“Los políticos deben dejar de actuar para la galería y mostrar liderazgo en materia de seguridad pública. No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio especial, pero sí existen perturbadores ejemplos de que se usa con fines políticos. Los políticos deberían dedicarse a buscar soluciones eficaces para atajar la delincuencia”, ha declarado Audrey Gaughran, portavoz de Amnistía Internacional.
Para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un nuevo documento de Amnistía Internacional, titulado Not Making Us Safer, pone de relieve la ausencia de pruebas que respalden la afirmación de que la pena de muerte reduce los delitos graves.
Una minoría de países ha reanudado o prevé reanudar las ejecuciones, a menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces.
Desde agosto de 2012, se reanudaron las ejecuciones en Gambia, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Pakistán y, recientemente, en Vietnam. Recientes cambios legales en Papúa Nueva Guinea anuncian la preocupante posibilidad de que se puedan reanudar las ejecuciones también en este país.
A pesar de ello, los países que llevan a cabo ejecuciones siguen siendo una pequeña minoría, pues 140 países han abolido la pena capital en la ley o en la práctica.
No existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia:
- En India, el índice de asesinatos se ha reducido un 23 por ciento en los últimos diez años y no hubo ejecuciones entre 2004 y 2011.
- En Canadá, el índice de homicidios disminuyó en los años posteriores a la abolición de la pena de muerte en 1976.
- Un estudio reciente realizado en Trinidad y Tobago concluyó asimismo que no había ninguna correlación entre ejecuciones, encarcelamiento y delincuencia.
“La adopción de una postura política a favor de reanudar las ejecuciones distrae la atención de las soluciones a largo plazo que abordan efectivamente los problemas del sistema de justicia penal”, prosiguió Audrey Gaughran.
Se ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles de empleo son clave para reducir los índices de delincuencia.
Los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso. Sin embargo, las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública.
Cuando se tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte disminuye.
“Las víctimas de la delincuencia merecen justicia, pero la pena de muerte no es la respuesta —afirmó Audrey Gaughran—. Reanudar las ejecuciones para aparentar dureza frente a la delincuencia es someter la vida de las personas a las conveniencias políticas”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito; de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona; y del método empleado por el Estado para realizar la ejecución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.
