Mohamed y confirmó que lo tenían retenido en Gabal Ahmar, que tenía las gafas rotas y que había sufrido una herida en la cabeza.

Las sospechas de los familiares de Mohamed al Gendy aumentaron a raíz del testimonio de otro amigo, que fue tres veces al hospital Hilal Ahmar entre los días 28 y 30 de enero para preguntar por el paradero de Mohamed. En recepción le dijeron que ese paciente no estaba ingresado en el hospital.

Colegas de Mohamed al Gendy lograron obtener dos registros oficiales del hospital —los cuales ha examinado Amnistía Internacional— en los que figuran dos fechas de ingreso diferentes [el 27 de enero a las 2:30 y el 28 de enero a las 3:58], por lo que aumentan aún más las sospechas de un posible encubrimiento.

La oficina del fiscal de Qasr El Nil ha abierto una investigación sobre la muerte de Mohamed al Gendy. Un testigo interrogado por la fiscalía, también declaró públicamente haber visto a Mohamed al Gendy en el campo de Gabal Ahmar.
Es fundamental que las autoridades egipcias aseguren que la investigación sobre la sospechosa muerte de Mohamed al Gendy es exhaustiva, imparcial e independiente y que incluye la recogida de testimonios de todas las personas que estuvieron detenidas en el campo de Gabal Ahmar de la policía antidisturbios entre el 27 y el 31 de enero.

Los organismos oficiales sospechosos de implicación en la muerte de Mohamed al Gendy, a saber el Ministerio del Interior, no deben tener acceso a información confidencial ni deben participar en el proceso de recopilación de pruebas. Todos los testigos del caso han de recibir protección frente a la coacción y la intimidación.

La muerte de Mohamed al Gendy ha provocado protestas furiosas en su ciudad natal de Tanta, escenario de constantes disturbios desde la conmemoración de la “Revolución del 25 de enero”.

Las fuerzas de seguridad no sólo no han aprendido nada del pasado ni han recibido castigo alguno, sino que vuelven a responder con el uso excesivo de la fuerza y mediante el arresto y agresiones a manifestantes, entre ellos menores.

Si no se reforma el sector de la seguridad, no se apartan a las personas sospechosas de matar y torturar a manifestantes y no se lleva a los infractores ante la justicia, la tortura y los malos tratos se seguirán produciendo.

La impunidad de la brutalidad policial fue el sello distintivo del gobierno de Mubarak.
Dos años más tarde, el presidente Mohamed Morsi debe tomar medidas decisivas para asegurar que su gobierno no tiene el mismo historial.

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