Las afirmaciones del sector de armamento respecto a que las armas incapacitantes Taser son seguras y no son letales no soportan un examen minucioso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 16 de diciembre, mientras pedía a los gobiernos que suspendan el uso de estas armas o lo limiten a situaciones que pongan en peligro la vida.
Este llamamiento se ha producido al tiempo que la organización presenta uno de los informes más detallados elaborados hasta la fecha sobre la seguridad de estas armas incapacitantes. Según expone el informe, titulado USA: Less than lethal?, el número de personas muertas tras recibir una descarga de arma Taser en Estados Unidos entre 2001 y agosto de 2008 asciende a 334.
“Las Taser no son las armas ‘no letales’ que se quieren retratar”, ha manifestado Angela Wright, investigadora de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos y autora del informe. “Pueden matar, y sólo deben utilizarse como último recurso.”
“El problema de las Taser es que se prestan de forma inherente a cometer abusos, ya que son fáciles de llevar y fáciles de utilizar, y pueden infligir un fuerte dolor con sólo pulsar un botón y sin dejar señales importantes”, ha manifestado Angela Wright.
El estudio de Amnistía Internacional –que incluye información sobre 98 autopsias– concluyó que el 90 por ciento de las personas muertas tras recibir la descarga de una Taser estaban desarmadas, y muchas no parecían constituir una amenaza seria.
Muchas fueron sometidas a descargas repetidas o prolongadas –muy superiores al ciclo “estándar” de cinco segundos–, o fueron aplicadas por más de un agente al mismo tiempo. Hubo incluso personas a las que se les aplicaron descargas por no cumplir una orden policial tras haber quedado incapacitadas por una primera descarga.
En al menos seis de los casos de muerte, las Taser se utilizaron contra personas que sufrían enfermedades que cursaban con ataques: entre ellas, un médico que se había estrellado con su auto al sufrir un ataque epiléptico. Este médico murió tras recibir repetidas descargas en el arcén de la autopista cuando, confuso y aturdido, no cumplió las órdenes de los agentes.
La policía también ha utilizado Taser contra escolares, mujeres embarazadas e incluso una persona anciana que sufría demencia.
En marzo de 2008, una niña de 11 años con trastornos de aprendizaje recibió descargas de una Taser cuando propinó a un policía un puñetazo en la cara. El policía había acudido a la escuela en el condado de Orange, Florida, cuando la niña mostró un comportamiento alterado, empujando pupitres y sillas y escupiendo al personal.
Los estudios existentes –muchos de ellos financiados por el propio sector de armamento– han concluido que el peligro de estas armas es generalmente bajo en adultos sanos. Sin embargo, estos estudios tienen un alcance limitado y han señalado la necesidad de conocer más a fondo los efectos de estos dispositivos en personas vulnerables, como las que se encuentran bajo los efectos de drogas estimulantes o las que tienen problemas de salud. Estudios recientes realizados con animales han concluido que el uso de este tipo de armas de electrochoque pueden causar arritmias mortales en cerdos, lo que suscita dudas adicionales sobre su uso en humanos.
Además, recientemente se ha informado de que casi el diez por ciento de las 41 Taser probadas en un estudio encargado por la Canadian Broadcasting Corportation aplicaban una corriente considerablemente mayor que la que el fabricante indicaba como posible, lo que subraya la necesidad de una verificación y unas pruebas independientes de estos dispositivos.
Aunque la mayoría de las 334 muertes producidas en todo el país se han atribuido a factores como consumo de drogas, los forenses han concluido que las descargas de las Taser fueron causa o factor contribuyente de al menos 50 de estas muertes.
“Nos preocupa enormemente que se hayan distribuido armas Taser para uso general antes de que se hayan realizado pruebas rigurosas e independientes de sus efectos”, ha manifestado Angela Wright.
‘Less than lethal?’ Taser es el nombre comercial de los Dispositivos de Energía Conducida más habitualmente utilizados por los cuerpos del orden estadounidenses, aunque también hay otros productos en el mercado. Funcionan transmitiendo una descarga eléctrica de alto voltaje y baja corriente, concebida para alterar el sistema nervioso central y provocar contracciones musculares incontroladas, incapacitando así al sujeto que la recibe.
Tras examinar 98 informes de autopsia y otros materiales, Amnistía Internacional concluyó que:
- muchas víctimas habían sido sometidas a descargas múltiples o prolongadas, a menudo muy superiores al ciclo estándar de cinco segundos, pese a que desde hace tiempo se viene advirtiendo de los peligros potenciales para la salud de dicho uso;
- en la mayoría de los casos, las personas muertas, según los informes, habían entrado en parada cardiorrespiratoria en el lugar de los hechos, poco después de recibir la descarga;
- en algunos casos no había ningún indicio de que las personas muertas hubieran consumido drogas o tuvieran algún problema de salud subyacente, y esas personas sufrieron un colapso poco después de recibir la descarga, lo que suscita preocupación adicional sobre la función del Dispositivo de Energía Conducida;
- en muchos casos se aplicaron métodos adicionales de inmovilización, incluidos métodos de los que se sabe que dificultan la respiración o restringen el flujo sanguíneo al cerebro, creando un riesgo de muerte por asfixia;
- la mayoría de los departamentos permiten el uso de Dispositivos de Energía Conducida en un nivel de amenaza muy inferior al necesario para que un agente haga uso de fuerza letal; algunos departamentos incluso lo sitúan en el nivel de fuerza “manual” o justo por encima de las “órdenes verbales”.
Los fabricantes de Dispositivos de Energía Conducida y los cuerpos de los utilizan afirman que son más seguros que muchas armas convencionales para controlar a personas peligrosas o agresivas, y que estos dispositivos han salvado vidas al evitar que los agentes recurran a la fuerza letal.
Más de 30 personas murieron justo después de recibir descargas en prisiones –donde estos dispositivos también se utilizan habitualmente–, o en la zona de recepción de las comisarías.
La mayoría de las muertes se produjeron en California y Florida: 54 y 51, respectivamente. Phoenix (Arizona) y Las Vegas (Nevada) son las ciudades con mayor número de muertes, con cinco muertes registradas entre 2001 y el 31 de agosto de 2008.
En 37 de los 98 informes de autopsia más las dos transcripciones de investigaciones judiciales examinadas por Amnistía Internacional, los forenses citaron el uso de Dispositivos de Energía Conducida como causa o factor contribuyente de la muerte. Según los informes, los forenses llegaron a conclusiones similares en al menos otros 13 casos de los que Amnistía Internacional no tenía informe de autopsia.
Información complementaria En lo que concierne a España, aunque su uso no es generalizado y según las informaciones recogidas no parece existir una demanda significativa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de control y regulación sobre este tipo de armas, en un contexto donde varias fuerzas de seguridad a nivel local las han adquirido, incorporándolas como dotación entre sus agentes. Además, el Gobierno español desconoce el alcance de la utilización de este tipo de armas y no ha tomado ningún tipo de medida para asegurar su control. La organización ha venido alertando desde hace varios años sobre las preocupaciones de derechos humanos que suscitan este tipo de armas. Aplicar y reforzar las medidas de regulación y control sobre este tipo de armas es la obligación estatal más elemental que se desprende de la obligación de prevenir la tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos.
Ya en 2007, Amnistía Internacional denunciaba el descontrol en el uso de este tipo de armas por parte de fuerzas de seguridad en el Informe “Voltios sin control”. El documento ponía de relieve como al menos policías locales de Cataluña, Valencia y Canarias disponían de estas armas que son susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos contra los derechos humanos.
La muerte de una persona bajo custodia en agosto de 2005 en un cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar tras ser reducido con medidas reglamentarias y no reglamentarias, entre las que se incluyen descargas provocadas con una defensa eléctrica, es un claro ejemplo del peligro de estas armas además de poner de manifiesto la tenencia ilícita de las mismas. El "caso Roquetas" y los casos documentados por Amnistía Internacional sobre muertes en Estados Unidos, ponen de manifiesto las dudas existentes sobre los efectos médicos de las pistolas tipo Taser y otros dispositivos paralizantes de electrochoque, así como la tendencia a utilizar de manera abusiva este tipo de armas.
Para más información, pueden consultar:
- Voltios sin control: Uso de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas por las fuerzas de seguridad en España, septiembre 2007.
