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La terrible situación de los derechos humanos persiste dos años después de las controvertidas elecciones

Acto de solidaridad con los presos de conciencia en Irán, celebrado en Madrid el 12 de junio de 2011. Copyright: Joaquín Moreno

Londres.- Dos años después de las controvertidas elecciones del 12 de junio de 2009 que mantuvieron en el poder al presidente MahmudAhmadineyad, la situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo terrible.

 

Las fuerzas de seguridad siguen utilizando la violencia contra los manifestantes pacíficos, y han practicado miles de detenciones. Muchos detenidos han sido sometidos a torturas u otros malos tratos, y cientos han sido condenados a penas de prisión, y en algunos casos a muerte, tras juicios flagrantemente injustos. Las condiciones penitenciarias son duras.

 

Mir Hossein Musavi y Mehdi Karrubi, dirigentes de la oposición que se presentaron contra el presidente Ahmadineyad en las elecciones de junio de 2009, permanecen desde hace más de 100 días bajo arresto domiciliario junto con sus esposas –Zahra Rahnavard y Fatemeh Karrubi– sin orden judicial alguna.

 

Algunas de las personas que han tratado de sacar a la luz las violaciones de derechos humanos y el clima de impunidad imperante –como Mehdi Mahmoudian, que recopiló información sobre torturas a detenidos– han sido encarceladas, mientras que los abogados que defienden a quienes se encuentran en el punto de mira del gobierno se han convertido a su vez en víctimas de abusos por el ejercicio legítimo de su profesión.

 

Mientras tanto, ha habido un aumento del uso de la pena de muerte y las ejecuciones, que algunos interpretan como parte de un intento del gobierno por impedir las expresiones de disidencia popular tras las protestas que, este mismo año, han derrocado a los gobiernos de Túnez y Egipto. Las violaciones de derechos humanos continúan en un clima de prácticamente total impunidad en el que los responsables de abusos casi nunca rinden cuentas de sus actos.

 

A lo largo del último año, Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña intensamente en favor de las personas encarceladas por motivos políticos desde las elecciones de 2009, teniendo en cuenta las palabras que pronunció el periodista Maziar Bahari al ser liberado: “la peor pesadilla de un preso es ser olvidado”.

 

Amnistía Internacional está decidida a que esta pesadilla nunca se haga realidad. No obstante, pese a la campaña que se centró en siete presos particulares, como casos ilustrativos de muchos otros, estos siete presos continúan recluidos, salvo una que se encuentra en libertad condicional, y no ha habido mejoras significativas en su situación.

 

Es más, algunos de ellos han sido condenados a penas adicionales de prisión tras juicios injustos en los que se han enfrentado a cargos vagamente formulados derivados de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión mientras estaban encarcelados.  

 

Desde las elecciones de junio de 2009, las normas sobre la administración de justicia se han hundido a profundidades desconocidas, con una sucesión de juicios flagrantemente injustos, y el poder judicial iraní ha puesto en práctica nuevas medidas que limitan aún más el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

 

Altos cargos de la judicatura han rechazado abiertamente las críticas tanto de los órganos de derechos humanos de la ONU como de otros gobiernos y ONG de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno de Irán que ponga fin a su persecución de los derechos de las mujeres y otros activistas de derechos humanos, los sindicalistas, los estudiantes y otras personas, y que cumpla las obligaciones que ha contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, entre las cuales se encuentra poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas.

 

La organización pide asimismo la libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, y que todos los demás detenidos sean liberados sin demora a menos que sean declarados culpables de cargos penales reconocibles en juicios justos y sin recurso a la pena de muerte. Todos los detenidos deben tener acceso inmediato y periódico a abogados de su elección, a contactos con sus familiares y al tratamiento médico que necesiten, y deben estar protegidos frente a la tortura u otros malos tratos. 

 

Toda persona que sea responsable de tortura u otras violaciones graves de derechos humanos debe comparecer ante la justicia. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con su decisión de establecer un relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en Irán, dejó clara su preocupación por la situación, grave y en deterioro, de los derechos humanos en este país.

 

El papel de este relator especial será vigilar las condiciones de los derechos humanos en Irán e informar periódicamente al Consejo de Derechos Humanos al respecto. Queda por ver si las autoridades iraníes, incluido el poder judicial, permiten que el relator especial visite Irán y cooperan con él: Amnistía Internacional las insta a hacerlo.

 

Información complementaria

Desde el 19 de junio hasta diciembre de 2009, la respuesta a las manifestaciones masivas, en su mayoría pacíficas, fue una reacción implacable de las fuerzas de inteligencia y de seguridad y del poder judicial, después de que el líder supremo pareciera autorizar a las fuerzas de seguridad a utilizar la fuerza que consideraran necesaria para aplastar las protestas.  

 

En los núcleos urbanos se desplegaron policías antidisturbios y miembros del Basij, que mataron a decenas de personas e hirieron a cientos más. Entre los fallecidos se encontraba Neda Agha Soltan, una joven cuya muerte el 20 de junio de 2009 se convirtió en un símbolo de la opresión. Dos años después, nadie ha rendido cuentas de su homicidio.  Para enero de 2010, las autoridades habían reconocido más de 6.000 detenciones, aunque la cifra real probablemente era mucho más alta. 

 

Muchos de los detenidos fueron sometidos a tortura u otros malos tratos, y hubo denuncias creíbles de violación tanto a hombres como a mujeres.Al menos cuatro hombres murieron bajo custodia en el centro de detención de Kahrizak, entre ellos el hijo de un asesor de uno de los candidatos derrotados, por lo que el líder supremo ordenó el cierre de la prisión. Posteriormente, varios funcionarios de baja graduación de la prisión fueron juzgados y condenados.

 

Los informes de que dos de ellos iban a ser condenados a muerte fueron desmentidos más tarde, pero no está claro qué fue de quienes, según los informes, fueron declarados culpables en relación con los abusos cometidos contra detenidos recluidos en aquel centro. No se ha emprendido ninguna acción contra los cargos más altos a los que una investigación parlamentaria implicó en los abusos.Los “juicios espectáculo” colectivos celebrados en agosto de 2009 y enero de 2010 constituyeron una parodia de la justicia, y violaron tanto el derecho iraní como el derecho internacional de los derechos humanos en todos los niveles.

 

Desde entonces, cientos de personas más han sido condenadas también a penas de prisión –y algunas incluso a muerte– tras juicios injustos. Al menos cuatro personas han sido ejecutadas en relación con los disturbios posteriores a las elecciones; las autoridades ahorcaron a Ja’far Kazemi y Mohammad Ali Haj Aghaei en enero de 2011 tras acusarlos de haber “orquestado las manifestaciones”. 

 

.Los presos políticos condenados permanecen a menudo recluidos en condiciones espantosas y de severo hacinamiento y, según los informes, corren peligro de ser víctimas de actos de violencia, incluida la violación a manos de otros reclusos. El tratamiento médico que necesitan a menudo se les niega o se les retrasa; al parecer, estas prácticas han acelerado la muerte de algunos de ellos.  

 

Desde las controvertidas elecciones, las autoridades iraníes han hecho un uso cada vez mayor de la pena de muerte, y ha habido un brusco aumento de las ejecuciones, en su mayoría de personas condenadas por delitos de drogas.

 

A continuación resumimos la situación actual de las siete personas cuyos casos se trataron en el año de duración de la campaña de Amnistía Internacional:

 

* Ziaoddin (Zia) Nabavi (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/041/2010/en), estudiante expulsado de la universidad, cumple una pena de 10 años de prisión, reducida en apelación respecto a los 15 años originales, tras ser declarado culpable del cargo vagamente formulado de “enemistad contra Dios”. En septiembre de 2010 fue “exiliado” a la prisión de Karoun, en Ahvaz, en el suroeste de Irán.  Tras publicarse en mayo de 2011 sus protestas por las condiciones extremadamente malas de la prisión, fue trasladado a otro centro penitenciario en la provincia de Juzestán.

 

* Abolfazl Abedini Nasr, (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/039/2010/en periodista y activista de derechos humanos, fue condenado en abril de 2011 a un año adicional de prisión por “propaganda contra el sistema”, con lo que su condena total asciende a 12 años.  Ya cumplía una condena de 11 años de prisión que era la suma de 5 años por “contactos con Estados enemigos”, otros 5 años por “pertenencia a una organización ilegal” –por su relación con la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán–, y un año por “propaganda contra el sistema”, por hablar con medios de comunicación extranjeros.

 

* Hengameh Shahidi, (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/040/2010/en), periodista y activista política, sigue cumpliendo su pena de seis años en la Prisión de Evin, en Teherán.  Fue puesta en libertad temporalmente para recibir tratamiento médico en noviembre de 2010, pero tuvo que regresar a la prisión antes de completar su tratamiento.

 

* Majid Tavakkoli (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/044/2010/en), destacado dirigente estudiantil, fue condenado el 30 de abril de 2011 a otros seis meses de prisión por “propaganda contra el sistema”, en relación con una declaración que escribió desde la prisión junto con otro detenido en diciembre de 2010, con ocasión de la celebración del Día del Estudiante en Irán. En la actualidad cumple un total de nueve años de cárcel en la Prisión de Raja’i Shahr, en Karaj, al oeste de Teherán. Ha emprendido una huelga de hambre al menos en dos ocasiones, una de ellas en el momento de redactar estas líneas.

 

* Ahmad Zeidabadi, (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/042/2010/en), periodista y portavoz de la Asociación de Graduados, que ha promovido la reforma y un mayor respeto por los derechos humanos. Sigue cumpliendo una pena de seis años de cárcel en la prisión de Reja’i Shahr, y se enfrenta a que le prohíban seguir escribiendo. En mayo de 2011 le otorgaron el premio UNESCO / Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2011, como reconocimiento a su destacada contribución, pese al coste personal que le ha supuesto, a la libertad de prensa en Irán.

 

* Shiva Nazar Ahari (véase: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/049/2010/en), periodista, bloguera y miembro del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, quedó en libertad bajo fianza el 13 de septiembre de 2010. Había sido condenada a 74 azotes y seis años de prisión, pero la pena se conmutó por una multa y cuatro años de prisión, algunos de los cuales debe cumplirlos en el exilio.  En el momento de redactar estas líneas, permanecía en libertad en espera de que la citaran para empezar a cumplir su condena.