Imaginen esperar a que sus seres queridos vuelvan a casa un día cualquiera y que ese día acaba convirtiéndose en el resto de sus vidas. Imaginen esperarles sin saber dónde están o incluso sin saber si siguen vivos. Imaginen haber llamado a todas las puertas para intentar averiguar dónde pueden estar y no saber qué más pueden hacer. Ésa es la vida de muchos familiares de desaparecidos en todas las regiones del mundo. El domingo 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, es una fecha en la que recordar su lucha y exigir justicia. Cientos de miles de casos de desaparición forzada siguen sin resolverse y cada año se denuncian nuevos casos. Los gobiernos continúan utilizando las desapariciones forzadas para acallar la disidencia, para eliminar cualquier tipo de oposición política, para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos, y como arma de represión. El secreto en torno a la desaparición forzada fomenta este delito; la desaparición forzada está ideada para que las víctimas no tengan la protección de la ley y para ocultar la identidad de los responsables y el destino de las víctimas, muchas de las cuales son torturadas o asesinadas. Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 familias en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares. No hay datos exactos sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada durante los dos conflictos armados de Chechenia y la operación “antiterrorista” emprendida posteriormente. Las ONG calculan que, sólo durante el segundo conflicto armado, hubo entre 3.000 y 5.000 desapariciones forzadas. Pero todavía hoy continúan produciéndose. Desde 2008, el número de desapariciones forzadas y secuestros ha aumentado, las organizaciones hablan de un total de 58 secuestros en el primer cuatrimestre de 2009, frente a los 42 que se registraron a lo largo de 2008. En nombre de la guerra contra el terror, países como Pakistán registraron al menos 563 personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada. Una práctica que se aplicaba sólo a personas presuntamente implicadas en actos de terrorismo, más tarde se extendió a los adversarios internos del gobierno. Y después de décadas, siguen sin investigarse miles de casos de desapariciones. En México, hubo al menos 700 casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia” emprendida por el ejército y los cuerpos de seguridad interior entre las décadas de 1960 y 1980. No se han exigido responsabilidades, no se ha establecido el paradero de las víctimas, ni se ha obtenido reparación. En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.
Una nueva herramienta contra la desaparición forzada La comunidad internacional tiene una nueva herramienta para combatir esta plaga. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006, aunque aún no ha entrado en vigor, podría suponer un punto de inflexión. La Convención obliga a los Estados a garantizar que las desapariciones forzadas sean tipificadas en su legislación penal interna, a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad y a obtener reparaciones. Exige a los Estados que impidan las desapariciones forzadas instaurando firmes salvaguardias para aquellas personas privadas de su libertad, que busquen a las personas desaparecidas y, en caso de que hayan fallecido, localicen y restituyan sus restos. La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, o que los extraditen a otro Estado o los entreguen a una corte penal internacional. Sólo se necesitan siete ratificaciones más para que este tratado entre en vigor y conceda a aquellos que buscan a sus seres queridos un apoyo muy necesario. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que celebren el Día Internacional de los Desaparecidos de este año dando prioridad a la ratificación de este tratado y anunciando cuándo van a hacerlo. El sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya inauguración está programada para el 15 de septiembre de 2009 en Nueva York, y la jornada anual de firma y depósito de instrumentos de adhesión y ratificación brindarán a todos los gobiernos una oportunidad para ratificar o para hacer público su compromiso de ratificar la Convención. Desaparecidos en España Amnistía Internacional valora positivamente que el Gobierno español haya realizado todos los trámites necesarios para la ratificación a finales de septiembre de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, le pide coherencia en iniciativas legislativas como la actual reforma del Código Penal. El actual Anteproyecto de ley no contempla la desaparición forzada de personas como delito autónomo imprescriptible. Por eso, Amnistía Internacional recomienda que se incluya el delito de desaparición forzada de personas dentro del título de los “delitos contra la comunidad internacional” y se defina conforme a las exigencias del derecho internacional.
Sin justicia para los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo Ya tras la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de Memoria Histórica, Amnistía Internacional lamentó que dicho texto dejase al margen a víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como por ejemplo las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas durante la Guerra Civil y el franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de estos graves crímenes. Sin embargo, el Gobierno no facilita información sobre los desaparecidos, se limitan las vías de acceso a la justicia a los familiares y el Estado no asume su responsabilidad en materia de exhumaciones de acuerdo a la normativa internacional.
- Ausencia de información sobre desaparecidos. El Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas desde 2005 está pidiendo al Gobierno español información sobre tres casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Cuatro años después el Ejecutivo no ha facilitado ningún tipo de información al respecto.
- Limitaciones al acceso a la justicia. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación porque el debate sobre las competencias judiciales de los casos de desaparición forzada está consolidando un clima de impunidad. El 16 de octubre de 2008, la Audiencia Nacional iniciaba una causa sobre 114.266 casos de desapariciones forzadas y 30.960 menores separados ilegalmente de sus familias, muchos de los cuales podrían estar todavía vivos. El 16 de noviembre el juez se inhibía a favor de 43 Juzgados de Instrucción de las localidades donde están ubicadas las fosas identificadas. Hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional, sólo 3 de estos juzgados –Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaén)- han abierto nuevas diligencias y están investigando la causa como desaparición forzada, y por tanto como delito imprescriptible; mientras que 13 valoraron los casos como delito común y archivaron las causas argumentando la prescripción de los mismos, negando a los familiares de los desaparecidos el derecho a conocer su paradero y a acceder a mecanismos efectivos de reparación
- Exhumaciones que no cumplen las normas internacionales. Tal y como establece la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Presidencia propuso en noviembre de 2008 un Protocolo de actuación en exhumaciones que fue rechazado por las asociaciones de familiares de las víctimas, ya que no reúne los requisitos que exige el derecho internacional. Además, el 11 de marzo de 2009, el Senado rechazó una proposición de ley orientada a que el Gobierno asumiera las tareas de localización, exhumación e identificación de restos, evidenciando una vez más la falta de voluntad política por parte del Estado español de que se investiguen estas graves violaciones de derechos humanos y se garantice justicia y reparación a las víctimas.
Mustafá Setmariam, el español que lleva cuatro años desaparecido El Gobierno español tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles y exigir al Gobierno de Estados Unidos que aclare el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar, detenido en noviembre de 2005 por agentes paquistaníes, puesto posteriormente bajo custodia estadounidense y actualmente “desaparecido”. Setmariam es uno de los 39 desaparecidos por las autoridades norteamericanas en el marco de la “guerra contra el terror” cuyo paradero sigue siendo una incógnita, ya que el Gobierno de EEUU no ha revelado ninguna información sobre su situación en todo este tiempo. Con anterioridad a su “desaparición”, en noviembre de 2004, el nombre de Mustafá Setmariam aparecía en una lista de “terroristas más buscados” del FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Pero su nombre fue borrado de esa lista con posterioridad a su presunta detención en Pakistán. Un juez instructor de la Audiencia Nacional tiene decretada una orden de búsqueda y captura por su presunta vinculación con Al Qaeda. Se señaló que Mustafá Setmariam podría estar recluido en la base militar estadounidense de Diego García, isla británica en el Océano Índico. También se ha apuntado a Siria como lugar donde podría encontrarse detenido. Ninguna de estas informaciones ha podido ser confirmada por Amnistía Internacional.
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