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La Secretaría de Gobernación debe asumir su deber de garantizar seguridad y derechos humanos

La policía municipal detuvo al padre Solalinde Father Solalinde en la ciudad de Ixtepec, Estado de Oaxaca, México, el 10 de enero de 2007. © Martha Izquierdo

El pasado 3 de enero de 2013 la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) dejó de existir, siendo asumidas sus competencias por la Secretaría de Gobernación, incluyendo la dirección de la Policía Federal.

Durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, la SSPF adoptó un rol protagonista en la estrategia de combate al crimen organizado, estrategia que ha dejado alrededor de 60,000 personas asesinadas y miles de personas desaparecidas.

El uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad durante este periodo.

Amnistía Internacional considera fundamental que en el marco de las actuales restructuraciones se realice una autentica transformación en el sistema de seguridad pública y que no solo termine en cambios meramente cosméticos. Las autoridades mexicanas deben asegurar que las nuevas estructuras de de seguridad pública serán capaces de cumplir con su deber de garantizar la seguridad, al tiempo de respetar los derechos humanos en la práctica. Para esto, no basta capacitación y equipamiento, es esencial también establecer mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y transparencia con base en las normas internacionales de derechos humanos.

Así mismo, es imprescindible que se investigue y procese a los funcionarios públicos implicados en las violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la posible participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional considera que conducir investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los miles de asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en los últimos años debe ser una prioridad, no solo para garantizar acceso a la justicia para las familias de las víctimas, sino también para determinar los casos en que hubo participación o connivencia de agentes del Estado. Sin verdad, justicia y transparencia no será posible restaurar la confianza de la sociedad mexicana en la procuración de justicia y las fuerzas de seguridad.